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Tres instancias brasileñas investigan al ministro de las Comunas por el tráfico internacional de armas de su niñera Yaneth Anza, la presencia no autorizada de un funcionario en ese país y la firma de convenios sociales sin aval de Brasilia.
La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional suspendió la sesión de ayer, que tenía en agenda la petición de los diputados Andrés Velásquez (La Causa R) y Ángel Medina (Pimero Justicia) de investigar al vicepresidente para el Desarrollo del Socialismo Territorial por la presunta comisión de uso indebido de bienes del Estado (peculado de uso), delito previsto y sancionado en la Ley Anticorrupción. “Suspendida inexplicablemente. En Brasil investigan, pero aquí nadie”, afirmó Velásquez, según informan los periodiodistas Hernán Lugo-Galicia y Maru Morales en un trabajo para El Nacional.
El Parlamento, la Procuraduría y el Ministerio Público brasileños, por el contrario, levantan tres expedientes. El Congreso interpeló al canciller Luis Alberto Figueiredo el 19 de noviembre, a quien el diputado opositor Ronaldo Caiado, partido Demócratas (DEM), demandará ante la Procuraduría por delito de responsabilidad al desconocer la agenda de Jaua en Brasil. Ese día Figueiredo aseguró que el convenio Jaua-Movimiento Sin Tierra no tiene válidez para el gobierno brasileño y que expresaron ante Miraflores “la disconformidad por el acto del ministro”.
La Procuraduría, por su parte, indaga el “el viaje inconsulto” de Jaua y desde el 12 de noviembre el Ministerio Público efectúa una “investigación civil” sobre el envío de 26 niños brasileños a campamentos de entrenamiento en las “Brigadas Populares de Comunicación” en el estado Sucre, desde 2011. “Esa actividad es violación de los derechos humanos”, dijo a la prensa el fiscal brasileño, Ailton Benedito.
La Cancillería de Brasil debería informar esta semana al Ministerio Público sobre el viaje de los menores, las condiciones, el tipo de actividades que hicieron y los responsables del grupo.
