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El resultado de las últimas protestas en Chacao y Santa Fe ha sido la detención de más de 20 jóvenes. A ocho de ellos se les dictó privativa de libertad tras imputarles instigación al orden público, agavillamiento y para tres de ellos, detentación de artefactos explosivos. Sin embargo, sus abogados y familiares afirman que sus procesos presentan serias irregularidades
Gabriela González.- Tras la manifestación realizada el día sábado 26 de abril en la que marcharon contra la Resolución 058, relacionada con la educación venezolana, alrededor de 28 personas fueron detenidas entre Chacao, por acción de la Policía Nacional Bolivariana y Santa Fe, con actuación de la Guardia Nacional.
No pareciera haber un panorama diferente a lo que se ha vivido en más de 70 días de protestas. Lo distinto de la situación ocurrió después, entre las detenciones y las decisiones de los tribunales competentes.
La tarde de ese sábado fueron presentados nueve menores de edad ante el Tribunal Sexto en materia de adolescentes. La decisión: uno salió en libertad, con medidas cautelares de presentación, mientras que a los otros ocho se les dio libertad con fiadores, específicamente tres fiadores de 100UT para cada uno.
Pero son los detalles que preceden a la decisión del Tribunal los que presentan irregularidades. Estos menores, en principio, debieron ser trasladados a la sede de la Guardia Nacional ubicada en El Recreo pero en su lugar, fueron llevados a la sede de El Nazareno, ubicada en Petare. Una zona que, hay que destacar, es de alta peligrosidad.
Los delitos imputados a estos menores son: instigación pública, detentación de sustancias incendiarias y artefactos explosivos, asociación para delinquir.
En este caso de los menores de edad, uno de los hechos mas relevantes es que, durante la audiencia de presentación, la Juez a cargo inició la audiencia diciendo que los presentes “eran delincuentes que querían tumbar a su Presidente”. Otro hecho que salta a la vista, porque difiere de la versión de algunos voceros del Gobierno que afirma que los involucrados son de clase media, es que el carácter humilde de muchas de las familias les dificulta cumplir con el requisito de tener fiadores para obtener la libertad de sus hijos.
Privados de libertad
Volviendo al sábado 26 de abril, los detenidos en Fuerte Tiuna -18 en total- llegaron alrededor de las 3:00pm al Regimiento de Seguridad Urbana (RESUR). Cerca de las 6:00pm se conoció que uno de los detenidos, Luis Andrés Picó Peña, se encontraba en el Hospitalito del fuerte militar.
Una comisión de Derechos Humanos se trasladó al lugar para verificar el estado del joven y allí, la primera versión de lo ocurrido fue que un perro Pitbull lo atacó, cuando entró a una casa a resguardarse de la actuación de la Guardia en el sector El Güire de Santa Fe. En el centro de salud se le trató por una lesión grave en el tendón de la mano izquierda. La versión del perro fue emitida tanto por el joven como por fuentes militares, quienes además, señalaron que el dueño de la casa sería trasladado para declarar sobre lo ocurrido.
Se logró que el joven fuera trasladado al Hospital Miliar para recibir las atenciones médicas que requería y que no había en el Hospitalito. El joven fue trasladado, se le practicó una tomografía y nuevamente fue llevado al Hospitalito donde estuvo hasta el día lunes, fecha de la audiencia. Es preciso resaltar, que el joven fue sacado por la puerta de atrás de ese centro, mientras los abogados solicitaban que la audiencia se realizara en el Hospitalito, debido al estado de salud del joven.
La audiencia de ese día 28 para los 10 detenidos en Santa Fe fue diferida por el Tribunal 41 de Control. Los jóvenes fueron entonces trasladados nuevamente a El Recreo incluido Picó Peña, que debía ser devuelto al Hospitalito, a donde no llegó sino casi a la medianoche, tras la presión de la familia y abogados.
Mientras tanto, se llevaba a cabo la audiencia del joven Douglas Morillo, uno de los detenido el mismo 26 en Chacao. A este joven dirigente estudiantil de la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA) se le dictó privativa de libertad y se decidió como sitio de reclusión la cárcel de Tocuyito, escenario que cambió el día 29, al decidirse que sería trasladado al Sebin y que su causa sería conocida por el mismo Tribunal que lleva la del señor Rodolfo González, detenido tras el allanamiento a su casa en Macaracuay ese mismo día 26.
El día 29 de abril, los 10 jóvenes fueron trasladados a primera hora a los Tribunales y tras la tardanza típica en estos casos, se conoció la decisión del Juez 41 de Control, Pablo Fernandez y su sustituto Jesús Perez Farías. Se le dio privativa de libertad a los 10 jóvenes, bajo los cargos de instigación al orden público, agavillamiento y para tres de ellos, detentación de artefactos explosivos. Se fijó además como centro de reclusión, en un principio Tocorón y luego fue cambiado a Yare III para los ocho hombres (Jefferson Piñate, Marcos Torres, Aliyer Gabriel Pacheco, Javier Alejandro Monguilo, José Tabares, Joaquin Rocca, Jhonny Inojosa y Luis Andrés Picó Peña) y el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) para dos mujeres (Airam de Araujo y Betania Farrera).
Fuera de los Tribunales las madres de los jóvenes lloraban desconsoladas, varias se desmayaron. Los jóvenes serían trasladados hasta Fuerte Tiuna mientras se esperaba el papeleo correspondiente, como suele suceder, a excepción del joven Picó Peña, que por su condición de salud debía ser trasladado a medicatura forense.
Sin embargo, nada de esto sucedió.
Tras más de cinco horas de haber culminado audiencia, nadie, ni familiares ni abogados, conocían el paradero de los muchachos. A eso de las 8:00pm se conoció que tres de ellos habían sido trasladados a El Recreo (Jefferson Piñate, Aliyer Gabriel Pacheco y Luis Andrés Picó Peña), mientras que el resto fue trasladado a Yare III y el INOF.
Caso Picó Peña
El caso de este joven de 21 años es bastante delicado. No solo porque ha pasado varios días sin recibir la atención médica adecuada, sino por el origen de esas lesiones. Como se denunció anteriormente, la primera versión sobre la causa de sus heridas hablaba de una mordedura de perro, pero el joven en el Tribunal desmintió esta versión y señaló que había sido coaccionado a darla por la Guardia Nacional, pues sus heridas fueron producto de la actuación de este componente militar. Además de la lesión seria en su mano izquierda, Picó Peña también presenta heridas de perdigones en el costado izquierdo, debajo de la tetilla, y en el brazo izquierdo. De ser cierta esta nueva versión sobre los hechos, este joven está al resguardo de aquellos que le propiciaron heridas severas.
Este caso de los detenidos en Santa Fe ha sido llevado de manera poco común desde el inicio. Incluso, el día de los hechos, extraña que no sonara ninguna detonación producto de las “bombas molotov”, pero sí muchas detonaciones de gases lacrimógenos por parte de la Guardia y que los delitos imputados a los menores y mayores de edad sean la detentación de sustancias incendiarias y explosivas.
Otro hecho a tener en cuenta es que, por los mismos cargos y bajo el mismo contexto de detención, las decisiones en la mayoría de los casos han sido cautelares de presentación o fiadores. Esta decisión y la forma en que ha sido llevado el proceso son atípicos.
Ahora corren 45 días hábiles, que los abogados de la defensa usarán para apelar la decisión, y el Ministerio Público deberá presentar pruebas para ir a un juicio, archivar la causa o bien, desestimarla.
