Ortega Díaz pedirá acciones recíprocas si EEUU sanciona a funcionarios

La fiscal general venezolana, Luisa Ortega, afirmó este viernes que si hubiera sanciones contra funcionarios de su país por parte de Estados Unidos tendría que solicitar una medida similar ante la Asamblea Nacional.

Ortega se refirió a informaciones sobre la posibilidad de que en Estados Unidos se aprueben medidas contra funcionarios venezolanos, incluyéndola a ella misma, según lo destaca la versión digital de El Universal.

«¿Qué insolencia la de Estados Unidos, no? De ser así, tendré que solicitar a la Asamblea Nacional venezolana también, que se sancione sobre todo a quien hizo esta propuesta, a este senador latino que ahora no me viene el nombre y no quiero que me venga el nombre de él a la memoria», dijo, según reseñó EFE.

El Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este viernes un proyecto de ley bipartidista para imponer sanciones contra algunos funcionarios del Gobierno venezolano, en respuesta a la actuación del Ejecutivo venezolano durante las protestas.

Ortega indicó que EEUU «no tiene moral para erigirse en censor en materia de derechos humanos ya que históricamente ha sido el principal responsable de los grandes genocidios a nivel mundial».

La fiscal acusó a Washington de tener una «política generalizada de violación de los derechos humanos en su propio territorio», al aplicar la pena de muerte y mantener centros de reclusión como el de Guantánamo, en Cuba.

Aprobación de Obama

El proyecto aprobado por la comisión parlamentaria de la Cámara Baja acuerda que el presidente de la República estadounidense impondrá sanciones a las personas responsables de cometer violaciones a los derechos humanos en Venezuela desde el 12 de febrero pasado y que las mismas consistirán en congelamiento de fondos, prohibición de transacciones financieras y revocatoria o negativas de visas de ingreso a EEUU.

El documento aprobado indica que no se incluirán sanciones que tengan que ver con la importación de bienes, en el entendido que dicha medida afectaría al pueblo venezolano.

La iniciativa legislativa irá ahora al pleno de la Cámara para que la voten sus 435 miembros. Si es aprobada, tendrá que ser debatido en la comisión respectiva del Senado y en la plenaria de está Cámara, donde en paralelo ya se está debatiendo una iniciativa similar. Para su aprobación definitiva deberá tener el visto bueno del presidente de la República, Barack Obama.

Esta iniciativa había sido presentada y aprobada hace varias semanas por la representante por Florida, Ileana Ros-Lehtinen, y en marzo los senadores Marco Rubio y Bill Nelson presentaron otro proyecto similar ante esa instancia parlamentaria para tomar medidas contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

Ambigüedades

La posición de la Mesa de la Unidad quedó en entredicho por una aparente confusión de la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, quien el jueves señaló en el Senado que un sector opositor venezolano había pedido que no se aplicaran sanciones a Venezuela.

La declaración de Jacobson provocó la reacción de la MUD, que le solicitó aclarar su declaración, ya que –según dijo- nunca ha solicitado que no se castigue a los funcionarios responsables de violar los DDHH en el país.

En horas de la noche de este jueves y en una declaración que Jacobson envió directamente a la MUD, aclaró: «En la audiencia del 8 de Mayo en el Comité de Relaciones Exteriores sobre Venezuela, la S/A (secretaria asistente) destacó que el Gobierno de los EEUU no debería debilitar el actual diálogo mientras ofrezca oportunidades de progresar. Destacó que miembros de la oposición que participa en el diálogo se lo han señalado. Es, en parte, esa preocupación la que informó nuestra creencia de que no serían oportunas sanciones, aunque no las hemos descartado. Deseamos aclarar que la oposición no ha sugerido específicamente que nos abstengamos de sancionar individuos. Ciertamente, como lo explicó la S/A en su testimonio, algunos miembros de la oposición las han animado.»

Amenazas

El jueves 1ero de mayo el exembajador de EEUU en Venezuela, Patrick Duddy, explicó ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Alta, por qué las sanciones deberían ser contra funcionarios y no contra la economía venezolana, de acuerdo a informaciones de la web de El Universal.

Duddy señaló que Venezuela necesita más vender su petróleo a EEUU, que este país comprar el crudo venezolano, en vista del aumento de la producción petrolera de EEUU y el incremento en el suministro de Canadá.

«Nosotros podríamos hacer colapsar lo que es ya una implosión de la economía (venezolana) causando gran sufrimiento a la gente de Venezuela, así como dañando a pequeñas economías de la región que son clientes de Venezuela a través de Petrocaribe, pero eso no necesariamente contribuiría a mejorar la situación de los derechos humanos, conseguir mayor respeto a los derechos políticos de la oposición y restaurar las débiles instituciones del país», explicó.

El Washington Post, un influyente periódico en Estados Unidos, también se ha unido al debate sobre Venezuela. En su editorial del miércoles pasado, coincidió con esa posición y expresó que: «Más presión debe ser aplicada al Gobierno de Maduro si esto permite las reformas que podrían romper la caída libre de Venezuela. La imposición de un precio claro sobre los funcionarios que dirigen la represión sería apalancamiento útil».