El detonante de los graves disturbios de hace un mes en San Félix lo constituyó un serio inconveniente con el transporte de trabajadores y gente del pueblo hacia Puerto Ordaz, con motivo del aumento de las tarifas
Luis Fuenmayor Toro
Hace un mes, en la población de San Félix en el estado Bolívar, ocurrieron una serie de saqueos y otros hechos violentos, que dejaron el saldo lamentable de un venezolano muerto, unos 50 heridos y más de un centenar de detenidos, luego de la intervención de la Guardia Nacional. Llama la atención que la violencia se desata en un estado donde manda un gobernador supuestamente rojo rojito y para más militar de alto rango, apoyado y defendido por la cúpula chavecista de ayer, con Chávez vivo, y también de hoy, con Chávez muerto, a pesar de la multitud de denuncias que sobre él pesan como supuesto destructor de las empresas básicas, supuesto traficante de minerales valiosos (oro, diamante, coltán) y gobernante represivo.
El detonante de los graves disturbios lo constituyó un serio inconveniente con el transporte de trabajadores y gente del pueblo hacia Puerto Ordaz, con motivo del aumento de las tarifas del transporte, incluso del transporte público del sector oficial, donde claramente se trató de un monumental abuso de los conductores de los autobuses en cuestión, que decidieron sustituir la tarifa de diez bolívares por la cobrada por el resto de los transportistas. Y he aquí la primera similitud con lo ocurrido en Guatire y Guarenas el 27 de febrero de 1989, que terminó provocando el llamado “Caracazo”, en los inicios de la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez. En San Félix, los transportistas decidieron cobrar entre 50 y 100 bolívares el pasaje a Puerto Ordaz.
La actitud indolente de los transportistas ya tenía muy molestos a los usuarios, quienes dependían del transporte del gobierno regional, para poder ir a sus trabajos sin una afectación tan grande de sus bajos ingresos. La reacción violenta se produjo al percatarse la gente que en los autobuses oficiales también se habían generados los incrementos en cuestión. Con la llegada del primer autobús se inicia la violencia popular, que no para militar como el Gobierno ha querido decir. El conductor de la unidad fue sacado de la misma, los vidrios de las ventanas fueron rotos y el vehículo fue volteado en protesta producto de la desesperación de quienes no ganan ni para poder llegar a sus trabajos. Así ocurrió el 27 de febrero en Guarenas-Guatire, cuando la gente se encontró sin dinero en el bolsillo para poder ir a su trabajo en Caracas.
La protesta se extiende a los depósitos de víveres de los revendedores de los productos básicos, quienes, a pesar de las prohibiciones y los decretos presidenciales, siguen haciendo de las suyas con la complicidad de funcionarios policiales y de otro tipo. Los locales de los “bachaqueros” son saqueados y luego son saqueados los locales comerciales de los chinos, a quienes se hace responsables de ser los proveedores de los “bachaqueros”. Una unidad de transporte de mercancías que llega en ese momento es también afectada por la violencia, que una vez desencadenada adquiere impulso propio y se extiende a una velocidad increíble. Esta es una segunda similitud con lo ocurrido en los inicios del Caracazo. Las protestas iniciales por los precios del transporte se convierten en saqueos en forma casi inmediata.
Y se entiende que ocurra de esta manera. Tanto la población de San Félix hoy, como la de Caracas y sus alrededores en 1989, venían de una escasez importante de diversas mercancías, entre ellas varias de primera necesidad. De allí que la violencia derive en saqueos en procura de los bienes escasos. Puede haber gente que por distintas razones estimule este tipo de comportamiento, pero el mismo no se produce a menos que existan condiciones objetivas que lo hagan posible. Y esas condiciones están presentes hoy, como lo estuvieron ayer: una inflación gigantesca que deja el salario recibido sin poder adquisitivo ninguno, una escasez que desespera, una inacción gubernamental para resolver la situación, la presencia clara de corrupción administrativa y de enriquecimiento grosero de funcionarios y una respuesta gubernamental represiva.
La intervención represiva de las fuerzas militares genera inmediatamente muertes, heridos y detenidos, tal y como ocurrió en 27 de febrero de 1989. Una tercera similitud entre los dos hechos. Pero hoy diría que más grave todavía, pues el Gobierno de Maduro, como siempre, colocó las causas delos hechos en otros actores y llamó a utilizar el esperpento del Operativo de Liberación del Pueblo (OLP) para reprimir al pueblo trabajador guayanés. Carlos Andrés nunca ordenó la salida inicial del Ejército para reprimir a los saqueadores del 27 de febrero; tampoco lo hizo el general Ítalo del Valle Alliegro, aunque es a él a quien se acusa. En cambio hoy es el Presidente quien habla de aplicarles el operativo. Las similitudes entre el Caracazo y lo ocurrido en San Félix son espeluznantes por lo que pudieran significar en el futuro.
San Félix fue un Caracazo chiquito, pero Caracazo al fin y al cabo.
