La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó este viernes que el Ministerio Público (MP) adelanta investigaciones sobre 81 casos de presunta violación de los derechos humanos. Se presume que 75 casos sean por trato cruel, dos por tortura, dos por homicidio consumado e igual número por homicidio frustrado
AVN.- Al ofrecer una rueda de prensa desde las instalaciones del MP en Caracas, Ortega Díaz detalló este viernes que el MP tiene 21 actos conclusivos sobre los hechos violentos desarrollados en el país desde el pasado 12 de febrero: 20 son acusaciones y un sobreseimiento.
Entre los casos, señaló que se acusó a Rodolfo Carlos Pasos González por los presuntos delitos de homicidio intencional simple en perjuicio del estudiante de 17 años, José Ernesto Méndez. «Eso ocurrió el 17 de febrero cuando fue atropellado en la avenida perimetral de Carúpano (Sucre)».
El suceso ocurrió durante una protesta en la que resultaron heridas cinco personas, Pasos González, fue acusado por el delito de homicidio intencional en grado de frustración y se encuentra privado de libertad.
En Lara se acusó a Héctor Doménico Pusatti Martínez por supuestos delitos de homicido calificado por motivos fútiles e innobles en perjuicio de Arturo Alexis Mariotnez, de 58 años, quien era hermano del diputado a la Asamblea Nacional, Gustavo Martínez.
A este ciudadano se le acusó por delitos de porte de armas de fuego en lugares prohibidos y por descargar arma de fuego en lugares públicos y habitados e instigación pública. «Aquí la víctima fallece de un impacto de bala, mientras limpiaba escombros de una barricada en una avenida de Barquisimeto, en Lara», acotó la Fiscal.
Mientras que en Táchira se imputó a Jesmer Gregorio Cegarra Suárez por los delitos de homicidio intencional calificado por motivos fútiles e innobles en perjuicio de Dani Joel Mengarejo Vargas, quien tenía 20 años, obrero de profesión, y fallece tras recibir heridas punzopentrantes durante una riña sostenidad en una barriada popular, en el municipio Cárdenas de Táchira.
Por este mismo delito también se acusó a un adolescente y ambos se encuentran privados de libertad.
También en Táchira se acusó a Henry Verno Cabrera por los presuntos delitos de homicidio intencional agravado en grado de frustración en perjuicio de Jesús Duque, María Porras y Jorge Omaña. «Esto ocurre cuando Cabrera efectuó disparos contra la Policía Nacional Bolivariana (PNB) logrando herir a dos funcionarios e impactar a un tercero en el chaleco que portaba en ese momento, este ciudadano está privado de libertad», añadió Díaz.
En Caracas, Ortega Díaz dijo que se acusó a efectivos de la Policía de Chacao: Aldair Alberto Pratos Sánchez, Erling Dubraska Noguera López, José Gregorio González Guevara, quienes están detenidos. El primero, por el presunto delito de homicidio intencional en grado de autoría, y a los dos últimos por presunto homicidio intencional en grado tentativo en perjuicio de la también funcionaria Karelis Chacón Benítez, de 25 años, quien era efectivo del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), asesinada al recibir un impacto de bala propinado por una comisión de la Policía de Chacao en la autopista Prados del Este.
En otro caso, mencionó que en Carabobo se imputó a Víctor José de Almeida Ramos por el presunto delito de homicidio intencional calificado en grado de tentativa y por el delito de uso indebido de arma de fuego en perjuicio de Anibal Rafael Hernández, quien resultó herido luego de que Almeida accionara su arma de fuego durante una manifestación en la que se produjo una confrontación. El hecho ocurrió en la avenida Cedeño de Valencia.
Violación a los DDHH
Sobre los casos de supuesta violación de los derechos humanos, Ortega agregó que la Fiscalía General de la República adelanta la investigación de 81 casos. En estos hechos han perdido la vida 37 personas, de esos 29 son civiles y ocho efectivos policiales y militares, así como un fiscal del MP. A esto se suman un total de 559 personas lesionadas.
Ortega Díaz mencionó que de los 81 casos, se presume que 75 casos sean por trato cruel, dos por tortura, dos por homicidio consumado e igual número por homicidio frustrado.
Acotó que de las 81 investigaciones que adelanta la Fiscalía, han privado de libertad a 17 fefectivos de los cuerpos de seguridad del Estado, tres tienen medidas cautelares sustitutivas de libertad y hay siete órdenes de captura que aún no se han hecho efectivas.
La fiscal señaló que pese a las irregularidades de algunos efectivos de seguridad del Estado durante estas acciones violentas, Venezuela es un Estado promotor y defensor de los Derechos Humanos, y en consecuencia el MP realiza jornadas permanentes para formar a los funcionarios sobre la debida actuación al momento de abordar las protestas o manifestaciones a través del uso progresivo y diferenciado de la fuerza.
«El Estado venezolano tiene como política la preeminencia y respeto a los derechos humanos. Tenemos diseñados instrumentos para el abordaje de las manifestaciones, de cualquier conflicto siempre con la preeminencia y como cultura el respeto a los derechos humanos», recalcó la Fiscal.
