Va desde lo moral con su manto de corrupción y sangrienta criminalidad –partes de un mismo problema- hasta el caos económico, industrial y social que tiene sus caras más protuberantes en la caída sostenida de la producción.
Por Manuel Isidro Molina
Venezuela está sometida a una asfixiante presión. Hablar de “crisis” es “llover sobre mojado” y hasta “más de lo mismo”. Realmente vivimos una “mega crisis” que va desde lo moral con su manto de corrupción y sangrienta criminalidad –partes de un mismo problema- hasta el caos económico, industrial y social que tiene sus caras más protuberantes en la caída sostenida de la producción -¡en todas las áreas!-, la escasez, el contrabando y la especulación con los más altos niveles mundiales de inflación.
La hipocresía iguala a los corresponsables de la mega crisis: por un lado el gobierno y sus pestilentes corruptos e ineptos hundiendo el potencial económico de Venezuela, con su carga de estatismo y abuso de poder; y por el otro, una oposición viciada, incompetente y corrupta que no ha hecho más que obturar opciones democráticas, por su apego al neoliberalismo, el neocolonialismo y la violencia fratricida.
Mega crisis e hipocresía van de la mano. Sus actores son conocidos y cada vez menos bien valorados por la población. Los dirigentes del cepo chavismo-antichavismo caen en el favoritismo popular, como señalan todas las encuestas serias.
La inconformidad crece y busca canales de realización política y espiritual. Los pragmáticos creen que los venezolanos y venezolanas que detestan mayoritariamente a las opciones polarizantes del cepo, pueden ser “enamorados” con planteamientos vacíos de contenidos éticos y estratégicos. Se equivocan: tampoco serán aceptados.
La mayoría inconforme viene cargada de exigencias éticas, conceptuales y programáticas. La gente quiere un nuevo y serio compromiso de patria, a favor del desarrollo armónico de la nación, que supere las miserias acumuladas durante los últimos cuarenta años.
El Confesionario
LA JORNADA DE PROTESTA Y SOLIDARIDAD por la vida de Alcedo Mora fue un éxito el viernes pasado en Mérida: familiares, amigos y compañeros de lucha de quien fuera secuestrado el pasado viernes 27.02.2015 en la vía a Jají, estado Mérida, nos concentramos frente a la Fiscalía Superior del Ministerio Público, donde fuimos recibidos muy diligentemente por su titular Raquel del Valle Pérez, quien transmitió confianza en las investigaciones con apoyo del Cicpc y bajo la constante atención de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, y su comisionado fiscal con competencia nacional Orlando Padrón junto con la fiscalía primera de Mérida.
LA PETICIÓN PRINCIPAL formulada a la Fiscalía, consiste en: “Ordenar la activación de una operación anti secuestro por parte de los equipos especializados del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), como complemento de cooperación inter institucional al trabajo que vienen realizando el Cicpc”.
AL GOBERNADOR DE MÉRIDA Alexis Ramírez, se le solicitó: “Proceda, como primera autoridad del Estado Mérida y superior jerárquico y amigo de Alcedo Mora Márquez, a ordenar a la Policía del Estado Mérida iniciar labores de investigación e inteligencia para su localización y liberación, asegurando el resguardo de su vida e integridad física… Elevar el caso al Ministerio del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, a fin de que el ciudadano ministro Gustavo González López ordene la activación de una operación anti secuestro por parte de los equipos especializados del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)”.
CONFIAMOS EN RESCATARLO CON VIDA: “Demandamos justicia y resguardo diligente de la vida e integridad física de Alcedo Mora Márquez, quien por sus extraordinarias condiciones humanas, políticas e intelectuales merece todo nuestro afecto, reconocimiento y solidaridad”, dice uno de los planteamientos presentados a la fiscal Raquel del Valle Pérez y al gobernador Alexis Ramírez.
EL CLAN MERENTES que ha lucrado con la pulverización del bolívar y la destrucción de la economía nacional, es una organización estructurada por el padre y su hijo Alejandro, que integra a José Vielma y su hijo “Vielmita”, quien ha traficado con unas 125 empresas el otorgamiento de divisas (Cadivi-Cencoex), desde sus oficinas de la torre C del Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT); y al archi conocido pudrimillonario “Pelón” Capriles, destacado agente internacional de negocios boliburgueses incluyendo la compra de grandes consorcios de medios de comunicación social como Cadena de Publicaciones Capriles, Bloque Dearmas, El Universal y Globovisión.
