Han reivindicado la inhumana lógica, si no hay víctimas, por ende, no hay victimarios ni delito
José Rafael López Padrino
Las monstruosidades cometidas durante la segunda guerra mundial llevaron a la Organización de Naciones Unidas a aprobar la Declaración de los derechos de los hombres (1948). Se incluyeron en dicha declaración, entre otros, los derechos a la seguridad de las personas contra el trato arbitrario de los estados, derecho a la libertad de conciencia así como el derecho a un juicio justo.
Desde la llegada al poder del fachochavismo las transgresiones a los derechos humanos se multiplicaron, las cuales lamentablemente siempre han existido en el país. Miles de personas han sido privadas ilegalmente de su libertad, torturadas y asesinadas como resultado de la aplicación de procedimientos de lucha inspirados en la totalitaria Doctrina de Seguridad Nacional. Otros más han sido sometidos a desapariciones forzadas como los casos de Oscar Blanco Romero, José Rivas Fernández, Roberto Hernández Paz, Joshep Hernández y Alcedo Mora Márquez entre otros. Han reivindicado la inhumana lógica, si no hay víctimas, por ende, no hay victimarios ni delito.
El defensor del “puesto” Tarek William Saab acaba de declarar que las denuncias realizadas por Marco Coello sobre las torturas a las cuales fue sometido durante su detención no pueden ser consideradas porque las mismas fueron “hechas desde el exterior”, y porque además el “Sr Coello es un prófugo de la justicia venezolana». El joven Coello fue sometido a las más abyectas torturas a manos de esbirros al servicio del fachochavismo y el defensor del “puesto” se niega a procesarlas, recurriendo a un malabarismo despreciable para justificar su abyecta posición. Valdría la pena recordarle al “histrión del puesto” que “Todo acto por el cual un funcionario público, u otra persona a instigación suya, infrinja intencionalmente a una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de castigarla por un acto que haya cometido o sea sospechoso de haber cometido” constituye una transgresión a los derechos humanos. Que mayor cinismo y genuflexión del “bufón del puesto” al descalificar e ignorar las denuncias.
Las declaraciones de Tarek sobre el caso del joven Coello no nos deben sorprender, desde hace mucho tiempo renuncio a la honestidad, si es que alguna vez la tuvo. Hoy asume deliberada y gozosamente su rol de esbirro, de siervo que repta ante la bota militar. Hoy es un vocero más del régimen empeñado en ocultar la sistemática violación de los derechos humanos que ocurren a diario en los centros policiales y cárceles del país. Incapaz de cuestionar la perversa y dictatorial Doctrina de la Seguridad Nacional Bolivariana y la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) a nivel nacional. Razias en todo el país, que se han caracterizado por allanamientos a viviendas humildes, desalojos forzosos y demolición de hogares, detenciones arbitrarias, practicas xenofóbicas y hasta abominables desapariciones forzosas y ajusticiamientos de presuntos delincuentes. Según el parte oficial más 135 ciudadanos han fallecido producto de “enfrentamientos o resistencia a la autoridad con armas de fuego” sin que extrañamente ningún funcionario policial haya fallecido o resultado herido. La pregunta que nos hacemos es ¿enfrentamientos o ajusticiamientos?
Igualmente este traficante de los derechos ciudadanos ha sido incapaz de condenar la criminalización de la protesta social, la militarización de la justicia, la resolución 8.610 dictada por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa que permite el uso de armas de fuego a fin de restablecer el orden público, así como las desapariciones forzadas de los ciudadanos Joshep Hernández y Alcedo Mora Márquez. Además ha guardado un silencio nauseabundo sobre las violaciones a los derechos humanos en al marco del Estado de excepción en los Estados Táchira y Zulia declarado por el ignorante enciclopédico de Maduro y la campaña xenofóbica en contra de los ciudadanos colombianos emprendida por el régimen. Estado de excepción que conculca los derechos civiles y políticos y reemplaza el orden jurídico existente por fétido control militar .
La puesta en práctica de la reaccionaria Doctrina de la Seguridad Nacional (enemigo interno) ha permitido la instauración de un Estado policial-militar (Estado fascista), así como la profundización de la represión. Esta política de terrorismo de Estado conlleva la utilización en juicios de confesiones y testimonios obtenidos en interrogatorios violentos mediante el uso de torturas. Tormentos físicos tan extremos como descargas eléctricas en genitales, simulacros de fusilamientos, amenazas de violación, golpizas con bates, rociado con líquidos inflamables, entre otros. Además, el empleo de vulgares delatadores (patriotas cooperantes) como testigos a fin de incriminar a los acusados. Lamentablemente la férrea censura impuesta por régimen no permite conocer estas violaciones a los derechos humanos cometidas por funcionarios de los cuerpos policiales, o miembros de la Fuerza Armada Nacional.
Con su actitud rastrera, falaz y despreciable el Defensor del “puesto” se hace parte de la jauría milico-civilista que legitima la práctica sistemática de la tortura, de los asesinatos políticos y las desapariciones forzadas como métodos de control político y social. Recurre al mismo discurso despreciable que utilizaron las dictaduras del Cono Sur a fin justificar sus crímenes y violaciones a los derechos humanos.
