No podemos permitir que se violen los principios fundamentales del derecho
Tamara Suju Roa
El principio de la presunción de la inocencia, no sólo está garantizado en nuestra Constitución Nacional, sino que es principio fundamental en convenios y tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de DDHH entre otros. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se le presuma su inocencia mientras se demuestra su culpabilidad.
En los países cuyas instituciones están fortalecidas por su imparcialidad y no politización, se defiende este principio y se garantizan los derechos humanos de quienes están siendo procesados por algún delito. En nuestro país, en el ejercicio de la persecución política que tiene montado el régimen desde hace 16 años, no sólo se acusa, encarcela y además se sentencia previamente a quienes no han cometido delito, sino que se crea un terrorismo de estado alrededor de algunos casos, que terminan por silenciar a quienes deben denunciar y defender las violaciones de derechos humanos de algunos venezolanos. La paralización por el miedo a ser acusado por inmiscuirse es una de las peores cosas que puede pasarle a una sociedad y esto le está pasando a los venezolanos.
Al confeso asesino de la señora Liana Hergueta, el “nuevo patriota cooperante”, lo han puesto bajo la figura de la prueba anticipada, a implicar a media oposición y a personas hasta ahora menos conocidas de supuestos delitos. Además lo graban y lo publican, violando las garantías procesales. Nadie sabe quien lo interroga y sus declaraciones no las realiza frente al juez de la causa, sino frente a una cámara de TV. Según me cuenta mi propio patriota cooperante, en el Sebin hay 16 personas detenidas, que fueron nombrados por éste tipo. Algunos están plenamente identificados, otros, nadie sabe quienes son.
De los que se conocen, puedo nombrar a Héctor Alejandro Zerpa, Andrea González, Dany Abreu, Betty Grossi y Andrea Gless. Según sus abogados, están incomunicados en el Helicoide. Todos fueron capturados sin orden de aprehensión, sin haber sido detenidos en flagrancia y al momento de entregar éste artículo, ya han pasado más de 10 días desde la detención de la mayoría, sin que los hayan presentado en Tribunales. Ni sus abogados ni sus familiares los han visto. El joven estudiante Zerpa, se presentó voluntariamente en el Sebin, luego de ser nombrado por el “nuevo patriota cooperante ”. Nadie que sea culpable, se presenta voluntariamente en la boca del lobo para que se lo coman.
Hay sobre estos detenidos, un gran silencio… un suspenso de terror…pocos son los que se atreven a por lo menos exigir que se respeten sus derechos humanos y se cumpla con el debido proceso…y pocos son los medios que lo publican. ¿Se dan cuenta de como la campaña de psicoterror que monta el gobierno nos hace olvidar quienes son, como actúan y de que son capaces? El mejor ejercicio que podemos hacer para ubicar el caso, es preguntarnos porque Pérez Venta, acusado de un terrible asesinato y además confeso, está en El Helicoide, sede de la policía política, y no en una cárcel común. ¿Será este un «beneficio» anticipado?
El 8 de septiembre del 2014, Lorent Saleh fue secuestrado por las autoridades colombianas y entregado a la policía política venezolana en la frontera. Un día después, era capturado Gabriel Vallés. Ambos fueron depositados en «La Tumba», ya conocida por mis lectores, y denunciada en su oportunidad por funcionar como un centro de torturas blancas, donde los muchachos estaban en completo aislamiento y en condiciones inhumanas. Su defensa denunció que el gobierno, a través de su agente la Fiscal Harrington, le ofreció beneficios a cambio de implicar a media oposición en actos de conspiración. A pesar de la respuesta contundente de Saleh y Vallés que no se dejaron intimidar ni doblegar, la tortura psicológica prosiguió por meses, y los «agentes buenos» utilizaron prácticas comunes de persuasión, como por ejemplo, decirles que la oposición los había dejado solos, que nadie abogaba por ellos aparte de sus familias y abogados -entre otras perlas- y que ellos, «los buenos» podían «ayudarlos» para mejorarles su caso y situación.
Yo quisiera, estimados lectores, creer que estas tácticas usadas comúnmente para afectar a quienes están detenidos en circunstancias precarias y peligrosas, sólo afecta a las víctimas a las cuales van dirigidas, si es que se dejan. Hasta ahora, los jóvenes que están en «La Tumba» han resistido a estas tácticas. Lo que no quisiera es pensar que el resto de los venezolanos se ha dejado envolver por el manto del terror gubernamental, al punto de paralizarlos y no denunciar arbitrariedades como violaciones de derechos humanos y del debido proceso, sobre todo en estos casos precisos que el gobierno escandaliza para atemorizar y paralizar a la sociedad. El terrorismo judicial se ha implantado en Venezuela. Nunca antes la justicia penal había sido usada como arma de la intolerancia, como mecanismo para dividir, castigar y tratar de dominar a la población.
Es cierto que el miedo es libre y la paranoia anda suelta. Pero no podemos permitir que se violen los principios fundamentales del derecho, porque entonces los malos habrán ganado. Para finalizar, mi reconocimiento a los defensores de derechos humanos en Venezuela, profesionales del derecho y activistas que día a día luchan porque aquellos que caen en desgracia ante este régimen tiránico, tengan en ellos una mano amiga y sobre todo el apoyo y la solidaridad en estos tiempos difíciles.
