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El gobierno cívico–militar de Maduro

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela

No se está ante una gente con la convicción y la propensión a trabajar por la organización en Venezuela de un orden político democrático


Oscar Battaglini

Este planteamiento que hasta hace poco venía siendo manejado por Maduro y toda la burocracia oficial como una suerte de eufemismo utilizado para referirse a la creciente e inocultable militarización del Estado y de la Administración Pública en general, ha comenzado a tomar en sus palabras otra connotación política. Ahora ya no se trata únicamente de la evidente militarización tal y como esta se muestra en la actualidad, sino de una modificación que convertiría al poder vigente en un ente aún más concentrado en manos de una camarilla civil-militar que terminaría echando por tierra definitivamente toda la estructura político institucional del Estado venezolano, haciéndolo más antidemocrático (dictatorial) y regresivo. Eso que mora en el imaginario político de Maduro, su entorno palaciego, sus mentores cubanos y sus más fieles acólitos, ha ofrecido implantarlo en nuestro país, en el caso de que la oposición logre imponerse en las elecciones parlamentarias del 6D. Si él imagina que la sociedad venezolana aceptaría pasivamente una situación como esa, se equivoca; aquí, distinto a la experiencia cubana, no se ha extinguido la capacidad de resistencia que los venezolanos siempre han puesto de manifiesto ante situaciones semejantes. Así fue durante las dictaduras de Gómez y Pérez Jiménez. Eso es lo que explica la intensa actividad política desplegada por el pueblo venezolano en contra de esos dictadores; actividad que tendría su punto culminante en las jornadas políticas de calle del año 1936 y 1958 (23 de enero). Esto explica también la posición asumida por los distintos sectores populares ante el golpe de Estado de Pedro Carmona y su pretensión de implantar un régimen dictatorial-militarista, basado en la represión y la persecución política. En la actualidad, cualquier intento de imponer una dictadura militar mediante la figura de un régimen “cívico-militar “sin duda tropezaría con una gran resistencia que haría fracasar estrepitosamente tal pretensión. La rabia que se ha gestado en el seno de los más amplios sectores de la población debido al estado de calamidad generalizada a la que están sometidos, encontraría en ese intento una vía de escape con consecuencias impredecibles. Esto hace pensar que el planteamiento de Maduro, no sólo constituye una gran irresponsabilidad debido a los riesgos y la peligrosidad que reviste, sino que representa una provocación que podría conducir al conjunto de la sociedad venezolana a una situación caracterizada por sufrimientos aún peores de los actualmente existentes, los cuales, como sabemos, tienen su base en el calvario en que se ha convertido la vida de los venezolanos, por efecto de la inflación que, paulatinamente nos empobrece más y más, la escasez de alimentos y medicinas, la inseguridad personal, etcétera. La amenaza de Maduro, se concrete o no en la realidad, evidencia el total desapego que tiene el chavismo oficial con respecto a los valores de la democracia política. Afirmar que de perder las elecciones del 6D, aquí se implantaría una dictadura militar que dé continuidad al poder que detentan, es la demostración más clara de que la democracia para ellos no es otra cosa que un ropaje oportunista y pragmático que se usa o desecha según la conveniencia del momento y las circunstancias. En ningún caso se está ante una gente con la convicción y la propensión a trabajar por la organización en Venezuela de un orden político democrático basado en una Constitución que garantice efectivamente la libertad ciudadana y el ejercicio pleno de los derechos estipulados en ella. Contrariamente –cuestión que ha quedado plenamente demostrada en el tiempo que el chavismo oficial tiene en el poder- lo que se persigue es el establecimiento de un régimen militar cada vez más autoritario y totalitario. La represión que se ha venido practicando en contra de cualquier manifestación de la disidencia; el encarcelamiento de connotados dirigentes políticos, y de muchos ciudadanos por el simple hecho de haber participado en manifestaciones públicas; el cierre informativo y las severas limitaciones impuestas a la libertad de expresión, la serie de modificaciones fraudulentas introducidas por el directorio chavista de CNE en la organización del proceso electoral del 6D, la propia determinación de imponernos un régimen o un “estado de excepción” cívico-militar, etcétera, son todas expresiones de esa intencionalidad política. Todo parece indicar que el país evoluciona políticamente hacia una situación nada favorable para los intereses y la estabilidad del orden chavista. Lo más probable –según señalan todos los sondeos de opinión- es que la oposición gane las próximas elecciones, a pesar de todas las trabas y dificultades impuestas o planteadas por el CNE. Ese resultado haría que el chavismo oficial pierda no sólo el control que actualmente ejerce sobre la Asamblea Nacional, sino que perdería la capacidad que posee para designar a los integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, al Fiscal General, al Contralor General y al Defensor del Pueblo, etcétera. Se comprende perfectamente que no introducirán una modificación en la correlación de fuerzas que actualmente existe entre el gobierno y la oposición, a favor de esta última. De darse una situación como esa, el gobierno se colocaría en una posición de tal desventaja ante sus oponentes, que podrían forzarlo a tomar algunas medidas desesperadas, como las que nos ha ofrecido Maduro en su maltrecho planteamiento sobre el gobierno “cívico-militar”. De todas maneras si el madurismo finalmente da ese paso, con ello estaría delatando la debilidad que lo carcome y las pocas o nulas posibilidades que tiene de librarse de tal condición. Confía pese a todo, en que mediante el fraude electoral en preparación logre prolongar su permanencia en el poder. Se trata sin embargo, de una opción que tiene muy pocas posibilidades de concretarse, dada la determinación que posee la inmensa mayoría de los venezolanos de votar en su contra y de impedir a todo trance, que en esta oportunidad, su voluntad sea desviada o burlada.