Congelarán cuentas del concesionario La Venezolana

A solicitud del Ministerio Público fueron acordadas medidas cautelares consistentes en el bloqueo e inmovilización de cuentas y otros instrumentos financieros, así como la prohibición de enajenar y gravar bienes que sean propiedad del concesionario La Venezolana, ubicado en el kilómetro 9 de la vía de la carretera Panamericana, estado Miranda.

Las medidas fueron acordadas por el Tribunal 51º de Control del área metropolitana de Caracas, tras la petición hecha por los fiscales 22º y 50º nacional, Raiza Sifontes y Daniel Guedez, quienes investigan al citado concesionario por estar presuntamente involucrado con la estafa a clientes que habrían cancelado una inicial para la adquisición de vehículos, tal como lo destaca Últimas Noticias.

La solicitud de los fiscales se hizo con base en lo establecido en el artículo 111 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual contempla que, “corresponde al Ministerio Público en el Proceso Penal: requerir del tribunal competente las medidas cautelares y de coerción personal que resulten pertinentes”.

Adicionalmente los representantes del Ministerio Público solicitaron la medida cautelar innominada, consistente en la prohibición de divulgación de cuñas publicitarias a nombre del concesionario en medios impresos, radiales o audiovisuales, la cual fue acordada por el referido tribunal.

El Ejecutivo nacional ordenó intervenir al concesionario La Venezolana. En el marco de la «ofensiva económica», las autoridades aseguraron estar en presencia de una «estafa» tras fiscalizar a la empresa, informó El Universal.

Pero las irregularidades cometidas por ese concesionario no eran desconocidas para las autoridades. Al antiguo Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) llegaron tres denuncias contra la empresa entre octubre y noviembre del año pasado.

El 23 de octubre de 2013 un ciudadano denunció al concesionario. El organismo procesó el reclamo con el número 006685 y designó a Ingrid Márquez como responsable del caso. Otras acusaciones llegaron el 28 de octubre y el 19 de noviembre, las cuales quedaron registradas con los números 004203 y 008202, respectivamente. Micaela Acevedo y Daniel Longa fueron los abogados nombrados para esos casos.

En las redes sociales diversos funcionarios también recibían denuncias a diario contra la empresa, pero sólo fue hasta el pasado sábado cuando las autoridades actuaron.

Hebert García Plaza, jefe del Órgano Superior de la Economía, admitió que llegaron al establecimiento, ubicado en el kilómetro 9 de la carretera Panamericana, por los comentarios de los afectados. «Nosotros llegamos acá por denuncias de un porcentaje importante de estas 5.956 personas», dijo el funcionario.

Ese es el total de afectados. Se trata de clientes que pagaron 30% de inicial exigido por la empresa e, incluso, la totalidad del valor de los autos.

Las irregularidades y el ruido en los medios signaron las operaciones de La Venezolana desde sus inicios, a mediados de 2013.

En sus comunicados la empresa se declaraba a favor del Gobierno y proponía «la defensa férrea y absoluta del legado del Comandante Supremo Hugo Chávez». En varios de esos remitidos también se podían rastrear las prácticas indebidas que cometieron.

El pasado 8 de abril el concesionario divulgó en prensa un listado de números de cédula de ciudadanos con los que negociaron la venta de carros entre septiembre y diciembre de 2013, pero que nunca entregaron. En ese texto informaban que la «primera flota» de vehículos «atraviesa las aguas del mar Pacífico, acercándose al destino final». El 5 de marzo habían hecho la misma promesa: «nuestra primera flota se encuentra navegando las aguas del Pacífico rumbo al mar Caribe, a pesar de los cobardes ataques en nuestra contra de los carteles de la industria automotriz».