Jesús Silva R.
Pudiera aterrizar un nuevo gobierno, de izquierda o de derecha, en Miraflores en el 2019 o antes, y el pueblo venezolano no le firmará un cheque en blanco.
Quince años después de su creación, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) ha generado profundas transformaciones en nuestro país y ha llegado a influenciar la vida política de otras naciones del mundo a partir del año 1999, aunque mucha gente no lo crea bajo los efectos tóxicos y mezquinos de la polarización.
En lo que respecta al ámbito político, la participación ciudadana se ha elevado al máximo y penetra todos los espacios institucionales y sociales. Ahora millones de venezolanos hablan de la CRBV, muchos la han leído parcial o totalmente y la tienen como referencia en su vida laboral, comunitaria y familiar. Tales niveles de atención y puesta en práctica de la Carta Magna no tiene comparación con ninguna etapa previa de Venezuela y ello ha hecho que nuestra sociedad sea más crítica hacia los diferentes sectores del país, exigente para con los gobernantes, observadora frente a los movimientos sociales, desconfiada hacia grupos económicos, mediáticos y hasta religiosos. Pudiera aterrizar un nuevo gobierno, de izquierda o de derecha, en Miraflores en el 2019 o antes, y el pueblo venezolano no le firmará un cheque en blanco, ni lapso prolongado de espera para ver sus resultados porque ahora la ciudadanía ha perdido la ingenuidad y el adormecimiento político que la subyugaba en décadas pasadas.
En el plano ideológico, millones de compatriotas en diferentes clases sociales leen y discuten sobre ideología y ello es obra de la CRBV porque a partir de su entrada en vigencia las doctrinas políticas se han posicionado ampliamente en la controversia de la opinión pública, tanto entre quienes defienden el proceso constitucional bolivariano como entre quienes lo adversan. Evidentemente esa resurrección de las ideologías es resultado de la aparición de Hugo Chávez como gran estimulador de ese tipo de debates. Ni siquiera en tiempos de la guerra fría que se vivió entre EEUU y la URSS, Venezuela fue tan inquieta por la cuestión ideológica como ahora pues aquellas guerrillas de los 60, 70 y 80 del siglo pasado fueron reducidos movimientos foquistas con mayoría de jóvenes de clase media que jamás lograron contagiar a las grandes masas obreras y campesinas. Estas más bien se entusiasmaban con el partido Acción Democrática y un poco menos con Copei. Fue con la CRBV y Chávez que la idea del socialismo por primera vez emocionó a millones de personas que luego ratificaron con votos los triunfos electorales que la vieja izquierda venezolana jamás alcanzó.
En el orden social, la CRBV y las primeras leyes habilitantes que se derivaron de ella durante la Presidencia de Chávez, se impulsaron cambios estructurales para la nación; ejemplo: la batalla por el control de PDVSA en 2002-2003 donde el gobierno desalojó a las élites internas que la manejaban y se apoderó de la renta petrolera poniéndola al servicio de misiones sociales que han favorecido a millones de conciudadanos, sobremanera a los históricamente marginados de los sistemas de educación, salud, alimentos, créditos y subsidios. Con la CRBV se consolidó la inversión social como política pública central del Estado venezolano, sepultando la vieja concepción del “gasto social” que repartía limosnas y generaba millones de excluidos. Es en este sector humilde y popular de la población donde sobrevive la expresión más extensa del denominado “chavismo duro”. Paradójicamente, el desatino gubernamental de no ampliar las misiones sociales a los segmentos de la clase media es lo que hace que la mayoría de los mismos hagan oposición al modelo bolivariano.
En la esfera institucional, a partir de la CRBV se hacen enormes esfuerzos por transformar la estructura del Poder Público Nacional. Por desgracia, la lucha contra el burocratismo y la corrupción es un área donde falta demasiado por hacer en función de consolidar un Estado eficiente, eficaz y más transparente en su gestión administrativa. El retraso o estancamiento en el aspecto institucional debe crear preocupación en el gobierno actual pues a todas luces crece el malestar social.
Cerramos este balance constitucional con la materia económica. Aparecen más preguntas que respuestas. Se logró la seguridad alimentaria prevista en el artículo 305 de la Carta Magna, se incrementó el poder adquisitivo de la clase trabajadora con mayor acceso a salud y vivienda. Pero -y para un analista objetivo nunca falta un pero- debemos decir que desde 2013 se ha retrocedido y reaparecen males como: improductividad económica, inflación, desórdenes en el sistema cambiario de divisas, escasez (inducida o no) de alimentos, medicinas, productos de aseo personal y todo tipo de bienes esenciales. Hoy la patria vive una incógnita: ¿recuperaremos el bienestar de los tiempos de Chávez o se profundizará la guerra económica tan dañina de la era Post-Chávez?
El autor es constitucionalista y profesor de estudios políticos UCV
