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En la práctica se evidencia que mi destino es morir en la cárcel por una u otra causa
Rolando Guevara
El caso Anderson ha sido tratado por los medios de comunicación con delicadeza. Todo el que intenta hablar del tema se tropezará con las mismas piedras, que al levantarlas se consiguen con rostros e instituciones de mucho peso vinculados al alto gobierno, lo que causa temor y prefieren pasar la página. Solo hacen un comentario cada vez que se cumple año de aquel terrible acontecimiento. La colectividad en general maneja poca o ninguna información de lo que en realidad pudo haber ocurrido y cómo se ha seguido manejando la investigación de la muerte del Fiscal Anderson.
En 11 años se ha demostrado públicamente cómo un tribunal y el Ministerio Público se asociaron para darle legalidad a testimonios falsos creados para poder inculpar a inocentes. Desconocemos el por qué fuimos escogidos como culpables de eventos político-criminales como lo fueron las explosiones en la Embajada de España y Consulado de Colombia, los paramilitares de la finca Daktary o los francotiradores de Puente Llaguno, entre otros.
Once años separado con violencia de mi esposa e hijos, mi hogar, mi familia, torturado por quienes decían ser mis compañeros y algunos amigos, hoy temerosos, lamentan haberse prestado para privarme ilegítimamente de mi libertad, a sabiendas que cometieron delito contra los derechos humanos, como lo hacen los jerarcas del régimen venezolano que se han dedicado a predicar por el mundo que ellos no violan los DDHH de quienes aquí habitamos.
Los medios de comunicación informan cómo son favorecidos con medidas cautelares y beneficios procesales los adeptos al régimen. El caso del ex alcalde de Valencia detenido por desviación de dinero de su despacho y, al hacer público que era para financiar campañas electorales, fue enviado preso para su domicilio por sufrir de hipertensión arterial. El caso Pudreval, bautizado por Nicolás Maduro como “el de los peces gordos del Seniat”, misteriosamente y sin juicio fueron liberados.
El trato a los prisioneros políticos es diferente. En mi caso a finales de 2012 comencé a padecer de cansancio y fui atendido por el servicio médico en el primer trimestre de 2013. El diagnostico fue que debía ser enviado a un cardiólogo. Fui llevado nueve meses después que el juez sexto de ejecución tomara la decisión. Los médicos del Hospital Militar detectaron calcificación y obstrucción de arteria coronaria y pautaron para el 18 de octubre de 2013 un cateterismo. Hasta la presente fecha no se ha llevado a cabo por falta de decisión del juez sexto de ejecución, Violeta Vásquez. La defensa consuetudinariamente ha solicitado ante el citado tribunal el beneficio procesal, acreedores desde noviembre 2011, y las respuestas son evasivas y sin argumento jurídico.
De estos eventos conoce la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía del Ministerio Público y el tribunal sexto de ejecución.
En teoría, en nuestro país no existe la pena de muerte ni la cadena perpetua pero en la práctica se evidencia que mi destino es morir en la cárcel por una u otra causa.
*El autor es comisario del CICPC, preso en el Sebin por el caso Anderson. Esta columna fue enviada por la Red de Apoyo a los Derechos Humanos
