El Presidente, Nicolás Maduro Moros, tiene la mayor responsabilidad en el drama de sangre, extorsión, corrupción e improductividad. Sus ministros, gobernadores y otros altos funcionarios, involucrados en el desastre del oro, no le paran.

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Pasando la hoja / Manuel Isidro Molina

Lejos de amainar o siquiera, mantenerse en los niveles de diciembre de 2014, cuando el domingo 21 comenzamos a denunciar la criminal y sangrienta crisis en la zona del oro en el sur de Guayana, hoy su gravedad se ha profundizado en medio de un aquelarre mafioso, con asesinatos en masa, extorsión generalizada de los mineros y corrupción descarada y criminal de autoridades civiles y militares, no pocas veces en conjunción con bandas paramilitarees colombianas y traficantes de oro con conexiones hacia Brasil, Colombia, Guyana, Trinidad-Tobago, Aruba, Curazao, España y Gran Bretaña, por ilegales rutas terrestres, aéreas y acuáticas.

Baño de sangre y extorsión

Ese baño de sangre, con más de cien mineros asesinados a bala y muchos de los cadáveres descuartizados a machete y motosierras para causar terror entre los mineros y las poblaciones de Guasipati, El Callao y El Dorado, entre otras, transcurre bajo tenebroso silencio impuesto por la complicidad de autoridades civiles y militares en el estado Bolívar, donde como todo mundo sabe y lo hemos denunciado, la extorsión de los mineros es una constante, tanto en “gramas” de oro como en bolívares.

Parálisis gubernamental

Estas últimas semanas, contrastando con el silencio total en medios de comunicación social públicos y privados de la región, el diario El Nuevo Guayanés (@nuevoguayanes) ha reportado tal estado de criminalidad, a pesar de las directrices presidenciales con la creación de la “Comisión Presidencial para la protección del Desarrollo y Promoción Integral de la Actividad Minera Licita en la Región Guayana”, instalada el 11.06.2014, y encabezada por la ministra de Estado, Nicia Maldonado, jefa de la Región de Desarrollo Integral Guayana,  integrada por altos representantes de nueve (9) ministerios del gobierno nacional, los gobernadores de Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, el Banco Central de Venezuela (BCV), la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y el Ministerio Público. Poco o nada ha funcionado.

El 19.11.2014, fue aprobada en el paquete de 28 decretos con rango y fuerza de ley –vía habilitante- la reforma de la Ley de Exploración y Explotación del Oro, cuya implementación no ha avanzado, tampoco. Nada se sabe de lo que ahora es competencia directa del ministerio de Energía y Petróleo y del BCV, salvo la letra muerta de la ley, porque el caos de la minería del oro es tremendo.

Misión “nada”

La «Misión Piar”, bajo la presidencia de Dámaso Mendoza, nada ha hecho y no se entiende qué hacen sus directivos y funcionarios en Caracas y Guayana, a pesar de sus competencias oficiales: “promover la organización de los pequeños mineros, mineros artesanales y comunidades indígenas mineras, mediante la asistencia técnica necesaria a efectos de lograr su fortalecimiento; realización de talleres en diversas áreas laborales que permitan incrementar las capacidades de la población indígena minera; propiciar la realización de jornadas mediante la alianza estratégica con diversas instituciones del Estado y otras misiones sociales para optimizar y proporcionar acceso de las comunidades mineras a los servicios básicos”.

Minerven, por el suelo

Minerven, ahora adscrita al ministerio de Energía y Petróleo, anda por el suelo. Su nómina de unos 6.000 (seis mil) trabajadores, la paga Pdvsa, un desaguadero, sin percibir beneficio alguno; la planta Perú fue desmantelada por bandas criminales que se llevaron maquinaria y todo tipo de implementos, bajo la mirada cómplice de las autoridades del Pdvsa, el ministerio, el BCV y la FANB, un pillaje indescriptible.

Así, Venezuela es la única nación en el mundo, que mantiene gigantescas minas de oro, diamantes y otros preciosos recursos en tal grado de anarquía, delincuencia y niveles paupérrimos de producción. Perú es el quinto productor de oro del mundo, después de los cuatro primeros:  Sudáfrica, China, Australia y Estados Unidos; Venezuela no cuenta, a pesar de sus enormes reservas, que podrían junto con el petróleo, el hierro, el aluminio, los diamantes, el coltan y las gigantescas minas de minerales no ferrosos hacer de esta “tierra de gracia” un verdadero emporio industrial y con sólidas reservas de oro y diamantes en las bóvedas del BCV.

