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Tenemos que pensar que no tenemos nada que perder ejercitando nuestro derecho al voto
Jackeline Sandoval de Guevara
En el presente, como ciudadana, observo que los indicadores más preocupantes en nuestro país son la corrupción, la impunidad, el abuso de poder y en general la instrumentación de una serie de acciones del Estado que se pueden inscribir como expresiones de un clima de violencia generalizada en casi todos los rincones del territorio nacional.
Necesitamos un proyecto con la posibilidad de sustentar la convivencia y los consensos en valores compartidos como los de transparencia, justicia y democracia, poco preservados o casi desaparecidos.
Si partimos desde la premisa de una crisis de gobernabilidad, que pareciera que el gobierno no ve, pero convencidos que ha sido propiciada por las propias autoridades, que han utilizado las instituciones sociales para ejercer la violencia y provocar un clima de descomposición social como proyecto de futuro, entonces tenemos que pensar que no tenemos nada que perder ejercitando nuestro derecho al voto. Se impone la oportunidad de emprender una reflexión que con nuestro voto se abre un compás de posibilidades y condiciones para erradicar la violencia, la impunidad, la intolerancia y la corrupción de los grupos y actores sociales dominantes que actúan al amparo y bajo la protección de las instituciones del Estado.
Es evidente que muchos funcionarios actúan a la sombra, bajo la complicidad y protección del gobierno que trae como lógica consecuencia la impunidad reinante en todos los círculos del poder.
Ejemplo palpable de ello, ha sido la existencia en los últimos 16 años de más de 5 mil presos políticos, víctimas de la represión judicial, de abusos de poder y violaciones al debido proceso en todos y cada uno de los casos, además de las perversiones de las decisiones judiciales que son sólo algunos de los actos de violencia institucional que han enrarecido el panorama nacional en los últimos años, donde los principales artífices de los actos de injusticia disfrutan de la protección de la ley e incluso la usan en contra de los que ponen en duda su honorabilidad.
Cobijados bajo la consigna de que sus actos responden a la necesidad de preservar un Estado revolucionario y socialista, cometen delitos, violan los derechos humanos, se corrompen y si a alguien se le ocurre denunciar estas situaciones, y como producto del secuestro que tienen de muchos medios de comunicación, solo se impone su versión de los hechos. Igual es que si los delitos que cometen son denunciados por algunos medios o por la sociedad civil, la respuesta de las autoridades correspondientes no aparece por ningún lado. La impunidad se reafirma como norma vigente, imponiéndose día a día en nuestro sistema de derecho.
Las instituciones encargadas de impartir justicia hacen como que persiguen los delitos y al mismo tiempo establecen las condiciones para permitir la impunidad. Ante esta situación, la respuesta nuestra transita entre los límites del desencanto, la desesperación y la resistencia. Pero algo sí debemos tener claro, no podemos seguir tolerando indefinidamente esta situación y está en nosotros buscar el cambio. Si bien es cierto que muchos creerán que existen varios escenarios, la respuesta debe venir de nosotros, la sociedad civil, dispuesta a conseguir por la vía electoral el recobrar los valores entrañables de justicia, democracia y libertad.
La autora es presidenta de Fundepro, miembro de la Alianza para la Libertad de los Presos Políticos
