Con la destitución del general Miguel Rodríguez Torres del Ministerio del Interior y Justicia, la Fuerza Armada Nacional recibió una partida de defunción a plazos.
No es paroxístico ni visceral afirmarlo: pero con la destitución del general Miguel Rodríguez Torres del Ministerio del Interior y Justicia el viernes antepasado, la Fuerza Armada Nacional -y en particular el Ejército- recibieron una partida de defunción a plazos que, se irá haciendo efectiva, según los Colectivos vayan copando el total de los espacios políticos, sociales, militares y territoriales del país.
Es el final de una historia, el de la historia republicana de Venezuela, la que se inició, justamente, con la fundación, entre otras instituciones, del Ejército Nacional, convertido ahora -como consecuencia de su degradación en una milicia partidista e ideologizada-, en retaguardia de una fuerza civil armada irregular e inconstitucional que, progresivamente, le ha arrebatado honor, jerarquía y funciones.
No es, sin embargo, una historia nueva, pues se inició a comienzos de 1999 con aquella “Constituyente”, de la cual, salieron politizadas, desprofesionalizadas, y socializadas, pasando a formar parte de un Estado que las fue moliendo hasta dejarlas convertidas en puro bagazo.
Pero sucedieron hechos más graves, como fue imponerles asesores, consejeros y comisarios extranjeros, que hicieron tienda en sus propios cuarteles, transformándola en aliada de ejércitos en desbanda, remanentes de derrotas históricas, que no tenían otra experiencia que trasmitirle que hacer parte de un mundo sin eficacia cuya marca de fábrica era el fracaso del comunismo, el socialismo y el totalitarismo.
Lo peor, sin embargo, fue organizarles al lado, o frente a sus cuarteles, tropas de civiles armados, los Colectivos, que no estaban contemplados en la Constitución, ni permisados en ninguna ley ni estatuto, que so pretexto de que nacían para defender la revolución de sus enemigos internos y externos, pasaron a disputarle a la FAN “el monopolio de las armas”.
Pero un punto de quiebre entre las dos fuerzas, la regular y la irregular, no surgió sino durante la crisis política que estalló en febrero del año en curso y se extendió hasta finales de junio, cuando, Maduro, desoyendo las voces de la comunidad internacional que le recomendaban la vía del diálogo con la oposición, optó por la represión sin medida, juntando a cuerpos de la FAN (como el Ejército y la GNB), con los Colectivos, validando un maridaje que, al final del día, concluiría con la desaparición cantada de la primera.
Experiencia que, sorprendentemente, le permitió a las fuerzas regulares de la FAN representadas en el Ejército y a la GNB, observar “al monstruo”, ver a estos civiles con toda suerte de armas de guerra, volando en motos de alta cilindrada, y perfectamente organizados, y con una destreza en el combate y en la persecución que fácilmente les hubiera facilitado dar cuentas de pelotones, batallones y hasta brigadas.
Y con la ventaja de operar perfectamente en las sombras, como que venían de las
¡sombras y se iban a las sombras, a los barrios, donde tenían sus bases de apoyo desde las cuales, no solo se daban el lujo de empeñarse en combates políticos y militares, sino también faccionales, territoriales y hamponiles.
Más de 40 asesinados, 400 heridos, y 1000 detenidos fue el saldo de los enfrentamientos entre manifestantes desarmados y grupos armados que chocaron en calles y avenidas del país entre febrero y junio y mucho más de la mitad podría ser se atribuida a los Colectivos.
Cifras que, si bien no llamaron la atención de los organismos del Poder Público venezolano, y mucho menos de instituciones y ONG internacionales focalizadas en el tema de los derechos humanos, si soltaron las alarmas de los cuerpos de la FAN que,
de conjunto, y con el apoyo de Maduro, movieron sus piezas para obligar el desarme de los Colectivos.
La herramienta para intentarlo fue la recién aprobada “Ley de Desarme Voluntario” que, con el mayor entusiasmo, empezó a publicitar, proclamar y aplicar el defenestrado ministro del Interior y Justicia, general, Miguel Rodríguez Torres.
Es, de esta frustrada intentona, de donde se derivan los vientos huracanados que recientemente se han desencadenado sobre el país y que, podrían conducir, no solo en lo que ya es obvio, la muerte por consunción lenta de la FAN, sino también a que Maduro ejerza su mandato con un mínimo de consenso, gobernabilidad y legitimidad.
Consecuencia esta última, de la debilidad de su liderazgo, su incapacidad para contar con el respaldo de la estructura del PSUV, y su falta de traning en el manejos de instituciones como las alcaldías, las gobernaciones, la Fiscalía, el TSJ, y la Asamblea Nacional.
Fragilidad que explica, igualmente, su ambigüedad, inseguridad, doblez, de plegarse a las políticas del último de sus interlocutores y que, a fin de cuentas, no sea aliado de nada, ni de nadie.
El caso en que, se compromete a respaldar a Rodríguez Torres y al Ejército en la aplicación de la Ley de Desarme” y después los abandone, en cuanto sale mal su aplicación, plegándose, de inmediato, a los ganadores, a los Colectivos, nos habla de un presidente a la deriva y expuesto a que se lo lleve el primer viento de cola.
Absolutamente aislado, porque ya no puede seguir esperando con que la fuerza armada regular sea el garante del feliz terminó de su mandato, pero mucho menos que la irregular, los Colectivos -del cual los separa un abominable hecho de sangre-, se las juegue por el presidente del: “¿Qué quieres tú que yo haga?”.
El jefe de Estado de un país donde el diputado y ex policía, Freddy Bernal, pasa a ser la segunda –si no la primera- autoridad del gobierno, el sustituto del general Miguel Rodríguez Torres, del líder del Colectivo “5 de Marzo” (el mismo de Odremán) definitivamente dirigido a que los cuerpos policiales se conviertan en auxiliares de los fuerzas irregulares, de las mismas cuya finalidad estratégica es acabar con la FAN.
Objetivo que no es que no estuviera inscrito en el plan “secreto” de la revolución, pero para hacerle el trabajo más difícil a la derecha, a los capitalistas e imperialistas y no más fácil a la delincuencia organizada y al hampa común. En definitiva, cumplimiento cabal de aquella ley, según la cual, “en política lo más probable es que los resultados obtenidos, terminen siendo lo contrario a los esperados”.
