Cofavic denuncia ante CIDH la crisis de DDHH en el país

Liliana Ortega intervino junto a otros activistas en la 150 período de audiencias de la CIDH en Washington

Dailyn Sánchez.- El Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (Cofavic), emitió hoy un recuento de las detenciones sucedidas desde el pasado 12 de febrero por las protestas contra el Gobierno venezolano en el 150 período de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Liliana Ortega, miembro de Cofavic, asegura que no se puede comparar el Caracazo con estas protestas en cuanto a fallecidos y hechos violentos.

Sin embargo, señala que «la misma respuesta que tuvo el gobierno de Carlos Andrés Pérez con respecto al Caracazo la ha tenido el gobierno de Maduro con las manifestaciones. Se ha criminalizado a las víctimas, se han desconocido violaciones graves a los derechos humanos y se han minimizado los hechos de las protestas».

Según los datos proporcionados por el Foro Penal Venezonalo, hay más de 2 mil detenciones y 106 privados de libertad. Ortega asegura que actualmente hay una gran cantidad de personas que no tienen libertad plena por protestar, «hay una crisis de derechos humanos en el país».

Debido a las recientes protestas, Cofavic ha registrado «un uso excesivo de la fuerza para el control del orden público, presuntos casos de detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles inhumanos y degradantes, así como actos de hostigamiento y disparos indiscriminados contra zonas residenciales. Esto en un contexto de criminalización de la protesta, un clima de violencia generalizada, que se potencia por la impunidad institucionalizada que existe en el país», señala el comunicado de prensa de la ONG.

El director del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, afirma que el gobierno del presidente Maduro asume la seguridad nacional como política de Estado.

Alvarado dice que «históricamente se ha visto que cuando un gobierno restringe los derechos de los ciudadanos a quejarse, a legítimamente demostrar su descontento, el mismo gobierno estimula las protestas violentas porque la gente se ve ahogada”.

La audiencia pública se llevó a cabo en el Salón Rubén Darío de la sede de la CIDH, en Washington.