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El Ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, ofreció la mañana de este jueves una rueda de prensa para esclarecer ante la opinión pública lo ocurrido con las detenciones de los alcaldes de San Cristóbal (Táchira), Daniel Ceballos, y de San Diego (Carabobo), Enzo Scarano. “Es importante que los venezolanos sepan que estas decisiones son de los órganos justicia, que no es el Gobierno quien ordena detener a nadie, sino que se cumplen todos lo pasos y procesos que están establecidos en la Ley”, explicó.
Asimismo añadió que los alcaldes Ceballos y Scarano “tienen sus derechos garantizados, tanto que en la noche de ayer se autorizó a un grupo de alcaldes y a un diputado a que los visitaran a Ramo Verde sin ningún tipo de problemas (…) Estos señores que fueron detenidos tendrán todo el proceso normal que establecido en el Copp, tienen garantizados la visita de sus familiares”.
Caso Scarano
Expuso que ambas detenciones corresponden a decisiones de distinta índole: “Ante el Tribunal Supremo de Justicia se interpone un amparo constitucional ante la Sala Constitucional, en el expediente 140205, por un grupo privado de empresas, cooperativas, organizaciones, para la defensa de derechos e intereses colectivos y difusos” contra el alcalde de San Diego, Vicenzo Scarano y Salvatore Lucchese Scaletta, director de la Policía Municipal.
“Visto esto, el Tribunal Supremo se declara competente para asumir esta solicitud de amparo y emite la decisión de sancionar a los referidos ciudadanos para cumplir 10 meses y 15 días de prisión más las accesorias de Ley. Además, Vicenzo Scarano cesa en el ejercicio de sus funciones en el cargo de Alcalde del municipio San Diego del estado Carabobo”, añadió.
Al omitir la resolución emitida por el TSJ, “se le emite una orden de captura y en este momento se encuentra en el penal militar de Ramo Verde, donde fue trasladado la noche de ayer junto con el jefe de la Policía de San Diego”.
Caso Ceballos
En el caso del Daniel Ceballos, el ministro Rodríguez Torres apuntó que la vía de acción “contra él no fue por el Tribunal Supremo, fue a través del Tribunal Tercero de San Cristóbal donde hay más de siete denuncias de ciudadanos que viven allí contra la omisión del Alcalde en sus funciones y contra las acciones que dirigía para cerrar vías, para no recoger la basura, que han sometido por muchos días a grupos de ciudadanos a los malos olores y al peligro de una epidemia, permitir que se use la basura para hacer barricadas y que se queme esos desperdicios, la inacción de la policía municipal ante el armado de más de 60 barricadas en toda la ciudad de San Cristóbal”.
“El Ministerio Público solicita la captura del ciudadano Daniel Ceballos y se procede de inmediato y es puesto a la orden del Tribunal Tercero y se encuentra también recluido en la cárcel militar de Ramo Verde”, agregó.
“Lo importante es que los venezolanos entiendan que los órganos del Estado actúan para proteger el derecho de las mayorías y no para proteger a un pequeño grupo que quiere enturbiar la vida de los venezolanos y golpear la gobernabilidad necesaria en el país”, argumentó.
“Nosotros respetamos el derecho a la protesta y lo garantizamos siempre y cuando este derecho se ejerza de manera pacífica y con los métodos que están establecidos en la Ley”, expresó el titular de Interior, Justicia y Paz y comentó que “todas las detenciones que se hacen en este país, se realizan con funcionarios debidamente identificados”.
Sin embargo, la abogada del alcalde de San Cristóba ha denunciado ante los medios de comunicación que hubo irregularidades en la detención. Ana Eleonor Acosta asegura que los funcionarios que aprehendieron al burgomaestre «en ningún momento mostraron una orden ni se identificaron. Dijeron ser del Sebin».
La representante de Ceballos también ha denunciado que fue sacado a rastras del hotel donde se encontraba en el Rosal (Caracas) y que habían unos funcionarios «que tampoco de identificaron, con capuchas, traje de camuflaje gris, chaleco antibalas negro y armas largas«.
También informó que les negaron a Ceballos en el Helicoide y en la sede principal del Sebin en Plaza Venezuela y advirtió que el tribunal que emite la orden desde Táchira está vacante. Tanto el equipo de representantes de Ceballos como sus compañeros de partido afirman que se trata de un caso político.
