Decretar un Estado de Emergencia Económica en el marco de la Constitución luce conveniente para nacionalizar la importación de alimentos y medicinas
Jesús Silva R.
Presentar demanda judicial contra un Presidente en la antigua República de Venezuela era motivo para terminar preso o desaparecido. No así durante 16 años de República Bolivariana de Venezuela, período en el cual ha proliferado un centenar de demandas en el TSJ interpuestas por abogados temerarios y bajo patrocinio de elites antichavistas. El destinatario fue entonces el Presidente Hugo Chavéz, su nobleza permitió que sus demandantes no corrieran con la misma suerte fatal de quienes desafiaron a violadores de derechos humanos como Betancourt, Leoni, Caldera, etcétera.
Opusdianos, democristianos, centro-humanistas y demás versiones de la ultraderecha que porta un crucifijo en la mano y goza de tradición en las escuelas de Derecho, deberían reconocer la benevolencia del Comandante Eterno. Tanto que juristas que se jugaron la aventura de demandar a Chávez sin fundamentos, posteriormente salieron impunes y hasta reciben hoy mimos en altas instancias burocráticas.
En fin, sirva lo anterior para contrastarlo con la conducta de constitucionalistas que sí son leales al pueblo, quien humildemente suscribe, apegado a Marx y a la Carta Magna, demandó y ganó juicio contra el gobernador Henrique Capriles en 2014 cuando violó derechos del pueblo de Miranda, así consta en archivo TSJ.
Conjuntamente con los tránsfugas, están los abiertamente opositores al socialismo y con tendencia masoquista. Por ejemplo esos que mantuvieron silencio frente a la alcabala puesta por la MUD mediante el cobro de 150 mil bsf para inscribirse en unas elecciones internas que debían ser un evento libre pues así lo consagra la Constitución en su artículo 67, ordenando a las organizaciones con fines políticos, celebrar elecciones internas para escoger a sus dirigentes y candidatos a cargos de elección popular.
Hoy volvería a accionar judicialmente y gratis contra la derecha, pero difícilmente haya militantes opositores inmunes a la polarización que pidan nuestra asesoría. Prefieren dejarse violar (su derecho) antes que requerir a constitucionalistas chavistas.
Aprovecho esta tribuna para dirigirme al Presidente Nicolás Maduro, en virtud de la preocupante alza de la moneda estadounidense en nuestra economía venezolana. Señor Presidente, por favor no permita el desastre, active la Constitución. Este es nuestro llamado como patriotas, revolucionarios de toda la vida y padres de familia. No permita que los malignos agentes de la guerra económica le inflijan mayores daños a los venezolanos.
Con franqueza, sin cálculos personales y por amor a Venezuela, tiempo atrás manifestamos razonadas preocupaciones por la aplicación del Simadi http://www.aporrea.org/contraloria/a203868.html
Lo que en aquel momento fueron advertencias, ahora se convierte en una preocupante realidad: El peligroso dólar paralelo, ilegal pero influyente en la nación, se cotizó por encima de los 400 bsf y miles de empresarios, productores, importadores, distribuidores, comercializadores, vendedores al mayor y al detal ajustarán sus precios a la nueva situación monetaria en nuestra amada Venezuela importadora y dependiente de la renta petrolera.
Si no se toman medidas, se cometerán devastadores abusos económicos, más sobreprecios, especulación, acaparamiento, crecimiento del mercado negro o ilegal, en fin la angustia del pueblo de Venezuela (chavistas y no chavistas) se expandirá y será susceptible a caer en grandes estafas colectivas frente a bandidos que ahora, en nombre del dólar a 400 bsf, sienten que tienen licencia para robar, especular y expoliar a nuestro pueblo. La peor de las suertes recaerá sobre alimentos y medicinas, vale decir, productos de extrema necesidad para las familias venezolana, allí la distorsión económica será mucho más cruel, en virtud de al alto porcentaje de bienes elementos en esa categoría que se comportan como lo diga el dólar.
Decretar un Estado de Emergencia Económica en el marco de la Constitución Bolivariana como lo establecen sus artículos 337, 338 y 339 luce conveniente para que en uso de facultades extraordinarias el Estado podrá nacionalizar la importación de alimentos y medicinas para evitar que, por un interés puesto en el lucro, algunos empresarios puedan desviar el uso de las divisas. Esta medida no significa una agresión hacia el sector privado. Debe haber una comunicación fluida entre el Gobierno y este sector; se trata de una política de seguridad de Estado, pero hay que llegar a acuerdos para incentivar la producción.
En este contexto constitucional, el Estado estará habilitado para vigilar y normalizar las cadenas de importación, producción, distribución, comercialización, venta al mayor y al detal de alimentos y medicinas. Detectar y sancionar a los saboteadores es una tarea impostergable. Eliminar las colas es vital para prevenir el escenario programado de caos económico nacional.
Recordemos que meses atrás el Gobierno Nacional planteó la iniciativa de un Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex) que tendría como prioridad que el Estado Venezolano estableciera el carácter estratégico de las importaciones en el área de alimentos y medicinas y en consecuencia asumiría el control de tales importaciones para así evitar el presunto fraude cometido por empresarios que operan en Venezuela. Sólo falta dar reimpulso a esta política ya anunciada dentro de un marco constitucional de emergencia que genere rapidez y atraviese las paredes burocráticas.
Imposible olvidar la amenaza de inmenso fraude nacional que emana de empresarios cadivistas y petro-chulos solicitando divisas extranjeras para traer productos vitales pero que finalmente desvían tales recursos monetarios hacia otras actividades como la importación de bienes no esenciales que reportan mayores ganancias o la dañina venta de estos dólares pecadores al precio del mercado negro que se estipulan a través de fuentes referenciales, ilícitas o informales tales como dolartoday.com, lechugaverde.com, entre otros que toda Venezuela conoce.
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