Una resolución de la Superintendencia Nacional Agroalimentaria (Sunagro) obliga a desviar entre 30% y 100% de la producción de alimentos a las cadenas de distribución del Estado. Cavidea advierte que aumentarán las colas y la escasez
Redacción La Razón
La Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea) denunció la posibilidad de que la red privada de supermercados quede desabastecida de los productos de primera necesidad, debido a una resolución de la Superintendencia Nacional Agroalimentaria (Sunagro) que obliga a desviar entre 30% y 100% de la producción de alimentos a las empresas de distribución del Estado.
Según manifestó el presidente de la organización gremial, Pablo Baraybar, la orden establece que los rubros que deberán adoptar esta medida, en distinto porcentaje, son la leche, azúcar, pasta, aceite, harina panadera y harina precocida maíz.
En una rueda de prensa ofrecida este lunes, Baraybar manifestó que la medida afecta a varios sectores de la economía, pero principalmente a los consumidores quienes deberán hacer más colas y trasladarse a mayores distancias para adquirir los productos que escasean de la cesta básica.
Asimismo, denunció que la red privada suma 15 veces más establecimientos que los de la red estatal, pues cuenta con más de 113 mil puntos de vente mientras que el Estado ofrece 7.245 establecimientos. Estiman que más de 482 mil personas deberán cambiar su lugar de compra y podrían propiciarse en mayor medida las prácticas del denominado «bachaqueo».
Baraybar sentenció que, según las encuestas, 78% de los consumidores acuden a locales privados, los cuales ahora estarán más desabastecidos debido a la orden oficial. Además, advirtió que los puntos de Mercal, Pdval y Bicentenario «están situados en zonas populares», por lo que los compradores deberán «hacer recorridos más largos».
Para Cavidea, invertir en materia prima sería una verdadera salida a la crisis de escasez que presentan los alimentos básicos en el país, por lo que instó al Estado a liquidar divisas a los proveedores y pagar la deuda que tiene con los sectores agroproductivos.
Instó también a que las plantas públicas y privadas operen a máxima capacidad y se establezca un «precio justo» para los productos, que permita cubrir los costos y garantizar la sostenibilidad de las plantas.
Por último, solicitó una reunión con el Ejecutivo para profundizar el debate sobre la orden emitida por la Sunagro.
