Tras la suspensión de la sesión ordinaria de este jueves por falta de quórum, un grupo de siete diputados se trasladó a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) para exigir las planillas para solicitar el revocatorio del presidente Maduro
Gabriela González
Juan Requesens, Milagros Paz, Milagro Valero, Marcos Bozo, María Beatriz Perez, José Mendoza y Conrado Pérez decidieron encadenarse en el ente electoral, a modo de protesta para exigir que el Poder Electoral les facilitara las planillas correspondientes a la solicitud de revocar al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros.
Simpatizantes del oficialismo rodearon la sede del CNE mientras la Guardia Nacional (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) hacían lo propio en sus funciones de “resguardo”.
Los simpatizantes del chavismo, resguardados de la lluvia, gritaban consignas como “Esta Asamblea va a caer”, al tiempo que llegaban más efectivos de seguridad en moto a la sede del Poder Electoral.
La GNB impidió el acceso a varios periodistas, alegando que “eran ellos quienes decidían quiénes entraban”.
Después de tres horas, GNB se dispuso a desalojar a los diputados encadenados y a periodistas de la sede. Esto a sabiendas de que los simpatizantes del gobierno se encontraban afuera y ya habían agredido a otros periodistas, lanzándoles bolsas con agua sucia.
Así, la GNB sacó a empujones a los comunicadores, en su mayoría mujeres. Los profesionales de la información tuvieron que huir en una camioneta, que fue golpeada con palos y bates, hasta romper sus vidrios. Otros periodistas corrieron con peor suerte y fueron golpeados y robados.
La inmunidad parlamentaria tampoco importo mucho. El trato de los efectivos castrenses con los periodistas se extendió a los diputados, que salieron de la sede golpeados y sin “cumplir los objetivos”. Es decir, sin las planillas.
La violencia también se trasladó a la sede administrativa de la AN, conocida como Pajaritos, cuando un hombre vestido con jeans, chaqueta y casco de motorizado apuntó, sin mediar palabras, al diputado José Brito. Esto delante de los GNB que custodiaban la entrada.
La justificación de la “no acción” de los oficiales fue simple: “él es colectivo”, le respondieron al diputado al tiempo que lo “instaban” a entrar al edificio.
La advertencia por parte del grupo de afectos al gobierno fue clara: “este es territorio chavista. Si tenemos que pasar por encima de la Guardia y de los policías, lo haremos”.
Sin quórum
Más temprano en la Asamblea Nacional, el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Henry Ramos Allup, convocó la nueva reunión para el próximo martes, tras suspender la sesión ordinaria de este jueves por falta de quórum.
El diputado oficialista Francisco Torrealba, uno de los pocos presentes de su bancada, denunció que Ramos Allup había “violado el reglamento”. Incluso, solicitó que se sancionara a los diputados ausentes. Sanción que, de ejecutarse, también afectaría a más de la mitad de la bancada oficialista que no estaba.
La denuncia fue rechazada tajantemente por el presidente del parlamento, que señaló que, “el PSUV va día tras día a la Asamblea esperando que no haya quórum. Nosotros estamos trabajando. Muchos no pudieron llegar por la lluvia” y agregó que los diputados del Gran Polo Patriótico (GPP) tenían su “parte de responsabilidad” con lo ocurrido en la jornada.
Ley de “cestatickets” ¿va o no va?
La tercera Ley aprobada por la Asamblea parece que no correrá mejor suerte que sus antecesoras.
Tras el anuncio el jueves en la mañana del presidente de la AN, diputado Ramos Allup, de que la Junta Directiva del parlamento había promulgado la Ley de bonos de alimentos y medicinas para pensionados y jubilados ante el “silencio administrativo” del presidente Maduro, el Tribunal Supremo de Justicia anunció que el primer mandatario nacional había solicitado el 14 de abril a la Sala Constitucional que se pronunciara sobre la Ley.
Cronología
– Esta Ley, que beneficiaría a más de tres millones de pensionados y jubilados, fue sancionada el 30 de marzo.
