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Más de 100 deportados a Colombia viven en la calle

Diputados de la MUD piden abrir la frontera mientras un grupo de deportados manifiesta en Cúcuta por mejores condiciones de vida 



Redacción La Razón

Mientras la Asamblea Nacional aprobaba un acuerdo de rechazo al cierre de frontera y la medida de estado de excepción dictada en 24 municipios, un grupo de más de 100 personas esperaba en el parque Santander, frente a las instalaciones de la Alcaldía de Cúcuta, para sostener un encuentro con las autoridades locales y exponer la difícil situación que aseguran seguir viviendo tras su llegada a Colombia el pasado mes de agosto.

Según reporta el diario colombiano El Tiempo, varios de los deportados y retornados de Venezuela a Colombia señalan que se encuentran viviendo en la calle luego de que dejaran de recibir el subsidio de arrendamiento de 250.000 pesos que durante tres meses les otorgó el gobierno colombiano tras la medida que se tomó en el país  en 2015.

El grupo de manifestantes que llegó a Colombia en medio del cierre de la frontera decretado por el Presidente Nicolás Maduro, el 19 de agosto pasado, insisten en que necesitan que se les brinden ayudas que les permitan tener mejores condiciones de vida, entre ellas opciones de empleo.

Marleny Ortiz, quien llegó deportada desde La Fría, en el estado Táchira, manifestó que el primero de enero se cumplió el contrato de arrendamiento y tuvo que entregar la pieza que había alquilado en el barrio María Paz, donde vivían ella, sus cinco hijos y un sobrino.

«Aquí somos 22 familias a las que ya se nos venció el arriendo, no tenemos donde vivir y tenemos una semana durmiendo en la calle, sin tener para comer», dijo Ortiz. Añadió que a pesar de haber realizado tres cursos de estilista no ha podido conseguir trabajo.

En iguales condiciones se encuentra Pedro Jesús Yañez, de 56 años de edad. Junto a su esposa y pequeña hija de 9 años de edad, deberá salir en los próximos días de la vivienda que arrendaron con el subsidio en el barrio Turbay Ayala, en el municipio de Villa del Rosario.

El hombre, que vivía en Llano Jorge, también en el estado Táchira precisa que por su edad no ha logrado conseguir un trabajo como obrero de construcción, oficio en el que siempre ha trabajado.

“Tuvimos un diciembre muy amargo, sin tener para comprarle un juguete a nuestra hija. No queremos ser unos mantenidos, pero llegamos sin nada, todo se quedó allá y no hemos logrado conseguir cómo estabilizarnos acá”, manifestó Yañez.

Diputados exigen el restablecimiento del paso fronterizo

La diputada de la Mesa de Unidad Democrática, electa por los municipios fronterizos en Táchira afectados por la medida, Laidy Gómez, leyó el acuerdo que exhorta al presidente Nicolás Maduro a abrir inmediatamente la frontera porque la medida ya no está vigente y viola los derechos humanos de muchas familias.

Gómez asegura esta acción no ha frenado el contrabando en la frontera y que, por el contrario, la actividad comercial en la zona ha empeorado desde la medida. “Hubo una sustitución de la economía formal aduanera, por la economía informal de utilidad individual que se lleva a cabo por las trochas, originando focos de corrupción”.

En el documento denominado Acuerdo sobre Crisis de Frontera y Estado de Excepción también se propone la creación de una Comisión Especial de Frontera para efectuar el control y seguimiento sobre la situación fronteriza, investigar y procesar las denuncias correspondientes a crímenes de lesa humanidad y violación de Garantías Constitucionales cometidos en los municipios en Estado de Excepción.

“Ya han sido puestos a la órdenes del Ministerio Público de forma particular los delitos, especialmente en el estado Táchira donde ya cursan denuncias al respecto”, manifestó la diputada. Añadió que de no ser acatada la orden por Maduro, será el mismo pueblo quien exija el restablecimiento del paso en la frontera.