Es suicida para naciones como la nuestra permitir el deterioro de las casas de estudios superiores
Luis Fuenmayor Toro
A diferencia de las candidaturas del Gobierno y de la MUD, la nuestra, impulsada por una alianza liderada por el MAS, tiene una agenda parlamentaria a proponer y asistirá permanentemente a las sesiones de la Asamblea Nacional, a diferencia de los diputados de la Mesa que incumplieron con este pequeño compromiso y cobraron sin trabajar. Pero no iremos a las sesiones para aplaudir las necedades de los dirigentes gubernamentales y del PSUV, única actividad desplegada por los representantes rojo rojitos en estos últimos 5 años. Nuestros diputados, en principio, impulsarán vehementemente el rescate de las funciones de la Asamblea, las cuales le han sido conculcadas por el contubernio entre el Gobierno y la MUD.
Uno de los temas que abordaremos, por su permanente crisis y su importancia para el desarrollo nacional, es el de las universidades, desde hace mucho tiempo en unas condiciones de precariedad injustificables en un país, que administró un billón de dólares desde 2004 hasta 2012 y que tenía el reto de lograr un importante crecimiento industrial, como forma de despegar del subdesarrollo y brindar buenas condiciones de vida a la población en forma sostenida, sin tener que depender de los vaivenes de los precios petroleros internacionales. Para asumir exitosamente este reto es necesario desarrollar las ciencias y la tecnología, siendo las universidades e institutos educativos y de investigación afines los mejores instrumentos para acometer esa importante tarea.
Es suicida para naciones como la nuestra permitir el deterioro de las casas de estudios superiores, no sólo porque ellas forman los profesionales que mueven el aparato del Estado y la economía nacional, sino también porque son las sedes para la generación y el crecimiento del conocimiento científico y tecnológico necesario para despegar del subdesarrollo. Mantener a las instituciones universitarias con presupuestos infames, sueldos miserables, sin dotación ninguna, hostigadas por bandas partidistas y sindicales, víctimas del hampa común, intervenidas e impedidas judicialmente de ejercer sus funciones autonómicas constitucionales, entre ellas las de elegir a sus autoridades, lleva en el mediano plazo a su desaparición como universidades.
La Asamblea debe intervenir, a través de sus funciones legislativas, contraloras y políticas, a objeto de evitar que este macabro plan gubernamental, existente en menor grado desde el pasado siglo, siga exitosamente su marcha. Revisar la Ley Orgánica de Educación y eliminar sus inconstitucionalidades sería una primera acción, desde el punto de vista legislativo. Dejar clara la definición del recinto universitario, distorsionada por la Ley de 1970, y definir claramente a la “comunidad universitaria” según lo establecido en la Constitución, serían elementos claves en el inicio de esta importante tarea.
Inducir a las universidades a enfrentar y superar sus distorsiones internas y sus vicios, comenzando por hacerlas conscientes de su existencia. Hacer claro que su objetivo principal debe ser la creación de ciencia y tecnología y organizarlas en ese sentido. Erradicar el facilismo que se entronizó hace muchas décadas es una labor de sus comunidades junto con el Estado; retomar la calidad académica como básica en el quehacer universitario, garantizar la equidad con calidad en la selección y prosecución estudiantiles y terminar con los chocantes privilegios existentes en la admisión. Reducir su enorme e ineficiente burocracia administrativa, la cual numéricamente es el doble de lo que debería, y administrar sus fondos con transparencia y eficiencia.
Impulsar los cambios legales que garantice que la dirección universitaria sea ejercida por los mejores académicos y no como hoy ocurre. Las funciones concentradas en el Consejo Universitario deben ser distribuidas entre otros cuerpos colegiados del co-gobierno. No debe haber reelección inmediata de ninguna autoridad central o decanal, no sólo al mismo cargo sino a cualquier otro. Restaurar el requisito del doctorado para ascender a profesor asociado y para ser autoridad, y agregar la necesidad de ser profesor titular para todas las autoridades electas. Desarrollar la carrera académica de forma más estricta, hacer crecer los postgrados, sobre todo los doctorados, y formar la generación de relevo académico. Reducir la mayoría de las licenciaturas a 4 años, añadir el ejercicio profesional al final del pregrado en los programas profesionales y dejar las tesis de grado para las carreras básicas de ciencias y humanidades.
Garantizar un ejercicio responsable de la autonomía y el respeto total del Ejecutivo a la misma. Entender que la democracia universitaria no es como la democracia política, pues el dominio del conocimiento es vital en aquélla; sus autoridades no son como los gobernantes por elección popular, pues su mando reside en el auctoritas que poseen y no en los votos recibidos. El presupuesto universitario debe cubrir todas las necesidades académicas, entre ellas los gastos de inversión y de mantenimiento, así como buenos sueldos acordes con la formación y las funciones que se desempeñen. El gobierno debe cambiar su discurso y actitud para con las universidades, mientras éstas deben participar en la política pero no en la lucha por el poder político. Debe rescatarse al Consejo Nacional de Universidades como el máximo organismo de coordinación, supervisión, evaluación y planificación de la educación universitaria.
Debería entenderse que la universidad venezolana está a sólo seis años de alcanzar sus tres siglos de vida, siendo de las instituciones más antiguas existentes en el país, y que sobrevivió la guerra de independencia, la guerra federal, la lucha armada de los sesenta, dictaduras y democracias, y ha resistido estos 16 años. Esa historia y experiencia hay que ponerlas al servicio de la nación.
El autor es candidato a diputado voto lista por Caracas en elecciones de diciembre
