Los organismos represores se han convertido en los carceleros y perseguidores de los venezolanos disidentes.
Por Tamara Suju Roa
Patéticas las declaraciones de quien se supone es un defensor de derechos humanos sobre la situación de los jóvenes detenidos aún en el Sebin de la Plaza Venezuela, en el sótano 5, conocido como “La Tumba”. Según el Defensor del Pueblo, los jóvenes habrían solicitado permanecer en dicho sitio. Primero quiero hacer un recuento de como llego la “Defensoría” a “La Tumba” y cuánto se tardaron. Y esto le cae a la institución, porque aunque quien la regenta es “nuevo”, la institución conocía lo que ahí ocurría.
La situación que vivían los tres jóvenes detenidos en dicho lugar fue dada a conocer por sus abogados, familiares y ONG’S de DDHH, aún antes de que el ex presidente colombiano Andrés Pastrana lo dijera en sus declaraciones en la visita que hizo al país, y que permitió a la opinión publica internacional conocer acerca de la existencia de dicha cárcel. En el mes de septiembre de 2014, se solicitaron medidas cautelares a la Comisión Interamericana de DDHH y fueron substanciadas mes por mes, por el trato malvado y cruel del que fueron objeto los jóvenes y el deterioro de su salud física y mental, debido a las condiciones infrahumanas de dicho lugar.
Ya el gobierno sabía que la CIDH le estaba solicitando información sobre las condiciones en que estaban los detenidos en dicha cárcel, la opinión pública conocía la existencia de “La Tumba” y algunos medios nacionales y los canales de TV internacionales —que se han convertido en los ojos de los venezolanos— se habían hecho eco de las denuncias, sin que hubiera el menor indicio por parte de los carceleros de querer cambiar las cosas. Tuvieron que ponerse los tres muchachos en huelga de hambre, con el consabido deterioro físico que esto traía y más en sus precarias condiciones. Tuvieron sus familiares que llorar de angustia y la CIDH dictar las medidas cautelares de protección, para que el régimen se viera obligado a otorgarles algunos “beneficios” que hacen un poco más vivible el estar encerrados en una especie de bóveda subterránea. (Debemos recordar que no son beneficios, son derechos que el Estado debe garantizar, según las normas y convenios internacionales de protección de DDHH y los estándares mínimos de protección para las personas privadas de libertad).
No me cabe la menor duda que cada uno de los jóvenes que aún permanecen en éstas celdas del Sebin, conoce lo que se vive en las cárceles comunes, en Yare, en El Rodeo, en la Pica, en Uribana. Hace pocos días, un venezolano prefirió quitarse la vida en el Sebin del Helicoide, ante los rumores de un posible traslado a una cárcel común. Hay quienes afirman que los jóvenes detenidos junto con él, han contado que se sacrificó por ellos, para que no fueran trasladados. Sólo pensar que pudo pasar por la mente de Rodolfo González, de 63 años de edad, cuyo juicio se encontraba en el limbo desde hacía 5 meses, ya que ni siquiera tenía asignado tribunal de juicio, me hiela el corazón. La perfidia de ciertos funcionarios la hemos conocido quienes le vimos la cara a la maldad el año pasado. Sabemos de qué son capaces, cómo funcionan sus mentes y conocemos la vulnerabilidad de quienes hoy sufren injusta detención por motivos políticos.
Ante las precarias e infrahumanas condiciones de las cárceles venezolanas, famosas no sólo por el tráfico de armas y drogas, sino por los múltiples asesinatos que en ellas ocurren, la última tragedia por cierto no hace mucho en Uribana, donde murieron 42 presos y más de 100 resultaron intoxicados, los abogados y activistas de derechos humanos hemos terminado clasificándolas y determinando cuales son “las menos malas” y cuales “impensables” para los presos políticos. Es decir, aunque las “menos malas” estén generalmente dentro de los organismos de seguridad del Estado, y conozcamos sobre denuncias de torturas y tratos crueles que en ellas se han cometido, preferimos que los presos políticos estén bajo la tutela de sus verdugos, y no bajo la anarquía que existe en la población de los penales. El Helicoide, Ramo Verde, los comandos de policía, se convierten en las cárceles protectoras de los injustamente encarcelados. ¿Qué paradoja no? Debo decir, que hemos tenido conocimiento de algunos casos que han sucedido en las cárceles comunes, donde los reclusos han salido en defensa de presos políticos, ante la saña y la violencia con la que han sido castigados por los carceleros.
Pero, ¿cómo olvidar que fue en el Helicoide donde al comisario Lázaro Forero le dio cáncer avanzado de próstata por no recibir tratamiento médico adecuado y a tiempo?¿Cómo olvidar la muy precaria situación de salud que llevo a la “justicia” a otorgarle una medida humanitaria a Henry Vivas? ¿Y la recurrencia del cáncer de próstata de Alejandro Peña Esclusa? ¿Y la denunciada situación de salud del Comisario Iván Simonovis? La situación de todos ellos fue tomada en cuenta, luego de que por años sus familiares y abogados denunciaran el deterioro de salud de los detenidos. También por dos años consecutivos, los jóvenes de distintas organizaciones y ONG’S se pusieron en huelga de hambre frente a la OEA para que fueran liberados y además, el ya enfermo presidente Chávez, dio la orden de estudiar sus casos. Es decir, no porque sean centros de reclusión con más seguridad, los presos están seguros. Simplemente están en manos de los organismos represores, que se han convertido en los carceleros y perseguidores de los venezolanos demócratas y disidentes de éste gobierno totalitario.
Así pues, señor Defensor del Pueblo, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Aunque ahora salgan 3 veces a la semana a ver la luz solar y respirar el aire fresco por una hora, puedan hacer tres llamadas semanales, puedan verse la cara cuando almuerzan, y le hayan permitido tener noción del tiempo a través del reloj que ahora usan, “La Tumba” sigue siendo “La Tumba”, 5 pisos por debajo de la tierra, sin ventanas, sin luz natural, sin ruidos normales externos. Quizás para un delincuente común, sentenciado por múltiples homicidios o acusado de violación (delito no permitido en los extraños códigos que se llevan dentro de las cárceles del país), “La Tumba” podría ser un “paraíso”. Pero quienes están ahí, no han sido juzgados por la justicia, aunque sí previamente sentenciados por los representante del Ejecutivo y Legislativo, en juicios políticos. Usted, como defensor de derechos humanos, debería rechazar que existan centros de detención con estas características en el país.
