La conspiración

Corresponde a las autoridades fiscales y judiciales realizar una investigación seria y consistente, a fin de establecer la verdad de los hechos denunciados sobre el magnicidio

Le doy crédito a la denuncia de conspiración internacional para el derrocamiento del Gobierno Nacional y potencial magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, algunos ministros o dirigentes parlamentarios del Psuv. La denuncia fue estrambótica, sólo por el modo particular de presentarla de Jorge Rodríguez, alcalde del municipio Libertador del Distrito Capital, Caracas.

Andan muchos “locos” (y “locas”) sueltos, en Venezuela, Colombia y Estados Unidos, venezolanos y nacionales de otros países. Algunos realmente desquiciados, y otros enloquecidos por el credo pro imperialista, neoliberal y macartista que los motiva. Andan envenenados, odian, se autodenominan “radicales”, sinónimo de brutales, por ser partidarios del “fast track” (a lo gringo) o vía rápida para el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, a quien no solo no reconocen (“ilegítimo”, le dicen) sino que desprecian humana y políticamente.

Corresponde a las autoridades fiscales y judiciales realizar una investigación seria y consistente, a fin de establecer la verdad de los hechos denunciados; y si fuere el caso, encausar judicialmente a los presuntos implicados. Sólo así saldremos de la incertidumbre.

Venezuela merece paz. Suficientes problemas hemos heredado de la “era Chávez”, como para permitir la vertiente de la violencia criminal que alienta la intolerancia fascistoide de quienes sueñan con una intervención militar extranjera. Algo así como “muerto el perro se acaba la rabia”.

Estas consideraciones, por ningún respecto, son un apoyo a las políticas del gobierno de Maduro, enervado por la inmensa corrupción chavista, el descalabro económico provocado por las mafias financieras que pulverizaron el bolívar, el autoritarismo estatista y el militarismo hecho manto sobre la sociedad venezolana. Sí es defensa democrática de la vigencia de la Constitución, la paz y las posibilidades de reorientaciones equilibradas y sensatas, mientras llegan las elecciones parlamentarias de 2015, que están a la vuelta de la esquina.

El camino democrático exige tolerancia, seriedad, comedimiento y principios. Basta de irresponsabilidades, como la violencia política opositora y el abuso de poder gubernamental. Venezolanos y venezolanas tenemos derecho a vivir en paz, luchando por nuestros derechos sociales, políticos y económicos plasmados en la Constitución.

Si la presunta conspiración denunciada por el Psuv (me pareció bien ridículo eso de “Alto Mando Político de la Revolución”) resulta cierta, se habría desarticulado la criminal acción terrorista, y ganaría la paz. Independientemente del encausamiento judicial de los implicados, se desactivaría el esquema violentista desplegado por los “radicales”, desde el 12 de febrero pasado, ya bastante endeble.

Mala jugada, otra vez, fue la de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), cuyo vocero principal, Ramón Guillermo Aveledo, salió a burlarse de la denuncia, cuando lo lógico hubiese sido acompañar las investigaciones anunciadas y esperar, sin acusar o prejuzgar a nadie, los resultados. Lo mismo hizo Henrique Capriles, en otro acto de irresponsabilidad. Este acompañamiento del presunto plan de violencia, por vía de la descalificación irresponsable y hasta payasesca, vuelve a enredar a los factores “democráticos” de la MUD en el chantaje de los “radicales” de ultra derecha, unos cuantos locos e insensatos, que carecen de la mínima sindéresis para dirigir a la nación.

Esta vez, acompaño al gobierno en su empeño de demostrar los graves delitos sugeridos a través de la denuncia de Jorge Rodríguez, a nombre de la dirección del Psuv y del presidente Nicolás Maduro. Lo acompaño desde la crítica a sus tremendas equivocaciones, abusos y corruptelas. Lo cortés no quita lo valiente; y en política, la seriedad vale.

Toda conspiración internacional contra la estabilidad institucional y la paz de Venezuela, debe ser firmemente rechazada por la inmensa mayoría de los venezolanos y venezolanas. Me sumo a los deseos de paz de nuestro pueblo. La merecemos, la necesitamos y somos partidarios de ella para superar las miserias del cepo chavismo-antichavismo.

La maduración democrática de nuestro pueblo permitirá esa elevación, un nuevo compromiso trascendente, honesto intelectual y éticamente, para hacer de Venezuela el mejor país que todos y todas soñamos.