-Se le envío al presidente Maduro el 6 de abril. A partir de ese día corría un lapso de 10 días hábiles en los que podía promulgarla, devolverla con observaciones a la AN o solicitar que la Sala Constitucional se pronunciara sobre su constitucionalidad. Ese plazo culminaba el jueves 21 de abril.
-Hasta el jueves 21 de abril, en la página web del Tribunal Supremo de Justicia no se refleja en la Cuenta la solicitud del presidente Maduro.
Dando por “hecho” lo anunciado por la cuenta oficial del TSJ en la red social, la Sala Constitucional contará con 15 días, contados a partir del 14 de abril, para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Ley, por lo que la promulgación realizada este jueves por la Directiva de la AN quedaría sin efecto.
Lo que no fue
Uno de los puntos a tratar en la sesión suspendida de este jueves fue la primera discusión del Proyecto de Ley de Protección e Indemnización a usuarios frente a fallas del Servicio Eléctrico.
Aunque la discusión sobre este tema no ocurrió, expertos en el tema señalan que elaborar otra Ley, cuando existe la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico que contempla estas indemnizaciones, es infructuoso y burocrático. Apuntan a que los esfuerzos deben ir en hacer que se cumpla la legislación.
Hay que tener en cuenta que, ante el anuncio de racionamiento eléctrico o “administración de la carga” hasta por cuatro horas, como lo ha llamado el ministro Luis Motta Dominguez, este tema será de vital importancia.
La Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico establece, en relación a estos aspectos, lo siguiente:
Artículo 32. Los municipios en cumplimiento de sus atribuciones deberán:
1. Apoyar al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de energía eléctrica, en la fiscalización de la calidad del servicio eléctrico en los territorios que correspondan a su jurisdicción.
2. Participar con el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de energía eléctrica, en la planificación para la prestación del servicio eléctrico.
3. Propiciar la organización de usuarios, así como orientar a las organizaciones del Poder Popular en la vigilancia de la calidad del servicio eléctrico.
4. Colaborar con el operador y prestador del servicio, así como con las organizaciones del Poder Popular, en la mejora del servicio eléctrico en su jurisdicción.
5. Velar por la adecuada y oportuna atención al usuario del servicio eléctrico.
6. Desarrollar y ejecutar programas de formación para los usuarios y las organizaciones del Poder Popular, sobre el uso racional y eficiente de la energía eléctrica.
7. Dictar e implementar normativas municipales para el uso racional y eficiente de la energía eléctrica.
Artículo 33. El usuario es la persona natural o jurídica que hace uso del servicio eléctrico como titular de un contrato de servicio o como receptor directo del mismo, sujeto a los derechos, obligaciones y sanciones que establece esta Ley y demás normas que la desarrollen. Derechos de los usuarios
Artículo 34. Los usuarios tienen los siguientes derechos:
1.Obtener el suministro de energía eléctrica oportuno y de calidad por parte del operador y prestador del servicio.
2.Organizarse para participar en la fiscalización de la calidad del servicio eléctrico, así como en la protección y seguridad de las instalaciones destinadas a la prestación del servicio eléctrico.
3.Recibir respuesta oportuna y adecuada de sus reclamos, en primera instancia del operador y prestador del servicio y en segunda instancia del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de energía eléctrica.
4.Exigir y recibir del operador y prestador del servicio, información completa, precisa y oportuna para la defensa de sus derechos.
5.Obtener, por parte del operador y prestador del servicio, la compensación adecuada por fallas en la calidad del servicio eléctrico y el resarcimiento de los daños causados por fallas en el suministro de energía eléctrica, de acuerdo con lo que establezcan las normas aplicables en esta materia.
6.Obtener, por parte del operador y prestador del servicio, el reembolso de lo cobrado en exceso, si la tarifa aplicada fue indebidamente cambiada o por errores de medición, lectura o facturación, de acuerdo a las normas que regulen las relaciones entre el operador y prestador del servicio y los usuarios.
7.Los demás que establezca esta Ley, su Reglamento y las normas que la desarrollen
Teniendo en cuenta esto, habrá que esperar el desarrollo de la primera discusión del Proyecto de Ley que se espera ocurra el próximo martes.
