Gobierno y oposición acuerdan ampliar Comisión de la Verdad

Tras la segunda reunión para el diálogo por la paz entre el gobierno y la oposición, el secretario general de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo, anunció que fue rechazada la propuesta de crear un decreto de ley especial de amnistía

Según lo informa el diario El Nacional, Aveledo aseguró que en la próxima reunión crearán un equipo para tratar el tema de los presos políticos y exiliados. “Vamos a buscar otros caminos, tendremos un equipo de trabajo para abordar el caso de todos los condenados en el país”, dijo.

En presencia de los cancilleres de Ecuador, Colombia y Brasil, Ricardo Patiño, María Ángela Holguín y Luiz Figueiredo, respectivamente, y del nuncio Aldo Giordani, la Mesa de la Unidad Democrática –en representación de la oposición– entregó un proyecto para constituir una Comisión de la Verdad que investigue los hechos de violencia, muerte y tortura durante las protestas estudiantiles de este año en contra del gobierno.

Aveledo explicó que la comisión tendrá como propósito esclarecer los hechos acontecidos desde hace 2 meses y que hasta la fecha han ocasionado 39 fallecidos, centenares de heridos, la detención y violación al debido proceso de más de 2.000 personas –en su mayoría estudiantes–, violaciones de derechos humanos y daños a propiedades públicas y privadas.

Acordaron que la comisión sea más amplia e imparcial. “Todos queremos una comisión confiable para así esclarecer la verdad. Se convino que en la misma participen personalidades de todos los sectores y que todos puedan contribuir para crear un clima de paz y tranquilidad”, añadió el secretario.

Entre las recomendaciones de la organización que agrupa a los partidos de oposición se destaca que la comisión debe estar formada por 20 miembros que no tengan ningún papel en los eventos a investigar y que no sean personal del Ministerio Público, de la Defensoría ni de las fuerzas encargadas de la preservación del orden público; sin embargo, Aveledo señaló que se podrá acordar la participación de diputados de la Asamblea Nacional y del Parlamento Latinoamericano, para que se pueda asegurar el acceso a toda la documentación, entrevistas y recursos necesarios para poder llevar a cabo la investigación.

Propusieron a tres representantes de los gremios profesionales (periodistas, médicos, abogados, psicólogos, sociólogos), tres representantes de las academias, tres representantes de las iglesias, tres ex rectores de universidades reconocidas en el país, dos representantes de los estudiantes, dos profesores titulares de las facultades de Derecho, dos representantes de ONG de derechos humanos y dos representantes de la observación internacional.

Caso Simonovis

Con respecto al excomisario Iván Simonovis, Aveledo indicó que se acordó crear una junta médica que le practique más exámenes para determinar su estado de salud y puedan dictarse medidas de gracia en su caso.

Dijo que, en el marco de las reuniones, escucharán a las víctimas de la violencia de abril de hace 12 años. “Estamos dispuestos y así queda demostrado que escucharemos con atención todo. De esa manera podremos llevar una esperanza al país y construir caminos de solución”.

El secretario de la MUD también informó que la oposición participará en el Plan de Pacificación Nacional que lleva a cabo el Ejecutivo y que se acordó revisarlo para hacer aportes en materia de seguridad. Ratificó el rechazo absoluto a cualquier acto de violencia y el respeto a la Constitución.

Gobierno en acuerdo en materia de seguridad

Al momento de la intervención del gobierno, el vicepresidente Jorge Arreaza se refirió a los primeros resultados del proceso de diálogo y saludó la propuesta de la oposición de reactivar y potenciar el plan de seguridad en el país.

Expresó que hay acuerdo en la necesidad de elegir a los miembros de los poderes públicos cuyos períodos se vencieron, siempre en el marco de lo establecido por las leyes. Dijo que se incorporarían personalidades del país seleccionadas por mutuo acuerdo y ratificó las palabras de Aveledo, quien señaló que existe un compromiso entre ambas partes para instalar una comisión de la verdad amplia, en la que no haya solo representantes del gobierno.