La muerte de Kluiberth Roa, liceísta de escasos 14 años de edad a manos de un miembro de la Policía Nacional Bolivariana, demuestra hasta donde puede llegar la barbarie milico-bolivariana
José Rafael López Padrino
Desde la llegada al poder de la logia militar bolivariana en 1998 el país ha estado sujeto a un terrorismo de Estado avasallante como expresión de la Doctrina de la Seguridad Nacional Bolivariana. Hemos visto como un Estado omnipotente ha utilizado a las fuerzas policiales, diversos componentes de la Fuerza Armada Nacional y a grupos paramilitares en contra de sus ciudadanos, recurriendo en algunos casos al asesinato de muchos de ellos, violando en forma flagrante las disposiciones establecidas en nuestra Carta Magna. La muerte de Kluiberth Roa, liceísta de escasos 14 años de edad a manos de un miembro de la Policía Nacional Bolivariana, demuestra hasta donde puede llegar la barbarie milico-bolivariana.
Iniciado por el ya fallecido embaucador de Sabaneta y continuado por el binomio de la bestialidad “Maduro-Cabello” han convertido al Estado venezolano en terrorista y forajido al institucionalizar la represión, la tortura, y el asesinato, criminalizar y judicializar la protesta social, militarizar la justicia, organizar grupos paramilitares. Todo ello orientado a imponer una obediencia absoluta mediante la propagación pánico por todo el tejido social. Prácticas que no son nada nuevas, todas ellas comunes en regímenes despóticos al margen de su signo ideológico.
La nefasta alianza de milicos y civiles que tomó el poder en 1998 se ha empeñado en disciplinar a la sociedad venezolana y eliminar todos vestigio de disidencia ideológica. A tal fin han modificado y aprobado nuevas leyes e instancias represivas orientadas a acentuar el control social y político. Allí están la Ley Orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo (Lodofat), la reciente resolución 8.610 dictada por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, que permite el uso de armas letales para el control de manifestaciones; igualmente la creación del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa) y reglamento orgánico de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCM). Además, han militarizado a la sociedad, y han establecido un monopolio comunicacional mediante la asfixia económica a los medios independientes, la censura a otros y la autocensura ante el miedo.
A fin de desarrollar el modelo represivo bolivariano y consolidar un estado de excepción -no declarado, pero vigente-, el país ha sido dividido en varias zonas operativas militares (Regiones Estratégicas de Defensa Integral de Venezuela). Son espacios en los cuales los milicos tienen la potestad de ejecutar “operaciones de defensa”, entiéndase labores de represión contra estudiantes, trabajadores, etnias indígenas muchas de ellas al margen de las leyes de la República. Es decir, han creado un Estado militar ilegal, amparado paradójicamente por las leyes de la República. Producto de ello el régimen ha invadido con su violencia militarizada y arbitrariedad todos los planos de la vida nacional.
Sin embargo, hay que acotar que el régimen bolivariano ha significado un “salto cualitativo” en materia represiva con respecto a los anteriores gobiernos adecos y copeyanos. Si algo ha caracterizado al régimen milico-hamponil ha sido la descalificación y difamación de sus víctimas. No olvídenos que el sátrapa de Miraflores declaró a raíz de la muerte de Kluiberth Roa, “el liceísta asesinado pertenecía a una secta de la derecha”. Primeramente, el iletrado del Metrobus miente en cuanto a la afiliación política del joven asesinado y segundo, asumiendo que ello fuese cierto, ello no es excusa para justificar tan horrendo crimen.
Maduro y su pandilla intenta «tutelar con las armas» el descontento y conflictividad laboral y social que existe en el país. Mediante el uso de la represión y violencia militar pretende acallar el descontento popular generado por la escasez, la inflación, la inseguridad, el desempleo, etc. Busca a través de estos perversos métodos disciplinar a las masas a fin de lograr su desmovilización, frustración y finalmente su resignación.
La puesta en practica de la Doctrina de la Seguridad Nacional Bolivariana se ha traducido en una política de Estado que viola los derechos humanos de los venezolanos.
