Poco más de seis horas necesitó la oposición para continuar discutiendo el informe final del proyecto de ley de referendo, el cual consta de 109 puntos
Gabriela González
En la continuación de la discusión del proyecto de ley de referendo, la Asamblea Nacional pudo avanzar hasta el artículo 47 de los 109 propuestos, menos de la mitad del informe, por lo que se espera que entre miércoles y jueves sea aprobado el informe y, por tanto, sancionado como Ley.
¿Qué dice el proyecto de ley?
La diferencia sustancial entre el proyecto aprobado en primera discusión y este informe final son los lapsos para solicitar, modificar y obtener respuestas por parte del ente rector.
En muchos casos, esos lapsos van de cinco días que estimaba el proyecto presentado a 48 horas, en este informe final.
Muchos cambios son una respuesta a todo el debate que se ha venido suscitando sobre los requisitos que, según en Consejo Nacional Electoral (CNE), se requieren para la solicitud y activación de un referéndum revocatorio.
Temas como la simplificación de trámites, respuestas en tres días hábiles, promoción de referendos por parte de órganos del Poder Público y por supuesto, uno de los centros de discusión estos días, la facultad que tienen las organizaciones con fines políticos es parte de lo que se maneja en este informe final del proyecto de ley que, no esta de más recordarlo, esta en mora legislativa desde hace nueve años.
Las notificaciones que reciban los interesados podrán hacerse vía electrónica y el CNE deberá, en cada inicio de año, informar las iniciativas de referendos que para ese momento se encuentren en curso así como también los procesos consultivos que durante ese año podrían promoverse.
Las iniciativas de referendos podrán ser promovidas por un número de entre cinco y nueve electores debidamente inscritos en el Registro Electoral. Los electores también podrán constituirse en grupos para poder “promover e impulsar la solicitud de referendo”.
En cuanto a los requisitos para solicitar un referendo, se incluye que, “las manifestaciones de voluntad podrán recolectarse en los puntos que proponga los promotores utilizando exclusivamente el Sistema de Autentificación Integrado o a través de formatos o planillas que contendrán las manifestaciones de voluntad. Manifestaciones que luego, en un porcentaje del 2,5%, serán validadas” ante las Oficinas Regionales y municipales.
Voces a favor y contra
El escenario de discusión de este proyecto de ley sigue siendo el mismo que han sufrido otras propuestas legales: gritos, descalificaciones, uno que otro chiste y discursos políticos que nada tienen que ver con el articulado a discutir.
Las interpretaciones de la Ley también están a la orden del día. El bloque del Gran Polo Patriótico alega que la Ley Orgánica del Poder Electoral establece en su Disposición Transitoria Tercera que:
“El Consejo Nacional Electoral dentro del primer año siguiente a su instalación elaborará el Proyecto de Ley de Registro del Estado Civil de las Personas, el Proyecto de Ley de los Procesos Electorales y de Referendos, y lo presentará ante la Asamblea Nacional”.
Esto para darle fuerza a la teoría de que la iniciativa legislativa la tiene el CNE.
Sin embargo, la Ley Orgánica de Procesos Electorales tan válida como la del Poder Electoral, estable en su Disposición Transitoria Primera que:
“Hasta tanto la Asamblea Nacional dicte la ley que regule los procesos de referendo, el Poder Electoral a través del Consejo Nacional Electoral como órgano rector y máxima autoridad de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución de la República, desarrollará los instrumentos jurídicos especiales que regulen los procesos de referendo cuando las circunstancias así lo exijan. Los procesos de referendo se regirán por lo establecido en la Constitución de la República, la Ley Orgánica del Poder Electoral, la presente Ley y en las demás leyes electorales”.
En ambos casos, se deja claro que todo debe pasar por el filtro de la Asamblea Nacional, lo que valida la postura de la Mesa de la Unidad dentro del parlamento de que el CNE tiene iniciativa legislativa en materia electoral pero esta no es exclusiva ni mucho menos excluyente de la que posee la Asamblea.
La oposición insiste en que este instrumento legal simplifica los trámites para ejercer el derecho de los ciudadanos mientras que el oficialismo se mantiene en la teoría de “usurpación de funciones” por parte del Legislativo.
Sin reconciliación
La sesión de este martes también sirvió para debatir sobre la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que declaró inconstitucional la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional.
Al respecto, la diputada Delsa Solórzano (MUD) indicó que el Alto Comisionado de la ONU se había mostrado “conforme” con la Ley.
También respondió a las acusaciones de nazismo que les hiciera la bancada oficialista diciendo que la sentencia del TSJ se basa en escritos de Carl Smith, “el ideólogo del nazismo”.
Por su parte, el diputado Freddy Guevara aprovechó para convocar a los sectores de oposición a “una gran marcha” este 19 de abril.
Desde la bancada oficialista se criticó que la oposición decidiera no participar en la “Comisión de la Verdad” convocada por el presidente Maduro el lunes, y para la cual llegó al país el expresidente y secretario de la UNASUR, Ernesto Samper.
Sobre esta Comisión, la oposición también criticó el hecho de que el llamado hubiese sido por televisión y que solo se pretenda investigar un solo lado de los hechos.
¡Partida!
No es la expresión usada para correr. Durante la sesión de este martes varios diputados de la oposición aprovecharon sus discursos para referirse al tema de la partida de nacimiento del presidente Maduro y a “convidarlo” a que la muestre.
A propósito de esto, la diputada Dennis Fernández señaló que en 20 días podría estar presentando el informe final de las investigaciones que llevan a cabo sobre la nacionalidad del Presidente, la cual se ha puesto en tela de juicio en los últimos meses.
Indicó que, a pesar de que han dirigido comunicaciones solicitando información a entes como el Servicio de Administración de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) y a otras instancias, estas les han sido negadas.
Asimismo criticó las declaraciones de la rectora Tibisay Lucena en las cuales “habría sugerido que la partida no es un requisito” y adelantó que el presidente del parlamento podría solicitar al presidente Maduro su comparecencia para que “muestre la partida”.
Gajes del oficio
A pesar de que muchas veces los debates se tornan pesados y repletos de descalificaciones, esto solo forma parte de los “gajes del oficio” parlamentario entre algunos diputados.
Es habitual que después de estas descalificaciones y palabras altisonantes los diputados aludidos se rían y compartan.
Ejemplo de esto es como luego de que el diputado Francisco Torrealba (Psuv) se refirió, durante su intervención, al presidente de la Asamblea, Henry Ramos Allup, como “arlequín de nuevo cuño”, al final de la misma subió a presidencia a reírse con éste.
