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El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas cuestiona a Venezuela sobre las alegaciones de que los más de 3.000 detenidos durante las protestas del pasado febrero sufrieron torturas o tratos crueles y degradantes.
Por primera vez desde hace doce años, Venezuela compareció ante el Comité contra la Tortura de la ONU, que entre este jueves y viernes revisa si el Estado cumple con la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, informa EFE.
Durante su presentación inicial, el jefe de la delegación, José Vicente Rangel Avalos, viceministro de Política Interior y Seguridad Ciudadana, afirmó que la «Revolución Bolivariana es garante absoluta del disfrute de los derechos humanos de todas y todos». «En nuestro país contamos con un modelo policial y de seguridad humanista que respeta de manera irrestricta los derechos humanos», dijo.
Una afirmación que fue rebatida a través de preguntas específicas por Jens Modvig, relator del informe sobre Venezuela. «Hay alegaciones de que durante los disturbios de febrero hubo más de 3.000 detenciones, y que estas personas fueron desnudadas, amenazadas de violación, no se les permitió tener acceso a un médico ni a un abogado, ni contactar con su familia, y otras alegaciones de tortura. ¿Qué salvaguardas se aplicaron para prevenir la tortura?», cuestionó.
Varias ONG nacionales e internacionales han denunciado reiteradamente dichas violaciones, que se producen a menos de un año de que entrara en vigor la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en el país, norma que el viceministro presentó.
El relator recordó que la «ley doméstica» establece la prohibición de la tortura cuando la persona está «bajo custodia de las autoridades», pero preguntó qué normas se aplican cuando la persona no está oficialmente detenida. «¿Si se alegan torturas sin estar en custodia se investiga?», cuestionó.
En la misma línea, el experto dijo que le consta que se han denunciado «muchas más» de las 183 violaciones a los derechos humanos y 166 casos de malos tratos oficialmente registrados, «¿es así?,»¿cuántas»?
Precisamente, otra experta, Felice Gaer, recordó que «solo 12 funcionarios públicos han sido condenados por violaciones a los derechos humanos en la última década cuando en el mismo periodo ha habido más de 5.000 denuncias».
Por otra parte, Modvig cuestionó que la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura no sea independiente del Gobierno, dado que casi la mitad de sus miembros son representantes del Ejecutivo.
«De sus 13 miembros, 6 son representantes del gobierno y por lo tanto surgen dudas respecto a su independencia».
Además de Modvig, los expertos Abdoulaye Gaye, Essadia Belmir y Gaer preguntaron sobre el sistema judicial y cuestionaron que pueda ser independiente cuando «al menos» 15 % de sus miembros que son contratados temporales que pueden ser relevados en cualquier momento.
«El caso de la juez María Lourdes Alfioni es increíble, es la primera vez que yo escucho algo así. ¿Una juez detenida, agredida y violada por ejercer sus funciones?», aseguró Gaye.
«¿Ustedes no creen que este caso socava la independencia del resto de magistrados?, preguntó Gaer, a su vez.
El experto Alessio Bruni ahondó en el «total abarrotamiento del sistema penitenciario» y citó el caso de una cárcel creada para acoger a 700 reos y donde viven 7.000.
El presidente del Comité, Claudio Grossman, preguntó si es correcto que 60 % de los 53.000 reos no han sido aún juzgados y criticó este retraso del sistema judicial.
Por su parte, Belmir recordó los documentados ataques sexuales a las reas femeninas y las mujeres en detención.
Gaer también se refirió al caso de «presos de alto perfil como Leopoldo López» y criticó, entre otras cosas, que se les mantenga en confinamiento asilado.
Todos exhortaron a Venezuela a extender una invitación al Relator contra la Tortura y se cuestionaron porqué no han aceptado ninguna de las peticiones de visita de los 8 relatores que lo han solicitado.
Denuncias del Foro Penal
El Foro Penal Venezolano, encabezado por su Director Ejecutivo, Alfredo Romero, presentó ante el Comité Contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) 138 casos de torturas ocurridos desde febrero de 2014 y recomendaciones para el Estado Venezolano en cuanto a la situación de torturas y tratos crueles e inhumanos ocurridos en Venezuela, informa la web La Patilla.
Romero, igualmente, presentó ante el Presidente del Comité, ciudadano Claudio Grossman casos no investigados ocurridos desde 2013, tal como el de Ehísler Vazquez quien fuera presuntamente disparado a quemarropa con escopeta de perdigones en su cara y desfigurado su rostro el 15 de abril de 2013, durante las protestas desarrolladas en Barquisimeto relacionadas con las elecciones presidenciales. Así como 17 casos mas denunciados ante Fiscalía.
Casos como el de Gerardo Carrero, detenido desde mayo de 2014, quien denunció torturas y que al día de hoy se encuentra recluido en los sótanos del SEBIN en Plaza Venezuela, sometido a aislamiento, si acceso a sus abogados, es uno de los tantos casos presentados.
Asimismo, la ONG, cuyos abogados han asistido a aproximadamente 2500 detenidos producto de protestas desde febrero de 2014 hasta el 31 de octubre, presentó un informe sobre casos de detenciones arbitrarias, y específicamente mantuvo un reunión privada con el Grupo de Detenciones Arbitrarias de la ONU para presentar los casos personas al día de hoy detenidas, tales como, José Aguilera, Christian Holdack, Jordyn Ruiz, Marcos Guillén y Marcelo Crovato detenido “sin orden judicial” y recluido en Yare III cuando asistía como abogado a unas personas en un allanamiento en Chacao el 22 de abril de 2014.
Según esta ONG, desde el 4 de febrero a la fecha, ha habido 3400 detenciones en Venezuela relacionadas con las manifestaciones ocurridas en esta época, dentro de los cuales se encuentran 2576 estudiantes y 279 menores de edad o adolescentes. “Hemos observado y compartido con representantes de la ONU que esta cifra de detenidos por manifestaciones podría ser la más alta del mundo en un país donde no hay guerra o conflicto armado, más aún si se analiza por número de habitantes. Muy seguramente es la mayor cantidad de estudiantes detenidos por protestar en la historia”, señaló Romero.
Con información de EFE y La Patilla.