El Confesionario

NO HAY material para licencias de conducir y títulos de propiedad de vehículos, por imprevisión en el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre, adscrito al ministerio del Interior, Justicia y Paz. La caótica situación se agravó desde enero pasado, porque no le fueron renovados los contratos vencidos el 31 de diciembre 2013, a unos novecientos trabajadores y trabajadoras, que indiscriminadamente fueron echados arbitrariamente de sus puestos de trabajo en todas las entidades federales del país.

MANIOBRAS Y TRIQUIÑUELAS judiciales impiden que el Tribunal VIII de Control de Caracas conozca la causa que por presunta estafa pesa en contra del presidente de la “OCV Techos Duros” de La Vega, Carlos Julio Hernández Cruz, quien durante años ofreció viviendas de interés social a cambio de “colaboraciones” en dinero por parte de los demandantes, quienes se sienten estafados. El caso llegó a tribunales, pero el demandado se ha dedicado a obstruir la marcha de la justicia cambiando de abogados, faltando a las audiencias por cuestiones de “salud” o “personales”. Después de varias audiencias suspendidas durante meses, la del miércoles pasado no se realizó tampoco, porque el titular del tribunal no dio despacho. Los demandantes sienten que hay denegación de justicia. ¡Qué mal anda el Poder Judicial!

OBTURACIÓN DE LA JUSTICIA se manifiesta desde el Tribunal Supremo de Justicia, donde los magistrados acomodan a su favor, vía resoluciones, los derechos laborales estatuidos. Es decir, magistrados jubilados por vencimiento de sus respectivos períodos, siguen desempeñando esas altas magistraturas con el argumento de evitar “una crisis institucional por vacancia de los cargos” debido a la deuda institucional que tiene la Asamblea Nacional con el Poder Judicial, igual que con el Poder Electoral y el Poder Ciudadano (Contralor General). Ello según Resolución Nro. 2010-0011, del 10 de marzo de 2010. Su artículo 2 estableció: “Los Magistrados… a los cuales se les haya otorgado el beneficio de jubilación, podrán continuar en el ejercicio de sus cargos siempre y cuando no hayan concluido el período constitucional para el cual fueron designados o hasta cuando la Asamblea Nacional efectúe nuevas designaciones. El Magistrado o Magistrada también podrá hacer uso del derecho a la jubilación antes de concluir el período constitucional para el cual fue designado o designada”.  ¡Más nada! Así han corrido las arrugas durante cuatro años durante los cuales la AN ha desatendido el mandato constitucional para la escogencia y designación de los magistrados. Tenemos así, un TSJ envejecido, no renovado y anclado en el control particular de las llamadas “tribus judiciales”, mientras el gobierno autoritario no termina de entender que la AN es plural por decisión popular, que desde 2010 precisamente, dejó de ser monopartidista, después del garrafal error opositor de abandonar las elecciones parlamentarias de 2005.

EL MAGISTRADO LUIS EDUARDO FRANCESCHI GUTIÉRREZ , jubilado desde el 26 de octubre de 2011, preside la Sala de Casación Social del TSJ, y otro jubilado, el ex magistrado Juan Rafael Perdomo sigue allí, mandando más que un dinamo. “Jubilado hace dos años, sigue mandando en la Sala Social, y el presidente Franceschi le obedece, y parece que los otros también”. Nadie entiende ni puede explicar ese enredo, pero no se queda ahí: “Perdomo sigue dirigiendo los tribunales de Lopnna, y su hija Ana Victoria Perdomo y esposo, también ejercen en materia laboral… Además, es jefe de la llamada Coordinación Laboral (juzgados laborales) y el TSJ lo nombró enlace con la Magistratura, léase jueces del país. También da órdenes a los Magistrados del TSJ, y sigue ocupando a medias el despacho que ocupó en la Sala Social, desde donde lanza instrucciones a funcionarios del TSJ, de esa Coordinación y su anterior despacho”. El caso es protuberante por tratarse de un  ex magistrado de muy larga trayectoria como docente universitario y especialista en materia laboral. Pero, “al mejor cazador se le va la liebre”: “El Magistrado Franceschi se hace a un lado, y deja que Perdomo mande en su Sala”. El ex magistrado “manda también, solapadamente, en Lopnna, a través de algunos coordinadores de circuitos, como ocurre en Caracas, incluso en causas llevadas por su bufete personal y familiar”. Por eso, “lo llaman ‘el magistrado Nro. 6’ de la Sala Social”.

CORRESPONDE A LA ASAMBLEA NACIONAL evaluar seria y exhaustivamente el desempeño de los magistrados jubilados, que todavía ejercen sus cargos en el TSJ, así como la de varios suplentes que están ejerciendo cargos de magistrados titulares, irregularmente, porque según la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, estos últimos, los suplentes, solo pueden ejercer funciones accidentales.