La muerte de adultos jóvenes, en plena edad productiva, comprometidos en accidentes de tránsito, se cuenta por millares
Absalón Méndez Cegarra
Pueblos y ciudades de Venezuela han sido inundadas de vehículos automotores de dos ruedas denominados motocicletas. La industria china de estos vehículos ha encontrado en el país un poderoso mercado para sus productos de este tipo y de toda la demás mercadería que genera y distribuye por el mundo entero, sin considerar, para nada, la calidad de lo fabricado.
En el pasado reciente, la motocicleta era un vehículo de lujo, utilizado por personas de alta capacidad económica para fines recreativos y de esparcimiento. Luego, fue utilizada como medio de transporte para trabajos de reparto de encomiendas, distribución de correspondencia, cobranzas y repartición de víveres, etc. En la actualidad, se ha popularizado como medio de transporte urbano y rural, bajo la figura de taxi (moto taxi) y, de manera muy especial, como medio para delinquir.
En Venezuela, de cada diez delitos que se cometen contra las personas y sus bienes, en ocho de ellos está involucrada una motocicleta. Se trata de un vehículo sumamente versátil, fácil de conducir en ciudades con gran tráfico automotor y en lugares de difícil acceso para otro tipo de medio de transporte.
El Estado venezolano, en sus distintos niveles: nacional, estadal y municipal, ante el excesivo uso de las motocicletas y la conducta abusiva de los motorizados, ha procurado algunas medidas e, inclusive, ha dictado un Reglamento Especial de la Ley de Tránsito Terrestre para regular la circulación de estos vehículos. Todo ha sido un verdadero fracaso. En nuestro país, ya, ni siquiera podemos decir, que, la Ley se acata, pero, no se cumple. Vivimos en un país sin gobierno, anarquizado y autarquizado total y absolutamente. En estado de anomia colectiva. Cada quien hace lo que quiere y provoca, sin importar sí con tal proceder afecta derechos de terceros. A los motorizados, paradójica y contradictoriamente, los ha empoderado el gobierno, pues, a algunos de ellos, delincuentes, por lo general, los utiliza como fuerza de choque para agredir y amedrentar a la población. Frente a esta conducta oficial qué se puede esperar. Estamos a merced de sus tropelías y fechorías.
Los motorizados son los dueños de la ciudad, de calles, avenidas, carreteras, esquinas, aceras, calzadas, pase de peatones, parajes y cuanto lugar público existe. Ellos imponen su ley. Transitan por donde se les ocurre, sin considerar a quien se llevan por delante. Violan las normas de tránsito. Causan daños a vehículos y personas impunemente y, además, se aglomeran para amedrentar y atribuir culpas a inocentes y exigir pagos o indemnizaciones sin lugar para ello. Una norma necesaria es la de exonerar de todo tipo de culpabilidad a los conductores que colisionan con motorizados por imprudencia de éstos y la de convertir en testigos presenciales a todos los motorizados que se aglomeren alrededor de un accidente y, como tales testigos deben ser citados a los organismos administrativos de tránsito y a los tribunales penales. Cuando hablamos de motorizados no nos referimos exclusivamente a los moto taxistas y personas particulares, comprendemos, por igual, a los Cuerpos de Seguridad del Estado, escoltas, etcétera, quienes abusan hasta más no poder del uso de motocicletas, inclusive, sin identificación alguna, sin placas y sin nada, hecho sumamente peligroso, pues, fácilmente, se confunden con los delincuentes que operan en igual forma. Es decir, que los guardianes del orden público se constituyen en modelo de lo que no debe hacer un funcionario policial. Lo más triste es que los policías de tránsito permiten todo tipo de irregularidades, es más, tiene que apartarse para no ser atropellados por los motorizados.
La motocicleta, es, adicionalmente, un medio de transporte de pasajeros y de carga, transporte escolar y familiar, con lo que se expone a un riego innecesario a niños, quienes, ante un accidente, resultan mayormente lesionados, pues, ellos no utilizan casco protector y, por lo general, van aprisionados por sus padres o adultos que los transportan.
En Venezuela, lo que está sucediendo con la plaga motorizada es un problema de salud pública e inseguridad ciudadana. La muerte de adultos jóvenes, en plena edad productiva, comprometidos en accidentes de tránsito, se cuenta por millares. Igualmente, el número de lesionados que a diario colapsan las salas de emergencia y hospitalización tanto de instituciones públicas de salud como de las privadas. Los gastos en atención médica por este concepto son incuantificables. Es tiempo que se tome alguna medida al respecto, por ejemplo, la creación de un fondo especial para cubrir la atención médica y de rehabilitación que amerita este tipo de lesionados. Este fondo debe alimentarse, entre otros conceptos, con recursos provenientes de las multas impuestas a los motorizados; con un impuesto especial incluido en el precio de adquisición del vehículo, cuya retención corresponde al vendedor; con un impuesto aplicado al aseguramiento del vehículo, cuya retención corresponde a la empresa aseguradora; y, con un gravamen impositivo de pago semestral o anual a cargo del propietario del vehículo. Posiblemente, con una carga impositiva así, los motorizados cuiden un poco más su vida y la de las demás personas.
Mención particular merece la delincuencia motorizada. La modalidad delictiva actual es la que utiliza como medio de transporte una motocicleta, la cual permite la circulación del conductor y un acompañante o parrillero. El acompañante, se convierte en autor material del delito, pues, es quien avista a la víctima, dispara y arrebata.
En fecha muy reciente, un familiar cercano, saliendo de su centro de trabajo, una empresa del Estado, fue atropellado por una pareja de motorizados, arrastrado por el pavimento y golpeado en la cabeza, para despojarlo de su cartera. El resultado: fractura de cráneo, sangramiento, pérdida de conocimiento, traslado a un centro de salud, cuidados intensivos, días de hospitalización, reposo prolongado, rehabilitación y una factura impagable. El hecho ocurrió al término de la jornada laboral, por consiguiente, un típico accidente laboral ocurrido en el ir y venir del trabajo, es decir, en plena jornada laboral, de conformidad con la Ley. Lo curioso, como suele suceder y ya es costumbre o tradición, entre nosotros, forzados por múltiples circunstancias, nadie vio nada. Ruedas asesinas que actúan bajo total impunidad.
