Los efectos de la así llamada “guerra económica” son una pesadilla socioeconómica que nos golpea a todos
Jesús Silva R.
La noche del 3 de septiembre de 2013, el Presidente Nicolás Maduro se dirigió a toda Venezuela a través de cadena nacional de radio y televisión. En esa oportunidad me mencionó como abogado constitucionalista con ocasión a mis insistentes planteamientos durante un programa en el canal VTV en la mañana de ese mismo día. Cito textualmente al Jefe del Estado:
“Yo dije por ahí un abogado constitucionalista respondió que si era posible, yo dije que viéramos en la Ley Habilitante la posibilidad de cuando me den el poder habilitante avanzar hacia la creación de nuevas instancias especiales, tanto de fiscales como de jueces para perseguir a los corruptos, para perseguir a los que comenten delitos contra la economía nacional, que es lo mismo, la guerra económica”.
Antes de esa noche que habló el Presidente, yo desde mi herramienta principal, como lo es el Derecho Constitucional, ya había emprendido una campaña comunicacional por iniciativa propia, sin ningún apoyo externo ni gubernamental ni empresarial, respecto a las medidas jurídicas a tomar contra la corrupción y su repercusión más dañina, es decir, la guerra económica.
Para aquel entonces, Maduro empezaba a reaccionar frente al estallido de diversos síntomas de crisis en la economía nacional, prometió usar la ley habilitante para combatir la corrupción y el nuevo escenario agravado de escasez, inflación, especulación, sobreprecio, acaparamiento, contrabando, bachaqueo y caída de la producción nacional que desde entonces él calificó como “guerra económica”.
Casi dos años después de aquel momento que me generó esperanzas de que se aplicarían correctivos para proteger a los venezolanos, insisto en mis planteamientos. Como chavista y marxista de toda la vida, pero sobre todo como ciudadano venezolano, considero que los efectos de la así llamada “guerra económica” son una pesadilla socioeconómica que nos golpea a todos independientemente de que unos apoyemos el socialismo y otros apoyen el capitalismo, de allí la inmensa urgencia de retomar estrategias para resolver la actual calamidad, aunque habilidosos agentes de la corrupción y/o el burocratismo se opongan a ello.
No pierdo la fe en que el Presidente tome acciones frente al mercado del dólar paralelo cuya tasa callejera ha puesto a más de seiscientos bolívares (600 bsf) al diabólico billete verde imperialista. Advierto que el problema no es que los operadores de Dólar Today puedan ser unos bandidos sino que millones de personas les hacen caso y es indiscutible el trastorno económico nacional que de esa página web se deriva.
Como respuesta jurídica revolucionaria, ratificamos lo que desde 2013 hemos propuesto. Decretar un Estado de Emergencia Económica en el marco de la Constitución Bolivariana como lo establecen sus artículos 337, 338 y 339. Luce conveniente que en uso de sus facultades extraordinarias el Presidente proceda a nacionalizar la importación de alimentos y medicinas para evitar que, por un interés puesto en el lucro, algunos empresarios puedan desviar el uso de las petro divisas. Esta medida no significa una agresión hacia el sector privado pues debe haber una comunicación fluida entre el Gobierno y este sector; pero si se trata de una política de seguridad de Estado que servirá para llegar a acuerdos favorables al incentivo de la producción nacional y erradicar el cadivismo.
Es menester advertir que toda situación extraordinaria, anormal o de crisis que genere impedimento para la aplicación del ordenamiento jurídico ordinario justifica la creación de un nuevo régimen estatutario de Derecho Público basado en los estados de excepción (Ver sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 24-05-2011 bajo el N° AA50-T-2005-0153). De igual forma, este marco constitucional especial permite incorporar una nueva norma dentro del Código Penal contra Dólar Today en los siguientes términos:
“Todo aquel que mediante el uso de cualquier medio informativo, de comunicación o red social, difunda o comunique cálculos, opiniones o hipótesis referidas al sistema nacional económico, financiero o monetario, que generen persuasión o influencia en el comportamiento de la opinión pública, personas naturales y jurídicas, grupos o individuos; resultando en una afectación negativa o trastorno de la economía, incluyendo variación los precios de productos, abastecimiento, comete el delito de alteración del orden económico nacional y se le impondrá pena de 6 a 12 años de prisión así como la confiscación de sus bienes, acreencias o activos, según sea su grado de participación y las circunstancias agravantes y/o calificantes del delito”.
http://jesusmanuelsilva.blogspot.com