No le paran…

El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, tiene la mayor responsabilidad, hoy, en este drama de sangre, extorsión, corrupción e improductividad. Sus ministros, gobernadores y otros altos funcionarios involucrados en el desastre del oro, no le paran, no actúan; y definitivamente, algunos de ellos están implicados en la danza de millones y contrabando de oro existentes en el sur de Guayana, bajo control de mafias asesinas que despedazan cadáveres a machete y motosierras, impunemente.

En Guasipati, El Callao y Tumeremo, entre otras poblaciones, así como en las áreas mineras, se vive un terror indescriptible, perfectamente novelesco. Sus pobladores claman justicia y aplicación de las leyes, tomando en cuenta los derechos de los mineros artesanales, supuestamente beneficiarios de la Misión Piar y de las políticas socio productivas del ministerio para las Comunas y Protección Social, conducido por Elías Jaua Milano, vicepresidente del Consejo de Ministros para el Socialismo Territorial.

El Confesionario

• MAFIAS “CHAVISTAS” comenzaron fuerte batalla de zancadillas contra  la  decisión  del presidente Nicolás  Maduro, de  diagnosticar  y  elevar  la  eficiencia  y  calidad  de  las   empresas   estatizadas. No quieren ser investigados ni, mucho menos, procesados penalmente, que es lo que corresponde.
• EL SISTEMA PRESIDENCIAL de Empresas Ocupadas, Recuperadas y Nacionalizadas, presidido por el economista Juan Arias, ha  propuesto  un diagnóstico  de  las  debilidades, fortalezas, procesos productivos y administrativos; así como fortalecer la  capacidad  del  recurso  humano, transparencia  en  manejos  financieros  y control  de  activos. Pero, las mafias no se dejan, se resisten a la orden presidencial y al trabajo de los comisionados, los cuales son tratados como un estorbo.
• EL PRIMER TRIMESTRES 2015 es considerado “perdido” por el sector industrial privado. Sus dirigentes y asesores creen que “se perdió una etapa valiosísima para relanzar y recuperar la economía, por la discordia y peleas entre ministros y la indecisión del presidente Maduro”.
• EMPRESARIOS LAMENTAN “la oportunidad perdida: se hunden el bolívar y la producción; reinan las disputas por áreas de poder económico y financiero, por ejemplo, entre los ministros Osorio, Gil y Bello; y los desencuentros entre directivos de Pdvsa, CVG, Conviasa, Inac, entre otros, generan más parálisis”.
• DISPUTAS ENTRE MERENTES Y MARCO TORRES le ponen la tapa al frasco, fenómeno mundial por su nivel de descalabro. El BCV y MinFinanzas “muñequean” por el control de las finanzas públicas, y no pocos negocios con sus “bolichicos”, mientras la economía cae y cae.
• LA FISCALÍA GENERAL PROCESA DENUNCIA de presuntas irregularidades en el desarrollo urbanístico “Lomas de Santa Fe” en Baruta, cometidas por sus promotores (Grupo Marshall) y algunos funcionarios de la  Alcaldía de Baruta. Los abogados recurrentes señalan “diferencias en metrajes permisados y construidos (estafa inmobiliaria); otorgamiento de fichas catastrales y urbanismos sobre terrenos que corresponden a otras propietarios y fichas catastrales; traspasos de apartamentos a precios viles entre entidades relacionadas con el Grupo Marshall; ventas de inmuebles objeto de litigio; etc.»
• LEOPOLDO SAYEGH, abogado y empresario de la construcción, anda en Miami, echando pestes contra Julio Borges (PJ), a quien dice haber “mantenido durante más de cinco años”. En el restaurán “Zuma” del hotel Epic, en Brickell, le escucharon decir: «Que bolas tiene, después que le he dado tanta plata, ni siquiera puso a mi hijo (Elias Sayegh) como suplente en las postulaciones de PJ a la Asamblea Nacional”
• LUIS ENRIQUE GALLARDO, ex gobernador del estado Guárico y ex rector de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, fue condenado a 18 años de presidio por “malversación específica de fondos públicos y evasión de procedimientos de contratación pública”, junto con sus compinches Leonardo Rodríguez y Carlos Alfonso Cerezo. No están todos los que son. Este fue uno de los casos denunciados insistentemente en mi columna, desde el 04.06.2012, a partir de denuncia confidencial de un grupo de docentes universitarios y por víctimas de la peligrosa mafia que operó durante años en los estados Aragua y Guárico.

MANUEL ISIDRO MOLINA