Las constituciones y las leyes se hacen, entre otras cosas, para tratar que las soluciones no se vuelvan exclusivamente coyunturales
Luis Fuenmayor Toro
Nunca he estado de acuerdo con saltarse leyes, reglamentos o normas, al momento de realizar una acción cualquiera: desde la compra de un bien material hasta la detención de un ciudadano. Jamás apoyé decisiones del Consejo Universitario de la UCV, que en forma alegre se saltaban los procedimientos de las licitaciones con el argumento de la urgencia de la adquisición. Son muchos mis votos salvados en esta materia. Recuerdo que argumentaba como delegado de los profesores que incluso la emergencia está perfectamente tipificada en las leyes y reglamentos. Una parte de la izquierda ucevista era muy crítica y muy apegada a cumplir con los reglamentos y a garantizar una administración honesta y transparente de los recursos. Cuando las malas prácticas se hicieron presentes en el gobierno de Chávez, incluso en las acciones del mismo Presidente, objeté aquellas conductas como resabios del pasado adecocopeyano. Mis compañeros hasta ese momento, al parecer olvidaron sus prácticas y, penosamente, una parte de ellos comenzó a justificar lo injustificable.
Ese cuento de que “el fin justifica los medios”, que pudiera parecer en principio apropiado en determinadas circunstancias, termina siendo que “mis fines justifican los medios”, no así los fines de otros, sobre todo de los adversarios, consideración muy sectaria que toma los objetivos propios como más importantes que los del resto de la sociedad. Este es uno de los grandes males de los gobiernos en general y del “bolivariano” en particular: creer o considerar que siempre tienen la razón. Ellos son los predestinados, los escogidos, no se sabe por quién, para llevar a este país a “la mayor suma de felicidad posible” y, cuando la realidad que es terca y no entiende de esas cosas los contradice, se salen de sus cabales y comienzan a agredir a diestra y siniestra a quienes hacen responsables de sus propias limitaciones. Es la misma conducta de los fanáticos religiosos, llámense cristianos, judíos, musulmanes o budistas. Ellos son los designados por Dios y tienen que imponer sus designios; el problema es que no hay un solo Dios sino que cada secta (hablo de los fanáticos) tiene el suyo y quiere imponérselo a los otros, a los infieles, a quienes no entienden.
Los venezolanos nos encontramos entre dos grupos fanatizados que no ven sino la destrucción del adversario. En este momento notamos más las acciones infelices del Gobierno nacional, pues es quien tiene la posibilidad de cumplir su misión sobre la tierra a costa de lo que sea. Pero si viviéramos una realidad opuesta, las cosas serían exactamente iguales pero los actores cambiarían de lugar: los verdugos serían otros, quienes hoy son víctimas, y las víctimas serían los verdugos actuales. Y todos con la cara bien lavada, sin fruncir el ceño, como si aquello fuese natural. Las justificaciones sobran: el bien de la patria, la libertad y la democracia, la independencia nacional, la paz (muchas veces de los sepulcros, como decía el padre Vives Suriá), la gloria de nuestros libertadores, aunque nada de esto esté en verdad presente como fundamental en los bandos enfrentados. El problema es el poder, tomar el poder, quedarse en el poder, no para hacer sino para usufructo personal o de una camarilla.
El Gobierno estadounidense, al que acude una parte de los protagonistas actuales, consideró en su momento a Anastasio Somoza, como gobernante ideal para Nicaragua a pesar de ser, según ellos mismos, un “hijo de puta”, pragmáticamente lo aceptaron pero lo definieron como “nuestro hijo de puta”. Pareciera que en Venezuela estamos entre “hijos de puta”, lo único es que una parte son los “hijos de puta” de los otros y no nuestros “hijos de puta”. Es una situación muy lamentable para la nación venezolana, que se disuelve y desaparece enfrente de todos nosotros. Las constituciones y las leyes se hacen, entre otras cosas, para tratar que las soluciones no se vuelvan exclusivamente coyunturales, para no hacer aquello de que “como vaya viniendo vamos viendo”, para tener una referencia que le ponga cierto límite a las pasiones, siempre presentes cuando se trata de la disputa por el poder.
En el caso de Ledezma es claro que le han debido realizar un antejuicio de mérito, según sentencia del TSJ de 2003. No hay excusas ni justificación para no haberlo hecho. Por allí hay una violación del debido proceso, aunque no les guste a los desaforados fanáticos, que parecen ávidos de sangre como los asistentes al Coliseo romano. La sola proclama, “la transición”, aunque sospechosa y fanatizada, no constituye delito, pues en Venezuela no existe el delito de opinión. Y no me vengan con el cuento de que en EEUU le habrían dado cadena perpetua, pues se supone que están enfrentados al imperialismo yanqui y es una animalada utilizar sus conductas como justificativo de las nuestras. No se entiende y no ha habido explicación de por qué si un cooperante, en este caso no patriota sino realista y además preso, acusó a Ledezma y a Borges hace varios meses, el procedimiento es ahora cuando se inicia.
Por último, la práctica de quitar la inmunidad parlamentaria sin mayoría calificada es inconstitucional y a todas luces contraria a los principios de las democracias formales. No hay justificación de esta práctica; no la hubo en el pasado cuando Betancourt lo hizo con el Congreso de entonces, ni la hay ahora con Maduro.
