razonnet
Las múltiples declaraciones de los funcionarios del alto Gobierno venezolano y estadounidense se han convertido en un contrapunteo que tiene de fondo la peor crisis política en Venezuela en los últimos 10 años
Estados Unidos afirmó hoy que el Gobierno de Venezuela «falta descaradamente a la verdad» cuando trata de responsabilizarlo de las protestas en su país, y subrayó que no ha descartada ninguna «opción» para responder a esa situación, incluidas las sanciones.
«Los funcionarios en Venezuela que tratan de hacer que esto (las protestas en el país) gire en torno a Estados Unidos están faltando descaradamente a la verdad sobre lo que está pasando allí«, dijo a los periodistas la portavoz del Departamento de Estado, Marie Harf.
Estos comentarios de Harf se producen poco después de que el ministro de Exteriores de Venezuela, Elías Jaua, responsabilizara directamente al secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, de ser el «principal alentador de la violencia» en Venezuela y lo llamara «asesino del pueblo venezolano».
“Señor Kerry usted alienta la violencia en Venezuela, a usted que le duele tanto que hablemos en voz alta, no vamos a bajar el tono hasta tanto ordenen a sus lacayos que dejen de generar violencia”, dijo el canciller venezolano en su visita al Cuartel de la Montaña para rendir honores al fallecido Hugo Chávez.
Asimismo, en la rueda de prensa que ofreció esta tarde el presidente Nicolás Maduro a medios nacionales e internacionales para informar sobre la crisis política que vive el país, el primer mandatario nacional solicitó al gobierno de EEUU que le enviase el listado de los funcionarios venezolanos que tienen cuentas en ese país.
De ser cierto el listado, los funcionarios allí reseñados se irían del “Gobierno para una cárcel”, sentenció Maduro. Esto si no justifican que esas cuentas tienen recursos legales y que además fueron abiertas antes de entrar a las filas gubernamentales.
Desde que Venezuela decidió romper relaciones con Panamá y expulsar a tres diplomáticos estadounidenses por presunta conspiración en contra del Gobierno, las relaciones entre ambos países atraviesan por un mal momento.
Venezuela designó un nuevo embajador en Washington, Maximilian Arveláez, para iniciar una nueva etapa de diálogo, pero el recrudecimiento de las protestas, las múltiples acusaciones de violaciones a los derechos humanos y la actitud contestaria del Ejecutivo nacional no han permitido que baje la tensión.
Esta semana, la comisión de relaciones exteriores del Senado estadounidense aprobó una resolución que exhorta al presidente Barack Obama a negar visas y congelar activos pertenecientes a los responsables de violar derechos humanos a manifestantes pacíficos y periodistas en Venezuela.
Los senadores demócratas Robert Menéndez y Bill Nelson y el republicano Marco Rubio presentaron hoy un proyecto de ley para que EEUU imponga sanciones directas al Gobierno de Venezuela y financie el rescate de los derechos humanos y a los medios de comunicación, ante los episodios ininterrumpidos de violencia que vive el país desde hace un mes.
Por su parte, el secretario de Estado, John Kerry, declaró el pasado miércoles en una audiencia en el Comité de Gastos de la Cámara de Representantes que EEUU está preparado -de ser necesario- para «invocar la Carta Democrática Interamericana en la OEA (Organización de Estados Americanos)» e implicarse con «sanciones de o de otra forma, pero la economía allí ya es bastante frágil».
Además denunció que el Gobierno venezolano ha «usado a Estados Unidos como una carta política» para distraer de los «asuntos internos en su país», algo que le ha «pasado factura» a juzgar por los «enormes problemas económicos y la polarización».
El secretario de Estado estadounidense también expresó que dado que el Gobierno de Venezuela «no escucha particularmente» las recomendaciones de EE UU de impulsar un diálogo con la mediación de un tercero, Washington confía en que «la presión de otros en el continente pueda ser de ayuda».
A estas declaraciones también se le suman las del vicepresidente de EEUU, Joe Biden, que en el marco de su visita al acto de investidura de la presidenta chilena Michelle Bachellet, afirmó a El Mercurio que «la situación en Venezuela es alarmante» y que le «recuerda a épocas pasadas cuando los caudillos gobernaban con la violencia y la represión».
Mientras tanto, desde el Pentágono, el jefe del Comando Sur, el general John Kelly, manifestó este jueves en una audiencia del comité de Fuerzas del Senado que «si no hay un milagro», Venezuela «va de camino a la catástrofe económica y en términos de democracia».
El general estadounidense se ha aventurado a declarar que «los militares venezolanos son leales a sí mismos, están esperando y mirando a ver qué pasa. Una señal de las sospechas del Gobierno sobre hacia dónde se podrían inclinar los militares es que no los ha utilizado mucho para controlar las protestas».
La Fiscal General venezolana tampoco se ha quedado callada ante las polémicas declaraciones de los voceros de Washington. Luisa Ortega Díaz, afirmó este viernes que el dinero que solicitan los legisladores estadounidenses para defender los derechos humanos en el país será en realidad usado para financiar acciones violentas.
«Ellos pidieron un dinero. Indudablemente esto es para financiar estas acciones violentas que se han venido produciendo en Venezuela. Para comprar C-4, que es una sustancia altamente explosiva. Era como un kilo de C-4, lo que incautamos», dijo Ortega en una rueda de prensa en Ginebra.
