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Urgen transformaciones en el modo de producción y acusan al Gobierno de secuestrar institucionalidad
Emen.- Unas 16 centrales organizaciones sindicales urgieron un cambio del modelo económico y acusaron al Gobierno de “secuestrar” la institucionalidad, “dejando a la sociedad y a los trabajadores en la más absoluta indefensión”, según dicen.
Agrupadas en la llamada Unidad de Acción Sindical y Gremial, las agrupaciones emitieron un manifiesto en el que fijan posición sobre la “crisis económica, social y política” que, afirman, está sumergido el país.
«En los últimos tiempos se evidencia un deplorable avance de la intolerancia, del militarismo, de la represión estatal y de las restricciones«, señala el texto firmado por la CTV, Unete, CGT, Codesa, la Federación de Profesores Universitarios (Fapuv), la Asociación de Profesores de la UCV, el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa (SNTP), Fades, CNCA-ISP, Provea, la Alianza Sindical Independiente, Mobase, Ccura, la Internacional de Servicios Públicos, y el Comando Intergremial del Sector Transporte.
El comunicado, dado a conocer este sábado, asegura que Venezuela vive una “encrucijada”, pues aseguran que el Gobierno en vez de buscar solución a los problemas, “hace añicos las esperanzas de una vida mejor” con el objetivo de mantenerse en el poder.
Para los sindicatos, la gestión del presidente Nicolás Maduro «estimula la inflación, la especulación y la corrupción, y por consiguiente empobrece a la mayoría y enriquece a unos pocos, a viejas y nuevas oligarquías».
Aseguran que las medidas económicas tomadas por el Ejecutivo, como los ajustes económicos, el alza de los precios y las constantes devaluaciones, «son más cargas sobre los hombros del pueblo (y) de los trabajadores”.
Además, aseguran que «cada día se cierran o se debilitan áreas de inversión productiva: industrias básicas, automotriz y autopartes; cemento, agroindustria, manufactura textil, producción gráfica e impresa; industria química y laboratorios, entre otras».
Contrataciones “al margen de la legalidad”
La red de sindicatos también acusó al Gobierno de promover contrataciones en la administración pública al “margen de la legalidad” a la vez que lo señaló de hacer un «uso clientelar y chantajista de los empleos en la administración pública».
Ejecución de un plan conjunto
Finalmente, las organizaciones agrupadas en la Unidad de Acción Sindical y Gremial anunciaron que implementarán un plan conjunto que persigue seis objetivos:
- Aumento general de sueldos y salarios y fijación del salario mínimo, tomado como referencia el costo de la canasta alimentaria, como lo prevé la Constitución.
- Revisión anticipada de las cláusulas económicas de los convenios colectivos.
- Se decrete la amnistía para todos los luchadores sociales que están encarcelados, detenidos por las protestas y se dejen sin efecto los juicios abiertos contra dirigentes sindicales y populares por ejercer el mencionado derecho.
- Respeto a los derechos humanos y laborales.
- Derogación de las normas anti sindicales de la Ley Orgánica del Trabajo y de las leyes que criminalizan las protestas.
- Exigimos al Gobierno Nacional que instale de forma inmediata la Mesa de Diálogo Tripartita en cumplimiento con lo aprobado por el Consejo de Administración de la OIT el 27 de marzo.