ESA BATIDORA DE DIVISAS -no se asombren- incluye a la “Barbie”, por cuyos favores ha recibido apartamento y vehículo de lujo, y suficientes bolívares y dólares como para costear campañas de publicidad y negocios tanto en Caracas como en Ciudad de Panamá. Estos montos son tan escandalosos que ni volviendo a nacer podría justificarlos. Hasta ahora ha sido “intocable”, igual que sus socios y jefes del clan Merentes.
AVENTAJADO MAGISTRADO DEL TSJ ha logrado acumular una gigantesca riqueza que incluye propiedades en diversas regiones del país y cuentas en dólares en el exterior. Su “amigo” Carmelo Grazia lo financió hasta Bielorrusia, el año pasado, raro periplo para un juez venezolano. Según mis fuentes, despacha más en el Círculo Militar de Caracas, Fuerte Tiuna, que en sus oficinas judiciales. “No cobra menos de 500.000 dólares por sus ‘servicios’ a personas en juicio por delitos bancarios, financieros y de narcotráfico, a cuyos abogados les otorga ‘audiencia’ en las mencionadas instalaciones militares, a pesar de que posee con su pareja –empleada judicial- una multimillonaria residencia en la urbanización El Cafetal, un apartamento en La Florida, otro en La Castellana, Caracas, y uno en Marina Grande, estado Vargas”.
ASOMBRA QUE EL AVENTAJADO, sin bienes de fortuna heredados, además sea propietario de “un apartamento en Valera, estado Trujillo; un apartamento en San Cristóbal, estado Táchira; un trapiche en Monay, estado Trujillo; una finca ganadera ubicada en el estado Cojedes; y una finca en la zona de El Vigía, estado Mérida, supuestamente vendida a un alcalde merideño”.
CUATRO VEHÍCULOS DE LUJO posee el aventajado de marras, excluyendo los pertenecientes al Poder Judicial, tanto los asignados a él como a sus escoltas.
SUS TESTAFERROS PRINCIPALES son, entre otros, “Adelso Guerrero (Remaca), quien ocupó cargo en la Dirección de la Magistratura (DEM) al lado de Luis Velásquez Alvaray, ex magistrado prófugo de la justicia; y Jesús Araujo, dueño de farmacias en Trujillo, actualmente radicado en Nueva Esparta, donde es contratista de la Gobernación”.
A “LA YENNY” se le ve “muy activa entre la Sala Constitucional y tribunales penales y mercantiles en diversas jurisdicciones de la República, con la complacencia de su jefe”.
BAJO COACCIÓN POLITIQUERA por amenaza de despido del Poder Judicial, firmaron la carta sobre el decreto del presidente Barack Hussein Obama contra Venezuela, algunos funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia, algo anti constitucional e ilegal, además de muy poco honroso para los magistrados y magistradas que promovieron ese tipo de prácticas odiosas.
EL CLAN CABELLO aumenta su poder en el gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros: Interior, Justicia y Paz, Finanzas, Seniat, Bolipuertos, Industrias, Transporte Acuático y Aéreo, Energía Eléctrica-Corpoelec, Deporte y Juventud, Salud y Turismo, las más recientes adquisiciones, lo que abre las puertas a las “Lobas del Psuv”, tan vinculadas a las comisiones por otorgamiento de divisas preferenciales y contratos de obras y servicios.
DIPUTADO “LACTOVISOI” llaman al protagonista principal del tráfico de licencias de importación y negocios con Mercal-Pdval, y 20% de comisión “impelable”. Se aloja en una suite del piso 12 del Alba Caracas, compartida con su socio José Vicente Rodríguez, gestor de negocios con ministerios y empresas del Estado.
METROS DE CARACAS, VALENCIA Y MARACAIBO tienen una historia común: en manos de militares corruptos, fueron objeto de latrocinios brutales, por lo que sus planes de desarrollo, infraestructura y calidad de servicios se han visto obstruidos durante años, afectando gravemente a las respectivas comunidades de tan vigorosas ciudades venezolanas. ¿Quién investiga? ¿El Contralor General o la Fiscal General? ¡Esas vagabunderías no pueden quedar impunes!
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