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James Gregory Quinn, Alto Comisionado británico en Guyana, desestimó en decreto presidencial venezolano 1787, que pretente reivindicar el territorio marítimo de la zona en reclamación, por carecer de fundamento
El Ejecutivo nacional publicó este 27 de mayo el decreto 1787 en el que creó las Zonas de Defensa Integral Marítimas e Insulares (Zodimain) para resguardar la soberanía del mar territorial venezolano. Con este decreto nacieron cuatro Zodimain, la Occidental, la Oriental, la Central y la Fachada Atántica, que coincide con las aguas de la zona en reclamación.
Ante esta acción, las reacciones del lado guyanés no se han hecho esperar. El Alto Comisionado Británico para Guyana, James Gregory Quinn, dijo la tarde de este lunes al portal guyanés iNews que «está claro para el Reino Unido que la frontera terrestre entre Venezuela y Guyana debe ser la que se acordó en el laudo arbitral de París de 1899«.
Asimismo Quinn afirmó que el acuerdo de Ginebra de 1966 no cambió la situación. «De hecho el Artículo V (2) del acuerdo dice que no se harán nuevas reclamaciones o ampliarán las reclamaciones existentes, a la soberanía territorial… Se afirma que mientras este acuerdo esté vigente no se puede afirmar ninguna reclamación en la Comisión Mixta», añadió
Con este precedente, Quinn además ha afirmado que la demanda venezolana no tiene bases: «no hay ningún fundamento en el derecho internacional que justifique la reclamación de Venezuela de lo que consideramos las aguas territoriales de Guyana».
PPP condena a Maduro
Asimismo, el Partido Progresista del Pueblo (PPP) ha emitido un comunicado de prensa en el que condena a Nicolás Maduro por emitir el decreto 1787.
El partido que gobernó Guyana hasta el ascenso de David Granger, actual presidente, señaló que durante sus 23 años en el poder defendió Guyana ante tales pretensiones.
«El Partido Progresista del Pueblo en el Gobierno defendió resueltamente la integridad territorial de Guyana. En oposición, el PPP mantiene su rechazo a la afirmación espuria venezolana y condena en los términos más enérgicos posibles el decreto del gobierno de Venezuela del pasado 27 de mayo», indicó el comunicado.
