Omar Estacio
Representantes de varias ONG, víctimas y familiares de estudiantes agredidos y presos rechazan que los involucren en planes desestabilizadores
Dailyn Sánchez.- El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, ha acusado a 11 ONG defensoras de derechos humanos de estar implicados en conspiraciones contra el Gobierno.
El coordinador del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, afirmó que «pretenden criminalizar el trabajo de los derechos humanos para así intimidarnos y obligarnos a dejar los casos, pero no lo haremos. Acudiremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para solicitar protección, Anmistía Internacional, a la alta comisionada de derechos humanos, Comisión de Torturas, Relatoría Internacional de Abogados y Jueces para denunciar a agresores y violadores de derechos humanos». Esta información la suministró en un rueda de prensa en el salón Monseñor Arnulfo Arias en la Universidad Central de Venezuela.
Romero señala que «la Fiscalía General informó a la mamá de Geraldin Moreno que fueron imputadas dos personas, pero en los casos de Juan Manuel Carrasco y otras 10 que fueron agredidos por organismos de seguridad del Estado, los responsables están libres. A Nelson Piñate, de 24 años de edad, quien no tiene antecedentes se le envia a la cárcel de Yare, mientras que la funcionaria de la Guardia Nacional Bolivariana que desfiguró el rostro a una mujer está ‘bajo custodia’ del comando. La diferencia es que se ataca a quienes solo pedimos justicia».
El Foro Penal ya ha registrado 80 casos de tortura, agresiones a activistas de derechos y privación de libertad, según informa el portal web de El Nacional.
El coordinador de Provea, Marino Alvarado, reveló que en 37% de las protestas han detectado la presencia de paramilitares, identificados con el gobierno.
80 de las 500 denuncias de tortura presentadas por el Foro Penal han sido sustanciadas. Los afectados temen una querella con el Estado.
2.590 personas han sido agredidas entre febrero y mayo, de las que 70% son estudiantes. 131 están privadas de libertad en cárceles Rodeo y Uribana. 60% tienen medidas cautelares con prohibición de salida del país.
