“La delincuencia cuenta con el amparo de una gigantesca corrupción e impunidad del Estado”, asegura el arquitecto, novelista y analista Marcos Tarre Briceño del tema de la seguridad en Venezuela
Carlos Díaz
“El gobierno permitió que las actividades de la delincuencia organizada se consoliden y multipliquen”, afirmó Marcos Tarre Briceño, arquitecto, novelista y analista del tema de la seguridad en Venezuela, en entrevista con “La Razón”.
Explicó que hasta 1999 en el país operaban distintas formas delincuenciales tales como el tráfico de drogas, secuestro, lavado de dinero, robo y hurto de vehículos. Indicó que luego de ese año, y debido a las políticas erróneas del Ejecutivo nacional, se consolidaron dichas modalidades y surgieron otras tales como el contrabando de gasolina, las megabandas, cárceles bajo el poder de los delincuentes y convertidas en industrias, mercado negro cambiario y la reventa de productos regulados.
Destacó que todas estas formas delictivas generan altas sumas de dinero que es, posteriormente, reinvertido por el hampa para reforzar sus mecanismos y expandir sus delitos hacia diversas áreas. “Es una especie de centrífuga o retroalimentación constante que se refleja en los terribles índices delictivos y los cuales cuentan con el amparo de una corrupción e impunidad que son gigantescas”, indicó.
¿Han funcionado las zonas de paz creadas por el gobierno o, por el contrario, ha fomentado la impunidad?
Es una política equivocada del gobierno. Fue un error el negociar con las bandas criminales y fue una política que comenzó con los pranes de las cárceles. Recordemos la situación de El Rodeo II (en julio de 2011) y donde después de 28 días de sublevación los privados de libertad se entregaron. Un mes después se creó el Ministerio de Asuntos Penitenciarios y el cual se ha convertido en un negociador constante con los pranes sin que se haya podido solucionar los problemas. Esas mafias carcelarias obligan a los presos a pagar lo que denominan “causa” y ejercen control en casi todos los penales del país. Asimismo, ha habido complicidad de la Guardia Nacional en el ingreso de las armas a los penales Por tanto, hay un engranaje muy fuerte entre la delincuencia organizada y la corrupción.
OLP es combustible a la delincuencia
¿La Operación Liberación y Protección del Pueblo (OLP) ha logrado disminuir la delincuencia en el país?
La respuesta que ha dado el gobierno, después de mucho tiempo sin reprimir, es volver a las redadas que se hacían hace años atrás y que hoy han sido descartadas por los gobiernos democráticos del mundo debido a su insuficiencia. La OLP ha añadido más combustible a la delincuencia. Según denunció Provea hace algunos días durante la realización de la OLP, desde principios de 2016, han muerto 255 personas y de los cuales 20 casos se comprobaron que fueron ejecutados por la acción policial. Se trata de una escalada más entre el Estado y la delincuencia y la cual empeora cada día más.
Cientos de funcionarios policiales escoltan a los enchufados
¿La Ley de Amnistía promueve la impunidad tal y como aseguran las máximas autoridades del gobierno?
En la sentencia del TSJ, compuesta por 180 páginas, hay una serie de argumentos que parecen favorables a la Ley de Amnistía y luego se concluye con su calificación de inconstitucionalidad.
¿Qué opina de todos los recursos que invierte el gobierno en guardaespaldas, camionetas blindadas, armas, logística y caninos entrenados para proteger a sus altos funcionarios mientras en el Metro de Caracas los usuarios se encuentran cada vez más desprotegidos?
Eso revela la hipocresía del gobierno. Una de las primeras medidas del Presidente Chávez, y cuando Miquilena fue ministro de Relaciones Interiores, fue que se devolvieran al Estado todas las armas de las Fuerzas Armadas que se encontraban en manos de particulares para efectos de medidas de seguridad para diversas personas. Bueno, lo que hoy ocurre con ese tema es mucho peor en comparación a esos primeros años del gobierno. Ha habido una avalancha de sustracción de funcionarios policiales de sus labores de seguridad para la ciudadanía para el resguardo de altos funcionarios oficialistas. Y son funcionarios altos y también medianos porque antes solo los ministros tenían guardaespaldas pero hoy eso se ha escapado totalmente de las manos. Son cientos de funcionarios policiales que deberían estar cuidando a la población, sin embargo, están dedicados a resguardar la seguridad de los enchufados del gobierno.
¿Por qué han surgido el uso de granadas y el ataque con estas armas a los comandos policiales y de los puestos de control de las Fuerzas Armadas?
La delincuencia organizada ya no está asesinando a los policías para quitarles las armas de fuego sino por el hecho de querer asesinarlos porque son policías. Es una escalada más del conflicto sin que haya medidas alternas de prevención, de desestructuración de la violencia y de construcción de ciudadanía, y las cuales a corto y mediano plazo podrían permitir la disminución de los niveles de delincuencia.
¿Los cuerpos policiales están bien dotados de formación, armas y equipos para enfrentar el hampa?
Es curioso que cada vez que hay año electoral el gobierno presenta a la opinión pública planes en materia de seguridad. Eso sucedió en 2006, cuando hubo elecciones presidenciales y había ocurrido el terrible asesinato de los niños Faddoul. Fue cuando el entonces ministro de Relaciones Interiores, Jesse Chacón, creó la Comisión Nacional para la Reforma Policial. En 2007 entregaron su diagnóstico sobre lo que se debía hacer en materia policial. Luego el siguiente ministro, Pedro Carreño, lo primero que dijo fue que ese informe no respondía a las expectativas de lo que debía ser una policía socialista y lo guardó en una gaveta para dormir el sueño de los justos. No entendimos esa contradicción cuando Chacón y Carreño compartían la misma mesa de trabajo sobre esta materia.
