Hay que evitar, a como dé lugar, que la crisis terminal del chavismo oficial culmine en otra frustración de las expectativas democráticas de la sociedad venezolana
Oscar Battaglini
En Venezuela, como es sabido, no hubo democracia durante todo el siglo XIX. Es en el siglo XX, sobre todo después de la muerte de Gómez, cuando en el país se comienza a pensar en la necesidad de abrirle cause a la democracia como sistema político de organización social e institucional. Sin embargo, no ha sido nada fácil vencer la resistencia que las élites dominantes de uno y otro signo político-ideológico le han opuesto a los intentos de democratización efectiva de la sociedad venezolana. Ese es el registro que, sin duda, puede hacerse de la conducta política de quienes –con la sola excepción de Medina Angarita y Rómulo Gallegos– han ejercido hasta ahora (desde 1830) el poder en Venezuela. Así lo han hecho, lógicamente, los grupos o sectores sociales que han gobernado al país de forma abiertamente autoritaria y dictatorial; pero también lo han hecho los factores políticos que aquí han detentado el poder de acuerdo al esquema de la demagogia y la manipulación populista. En este caso, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, Rómulo Betancourt, Hugo Chávez y Nicolás Maduro, copan la escena.
Llegados a este punto se percibe muy claramente -lo cual es de sumo interés retenerlo- que son esas dos posiciones autoritarias las que se han alternado en el ejercicio del poder en Venezuela, de modo que una opción auténticamente democrática no ha ocupado hasta el día de hoy un lugar preeminente (hegemónico en sentido gramciano) en la dirección del Estado y del poder político en nuestro país. Esto -queremos reiterarlo- es muy importante tenerlo en cuenta. El que esa sea la tendencia dominante no quiere decir, como se sabe, que las fuerzas de la sociedad venezolana opuestas a esos intereses políticos, no hayan estado permanentemente presentes en todos los acontecimientos y luchas que en nuestro medio se han dado a favor de la democracia. Así fue en las acciones políticas del año 1936, después de la muerte de Gómez; en la oposición al derrocamiento de los presidentes democráticos Medina Angarita y Gallegos; en la resistencia contra la dictadura militar de Pérez Jiménez, en las luchas que culminan el 23 de Enero con el derrocamiento de esta dictadura; en la oposición a la política general del puntofijismo; y en la oposición a la política de destrucción nacional del proyecto chavista.
[quote_center]»hay que impedir que esta vez no se produzca la interferencia de demagogos y oportunistas del tipo Betancourt o Chávez»[/quote_center]
Vistas las cosas de ese modo, se cae por su propio peso la conseja que los ideólogos del puntofijismo han pretendido levantarle a Betancourt como “padre de la democracia”. El hecho mismo que Betancourt, antes que promover una alianza política con los sectores consecuentemente democráticos de nuestra sociedad, la busque y la concerte con los factores que precisamente venían de ser la base social y política del gomecismo y el perejimenismo, demuestra con creces la falsedad de tal afirmación. Esa es la real conformación del pacto de Punto Fijo, en el cual se juntaron en un solo haz, las dos corrientes autoritarias que habían pasado a hegemonizar de nuevo el espectro político venezolano. En eso radica la razón de fondo por la que no se producen cambios estructurales en la sociedad venezolana durante el régimen puntofijista. En el plano económico puede afirmarse sin exageración que, bajo la orientación del Pacto de Puntofijo, lo único que se hizo fue combinar y reproducir los contenidos del rentismo-parasitismo petrolero establecidos desde un principio en la dinámica de la economía nacional, con la política económica de carácter populista del “trienio adeco” (período 45-48). Y en el plano de la democracia política tampoco hubo cambios apreciables, estimables o que puedan ser registrados objetivamente. Es cierto que se esbozó y aprobó una nueva Constitución (1961), y se establecieron nuevas instituciones, pero todo eso, como había sido siempre, tuvo un carácter más formal que real, que no contribuyó efectivamente a ampliar y consolidar los derechos democráticos (civiles, ciudadanos) de los venezolanos, ni ejerció, en definitiva, un efecto positivo en la reordenación del funcionamiento político y jurídico de nuestra sociedad.
De manera contraria a la mitologización que se ha pretendido hacer de la “democracia puntofijista”. Lo que sí se produjo bajo su orientación, fue un mayor desarrollo del autoritarismo de las estructuras del Estado y del poder político. La intensa represión, militarización y restricción de los derechos democráticos practicada durante los gobiernos de Betancourt, Leoni, Caldera, Carlos Andrés Pérez, etcétera, no parecen dejar ninguna duda a este respecto.
Con el chavismo en el poder esta realidad no se modificó en absoluto, más bien empeoró exponencialmente. El autoritarismo concentrado que hoy caracterizan al Estado y el gobierno, la enorme y abundante militarización que se ha operado en estas instancias del poder público; la desarticulación de las instituciones y la desnaturalización de sus funciones; la corrupción de la justicia; la progresiva restricción de los derechos democráticos de los venezolanos; etcétera, son algunas de las manifestaciones que confirman aquella apreciación. Todo esto ocurre al margen de una Constitución (la de 1999), en la que se promete de manera insólita, el establecimiento de una democracia directa y participativa, así como la ampliación de los derechos civiles de la población; etcétera.
Hoy, cuando de nuevo hemos desembocado en una encrucijada, a los sectores consecuentemente democráticos del país les corresponde, como en el pasado, dos tareas fundamentales:
1.- Contribuir significativamente a trazar el rumbo o los rumbos que saquen a la sociedad venezolana del estado de calamidad pública o desastre nacional en el que ha sido sumido por la incuria, la ineficiencia, la piratería y la perversión del régimen gubernamental chavista. Para decirlo en términos más concretos, esa contribución debe hacerse sobre todo en lo que tiene que ver con la necesidad imperiosa de infligirle una derrota aplastante al chavismo oficial, tanto en las elecciones parlamentarias de este año, como en las próximas presidenciales (en caso de que por alguna razón no se realice el referendo revocatorio previsto para el año próximo y que algunos sectores pretenden torpedear). En esto no debe ni puede haber ningún tipo de compasión o vacilación, puesto que se trata de una cuestión de vida o muerte.
2.- Evitar, a como dé lugar, que la crisis terminal del chavismo oficial culmine en otra frustración de las expectativas democráticas de la sociedad venezolana, como ya ocurriera en el desarrollo de las luchas populares de 1936 y en el 23 de Enero de 1958. En este sentido hay que impedir que esta vez no se produzca la interferencia de demagogos y oportunistas del tipo Betancourt o Chávez, que intentarán torcer de nuevo el cauce democrático de nuestra sociedad. Pero la condición para que esto no vuelva a suceder es que las fuerzas democráticas logren alcanzar una posición relevante en la composición del poder político que se establezca inmediatamente después de que el chavismo oficial llegue a su fin. Sólo así se podrá aspirar con posibilidades de éxito a abrir, en primer lugar, los canales para la construcción y consolidación democrática en Venezuela; y en segundo lugar, para el inicio simultáneo de un proceso de transformación de sus estructuras económicas, políticas y sociales en general.
