Luis Ortíz Hernández y Carmen Elvigia Porras denunciaron ante la comisión especial que investiga nombramientos de 34 magistrados en diciembre, que fueron extorsionados para irse del Tribunal Supremo de Justicia
Gabriela González
La comisión especial que investiga el nombramiento de 13 magistrados principales y 21 suplentes a las distintas Salas del Tribunal Supremo de Justicia, presidida por el diputado Carlos Berrizbeitia, recibió este miércoles 17 de febrero a los exmagistrados Carmen Elivigia Porras, de la Sala Social, y Luis Hernández Ortíz, de la Sala Civil.
Los abogados denunciaron haber sido “presionados y chantajeados” para jubilarse antes de tiempo, puesto que les correspondía a finales de 2016.
A pesar de que los exmagistrados no quisieron declarar a los medios de comunicación, Berrizbeitia —que se encargó de recibirlos— relató que Porras contó cómo fue perseguida, extorsionada, amenazada dentro del TSJ, «dentro de la casa que imparte las leyes en el país luego de 11 años como magistrada».
El diputado señaló que tras estas intervenciones la comisión tendrá mayores pruebas para reafirmar la “inmoralidad que utilizaron para llevar a cabo estos nombramientos”.
Asimismo indicó que agregarán al informe las palabras de ambos exmagistrados, que a juicio de Berrizbeitia, hay que reconocer por su valentía.
De acuerdo al diputado, Porras y Ortíz dieron detalles de estas reuniones en las que siempre se les dijo que la decisión venía del Alto Gobierno y que tomaban estas medidas porque sabían que el 6 de diciembre no iban a tener la mayoría y necesitaban fortalecerse. Para el presidente de esta comisión especial, necesitaban fortalecerse con “magistrados que impartieran ordenes y no justicia”.
Berrizbeitia estima que el informe sea llevado a plenaria en la última semana de este mes y no descartó la asistencia de algunos miembros del comité de postulaciones, así como la posibilidad de tener una reunión con el Poder Moral.
El parlamentario manifestó que ninguno de los magistrados designados en diciembre atendió la invitación de asistir a la comisión y entregar sus documentos y recordó que en el expediente solo reposan dos currícula.
“La justicia esta sometida al Poder Ejecutivo”, sentenció Berrizbeitia, quien hizo un llamado al presidente Maduro: “Venezuela necesita instituciones independientes, con ética sino, seguiremos con una democracia enferma”.
De igual forma sostuvo que como diputados tienen las herramientas ya que son quienes nombran a los magistrados por lo que tienen capacidad de autotutelaje sobre sus decisiones. «Si en el proceso hay que corregir, se debe corregir”, destacó.
Durante la intervención de ambos exmagistrados, dejaron ver que sienten temor por las represalias que pudiera haber.
Unas horas antes y unos metros más abajo, en la Sede Administrativa de la Asamblea Nacional, como cada miércoles las comisiones permanentes se reunieron para trabajar los distintos puntos que se llevaran a la plenaria.
En esta jornada hubo dos constantes: los funcionarios que debían asistir a las comisiones de Política Exterior y Régimen Penitenciario no fueron y la otra fue que los diputados del Gran Polo Patriótico se retiraron, casi al unísono alrededor del mediodía para asistir a los anuncios que daría el Presidente de la República, Nicolás Maduro.
Ausencia reiterada
Por segunda vez, la ministra de Servicio Penitenciario, Iris Varela y el Comandante de la Guardia Nacional, Nestor Reverol no asistieron a la comparecencia convocada por la comisión de Cultos y Régimen penitenciario.
La nueva citación quedo fijada para el próximo miércoles a las 10:00am.
Quienes sí asistieron fueron la mamá de la capitana Laided Salazar, sentenciada a ocho años y siete meses y que hace pocos días recibió una medida cautelar, dado su estado de salud, y Kerly Rodríguez de Sánchez, esposa del teniente coronel de la Aviación Ruperto Chiquinquirá Sánchez Casares, sentenciado a siete años y tres meses en La Pica.
Ambas mujeres relataron el estado de los casos de sus familiares y todo lo que han tenido que vivir.
Otros ausentes por segunda vez fueron el presidente de Cencoex, el vicepresidente de Finanzas del Banco Central de Venezuela, Luis Laviosa y el presidente del Seguro Social. Laviosa envió una carta excusándose de no poder asistir puesto que el presidente Maduro anunciaría medidas económicas. Ya se había excusado una primera vez por no encontrarse en el país.
La diputada Sonia Medina, presidenta de la subcomisión especial que investiga los casos de estudiantes y jubilados en el exterior, calificó la inasistencia de estos funcionarios como una “falta de responsabilidad y seriedad”.
Medina señaló que, desde el mes de junio del año pasado, los estudiantes no reciben divisas, “están sobreviviendo gracias a la ayuda de otros venezolanos afuera”, dijo.
Habló de que manejan 25 mil casos, de los cuales, doce mil están documentados y siguen llegando más a la comisión.
Explicó que en la comisión de Política Exterior se acordó que se active la Ley de Comparecencia y no generar invitaciones sino ordenes de comparecencias a las comisiones para que “se tome en serio el trabajo de las comisiones”.
También indicó que según el articulo 6 de esta Ley, se prevé la posibilidad, en uso del control político, de ir a esas instituciones y solicitar la información, cosa que aprobaron harán, de agotarse la última comparecencia este 2 de marzo. Además, de no asistir ese día los funcionarios, la comisión aprobó activar las sanciones correspondientes.
Medina manifestó que “vamos a llegar al final de esta investigación. No va a quedar burlado el trabajo de esta comisión, eso se los aseguro”.
Por su parte, el diputado por el Gran Polo Patriótico, Yul Jabour, señaló que la su bancada rechazó la creación de una comisión para, según él, “allanar el camino para la activación de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA) y otros mecanismos internacionales y así propiciar una intervención extranjera”.
Investigaciones a la orden del día
La comisión de Contraloría aprobó investigar al gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas y al embajador ante las Naciones Unidas, Rafael Ramírez por presuntos hechos de corrupción, así como investigar todo lo relacionado al Caso Andorra.
Mientras, la comisión de Defensa y Seguridad recibió a representantes de la comunidad indígena quienes denunciaron el asesinato de 19 personas, presuntamente a manos del Ejercito y más de 600 detenidos acusados de “bachaqueo”.
Esta comisión acordó investigar estos hechos y citar al alcalde de La Guajira, Hebert Chacón.