«Nosotros vamos a castigar y sancionar a quienes aparezcan como responsables de tales eventos», sentenció Ortega Díaz.
Recordó además que en Venezuela entre los años 1958 y 1998, se ejecutaron innumerables violaciones a los Derechos Humanos, entre las que figuran masacres como la de Cantaura, Yumare y El Caracazo, que enlutaron al pueblo y que nunca fueron investigadas a fondo por los gobiernos de la cuarta república.
Caso Urquiola
Sobre el asesinato de la joven Adriana Urquiola, explicó que continúan las investigaciones, por lo que el MP emitió una orden de aprehensión. «Hay una orden de aprehensión que solicitó el MP. No puedo señalar mayores detalles porque puedo poner en riesgo la investigación«, dijo.
Puntualizó que la Fiscalía conoce con claridad las circunstancias del hecho en el que perdió la vida la ciudadana y adelantó que se tomarán nuevas medidas que serán informadas oportunamente.
Urquiola, de 28 años de edad, fue asesinada al intentar transitar por el sector Los Nuevos Teques, en Miranda. Murió al no poder ser trasladada a un centro asistencial tras recibir un impacto de bala en la cabeza.
La ciudadana, quien tenía cinco meses de gestación, estaba en una unidad de transporte público, pero debido a la tranca generada en La Panamericana por las guarimbas, se bajó del mismo y recibió un disparo que le quitó la vida.
Caso: María Corina Machado
La Fiscal informó que se comisionaron dos fiscales para investigar el caso de María Corina Machado, quien perdió su investidura como parlamentaria al aceptar y ejecutar otro cargo otorgado por un Gobierno extranjero, violando así los artículos 149 y 191 de la Constitución.
«Ayer (jueves) se comisionó a algunos fiscales, 45 y 41 a nivel nacional, para que evalúen conjuntamente con un equipo de abogados del MP el pedimento que allí se formula«, detalló.
La cabecilla de la oposición aceptó y ejerció hace una semana el cargo de representante alterna del Gobierno de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington.
El pasado 24 de marzo, el presidente del Poder Legislativo, Diosdado Cabello, apuntó que la vocera del ala más conservadora de la oposición violó el artículo 191 de la Constitución, que establece: «Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura, salvo en actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales, siempre que no supongan dedicación exclusiva».
Cabello precisó que no se trata de un nombramiento accidental ni por un día sino «a partir de la fecha» y Machado actualmente ocupa el cargo de representante alterno de Panamá ante la OEA.
Conclusión sobre hechos del 12F
Ortega Díaz adelantó además que en tres o cuatro semanas concluirán las investigaciones sobre los hechos violentos ocurridos en el país desde hace más de un mes. Apuntó que el próximo jueves ofrecerá una nueva rueda de prensa sobre estos hechos violentos.
Hay 168 personas privadas de libertad. Entre los delitos de los acusados están homicidio, instigación pública, instigación a delinquir, intimidación pública, agavillamiento, porte ilegal de arma de fuego o de facsímil de armamento, lesiones, hurto, resistencia a la autoridad, atentado a la seguridad de medios de transporte y uso de adolescente para delinquir.
Los acusados están en el Distrito Capital y los estados Zulia, Aragua, Trujillo, Táchira y Miranda.
El sobreseimiento solicitado es por la muerte de Jimmy Vargas, de 32 años de edad, un ayudante de obrero que falleció el 24 de febrero por traumatismo craneoencefálico al caer del segundo piso de un edificio en Pueblo Nuevo, municipio San Cristóbal, estado Táchira.
El Código Orgánico Procesal Penal (COPP) da un lapso de 45 días para la presentación del acto conclusivo de las personas privadas de libertad. Ortega indicó que para garantizar el derecho a la defensa de los imputados, van a dejar transcurrir este período.
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Discrepancia en las cifras
Pese a las alarmantes cifras que expone la Fiscalía, la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano comunicó en una rueda de prensa el jueves pasado que le entregaron un informe a la Comisión Política de Unasur, en el que relatan con detenimiento 59 casos de tortura y casi dos mil detenciones arbitrarias desde febrero.
Alfredo Romero, el presidente de la organización, afirmó además que existen vejaciones que se repiten. «Hablamos de un patrón de tortura porque las actuaciones lascivas y humillantes son muy similares en al menos 19 estados», agregó.
La información documentada recoge detalles de supuestos excesos en el uso de la fuerza de los cuerpos policiales y detenciones arbitrarias. Junto al informe, fue entregado otro documento en el que piden a la Unasur que inste al Gobierno de Venezuela al «cese inmediato» de la represión contra los manifestantes, el uso de sustancias tóxicas prohibidas para dispersar las protestas y el «desarme de grupos paramilitares».
Tras la presentación de este informe, «ningún país puede decir que no está al tanto de lo que pasa en Venezuela», dijo el abogado Gonzalo Himiob, miembro de la ONG, quien confió en que los casos presentados serán evaluados con detenimiento.
