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Es la segunda medida dictada por el Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) contra Venezuela en menos de cinco días. El jueves ordenó cancelar $455 millones a Owens-Illinois
El tribunal de disputas de Banco Mundial ordenó a Venezuela indemnizar con 46,4 millones de dólares a la compañía de explotación petrolífera estadounidense Tidewater, por la expropiación de sus activos en 2009, en el segundo fallo que esa entidad emite contra el país caribeño en una semana.
El Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) acordó que el Gobierno venezolano deberá pagar esa cantidad por el modo en que realizó la nacionalización de vienes de Tidewater, así como los intereses y los costos del proceso de arbitraje, informó la agencia EFE.
Según Tidewater, el Gobierno venezolano, encabezado en ese momento por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), expropió en 2009 once navíos de la compañía sin la compensación consecuente.
El Ciadi decidió hace días que Venezuela debe pagar 455 millones de dólares a la compañía estadounidense Owens-Illinois Inc por la expropiación ilegal de dos plantas de producción de envases de vidrio en 2010, decisión que el país caribeño anunció que apelará.
Asimismo, el pasado febrero Venezuela pidió la anulación de la decisión arbitral de la Ciadi del año pasado que pedía al Gobierno de Caracas pagar a la petrolera Exxon Mobil 1.600 millones de dólares por la expropiación de activos.
Revisarán cálculos
A través de una nota de prensa, el Ministerio de Petróleo y Minería explicó que «el tribunal rechazó la compensación exorbitante demandada por Tidewater y determinó que la compensación justa por los activos nacionalizados es de 46 millones de dólares, monto que incluye 44 millones por concepto de cuentas por cobrar, generados por servicios prestados a filiales de PDVSA antes de la nacionalización. Ahora la República procederá a estudiar el laudo para verificar los cálculos del tribunal”.
El despacho aclaró además que el Ciadi confirmó que «la nacionalización de los servicios y activos marítimos en el Lago de Maracaibo, efectuada conforme a la Ley Orgánica que Reserva al Estado Bienes y Servicios Conexos a las Actividades Primarias de Hidrocarburos, fue totalmente legal en todos sus aspectos».
