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Técnicamente quebrada, la empresa estatal es acusada de operaciones fraudulentas.
El país es una olla de presión. Las protestas se multiplican y si bien el interés principal del gobierno es cubrir cada manifestación bajo el manto de la conspiración, lo cierto es que desde cada rincón, en cada sector hay molestia. Esta semana fueron los trabajadores de Ipostel los que alzaron la voz. Denunciaron que el presidente del ente, Carlos Joa Vásquez, ordenó desde hace seis meses prohibir los envíos internacionales. Hay 35 toneladas de correspondencia represada.
La orden era engañar a los usuarios del servicio diciendo que la correspondencia había sido devuelta en el país de destino. Alta gerencia. Los trabajadores denunciaron, además, que los envíos no se hacen porque la empresa tiene deudas de hasta 2,5 millones de dólares con las líneas aéreas. Está técnicamente quebrada. Esto perjudica a los venezolanos y sólo beneficia a la competencia, a las empresas privadas que ofrecen el mismo servicio.
Perspicacias aparte, el manejo irregular de Ipostel, que afecta las reivindicaciones laborales de sus trabajadores, es una muestra de que se repite en distintas empresas del Estado, que se han convertido en un hueco negro donde se despilfarran los recursos sin que exista una real contraloría. Las cementeras, los centrales azucareros, las empresas de lácteos, las empresas básicas, no han cumplido con las cuotas mínimas de producción, son ineficientes, poco transparentes y se han convertido en un foco de corrupción. No es de extrañar que la candelita prendida por Ipostel se replique.
Y no, no se deje engañar. Esos trabajadores no son unos apátridas que le hacen el juego a la derecha. Están en su derecho, en su deber, de protestar. La podredumbre es insoportable.