Ahorcan a policías de la oposición
¿La Gran Misión A Toda Vida Venezuela fracasó o se alcanzaron logros?
Fue un plan general que el presidente Chávez presentó con gran despliegue publicitario antes de las elecciones de 2006. Luego del proceso electoral, la Gran Misión A Toda Vida Venezuela cayó en el olvido. Una de las bases filosóficas de esta misión fue la desmilitarización del tema de la seguridad, elemento que proponían con toda razón. Sin embargo, una vez en funciones el Presidente Maduro se designó a un general activo como ministro de Relaciones Interiores. La primera medida que tomó este general fue sacar a la calle unidades del Ejército y las Fuerzas Armadas para ejercer funciones de seguridad y así contradiciendo la esencia de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela. Más nunca nadie habló de esta misión.
¿Qué objetivos planteaba esta misión?
En esa misión se establecían planes de trabajo para municipios prioritarios, condiciones, equipamiento y mejoras para los cuerpos policiales, por ejemplo, en materia laboral; asimismo, en la formación, selección y entrenamiento de los efectivos policiales. Nada de esto se ha dado en los cuerpos policiales de los estados que son gobernados por el oficialismo y en aquellos estados en manos de la oposición el gobierno se ha encargado de ahorcar financieramente a los cuerpos policiales. Es una situación muy delicada y difícil.
Delincuencia florece con la corrupción
¿Hay déficit de funcionarios policiales?
Por supuesto, hay déficit de funcionarios policiales, asimismo, hay deficiencia en los procesos de selección, equipamiento y actualización del adiestramiento. De igual manera, los ciudadanos no confían en los cuerpos policiales porque han sido penetrados por la corrupción y, al respecto, estamos viendo casos de la Guardia Nacional y de funcionarios policiales que están involucrados en hechos delictivos. Esto crea una situación bastante compleja.
“Fue un error el negociar con las bandas criminales”
¿El hampa, narcotráfico y el crimen organizado han penetrado la estructura del Estado?
Cuando florece la delincuencia organizada es porque va de la mano con la corrupción. Precisamente, la corrupción es una especie de aceite que permite que el crecimiento de las formas delictivas. Es una corrupción que abarca a las Fuerzas Armadas, Poder Judicial, sistema penitenciario y los cuerpos policiales. La delincuencia organizada sí ha engranado con muchos funcionarios del Estado.
El gobierno habla de paramilitares en lugar de delincuentes y dice que el objetivo es desestabilizar el gobierno de Maduro, ¿esto es cierto?
Es una constante manipulación del lenguaje. Paramilitares son grupos armados utilizados en Colombia por la ultraderecha para combatir a las FARC y ELN. En Venezuela se utiliza esa terminología de una manera muy calculada con la finalidad de manipular. Durante los primeros días de la gestión del ministro de Relaciones Interiores, Gustavo González López, se habló de la redimensión de los cuadrantes para atacar la delincuencia organizada. Al día siguiente corrigió y habló de atacar a los grupos paramilitares. El uso de este lenguaje en lugar de aclarar lo que hace es confundir a la población. Se habla de paramilitares de una manera muy ligera con la finalidad de endosarle el problema de la delincuencia a la oposición. Todo esto ayuda a que se agrave más la delincuencia y la corrupción.
«Hemos perdido los espacios públicos»
¿De qué manera la delincuencia está cambiando la vida y costumbres de la gente?
Nuestras costumbres han cambiado totalmente debido a este problema. Vivimos en permanente estado de sitio, hemos perdido la calle y los espacios públicos, de poder sentarnos en una plaza, hemos perdido calidad de vida. La inseguridad se ha convertido en una barrera terrible para el desarrollo de las personas, comunidades y el país. Ha sido un proceso gradual y nos hemos ido adaptando a una sobrevivencia que se agrava ahora con el desabastecimiento de alimentos y la inflación. La gente está cansada y quiere argumentos creíbles, que lo dicho por un ministro diga tenga asidero real. Lo vimos recientemente con el caso de Tumeremo, por ejemplo, en donde las primeras declaraciones del gobernador Rangel Gómez fue que había sido una masacre virtual. Es un constante bombardeo de manipulación que no ayuda para nada a solucionar esta problemática.
“Hablar de paramilitarismo en lugar de delincuencia es manipular el lenguaje”
¿Cuáles son los estados más peligrosos del país?, ¿cuántas personas han sido asesinadas en los recientes años por el hampa?
No hay estadísticas oficiales al respecto. Sugiero consultar la página web del Observatorio Venezolano de Violencia y del Observatorio del Delito Organizado, organizaciones que han recopilado información y que es una tarea que debería realizar el Estado venezolano.
¿La Asamblea Nacional (AN) debe reformar el Código Orgánico Procesal Penal para castigar con más severidad a la delincuencia?
Todo lo que haga la AN no será aprobado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Los venezolanos ya sabemos que el TSJ sigue las órdenes del Ejecutivo nacional y está dedicado a torpedear cualquier iniciativa legislativa.
