Desde la aplicación de las Operaciones para la Liberación del Pueblo (OLP) las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales han registrado un incremento exponencial
Patricia Marcano
Desde el 13 de julio del año pasado, día que comenzó a aplicarse el último plan de seguridad ciudadana en el país, hay un historial de violaciones de derechos humanos que ha ido creciendo en paralelo a la acción conjunta emprendida por policías y militares en esos operativos.
Detrás de la denominada Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) hay cifras no anunciadas y cientos de historias veladas que preocupan a las organizaciones defensoras de derechos humanos, pues mientras se dan partes de guerra sobre delincuentes “abatidos en enfrentamientos”, reforzando una política de “mano dura” contra el crimen y la delincuencia, los números sobre ejecuciones policiales, detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales han llegado a niveles sin precedentes.
“Nunca antes, ni en el Plan Unión de los 80, ni en las redadas de los ‘pantaneros’ de los 90, se había registrado una violación tan grave de derechos humanos como la registrada en las OLP”, sentencia Inti Rodríguez, coordinador de investigación del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
Disparos y vejaciones
La madrugada del 17 de agosto de 2015, en una OLP practicada en una Misión Vivienda del sector Villa Zoita, en la isla de Margarita, una comisión mixta del Cicpc, GNB y Policía de Nueva Esparta golpeó la puerta de la casa de la señora Olga Mesa. Allí vivía con su esposo, un hijo de 16 años, otro se seis y una hija mayor de edad con su bebé de seis meses.
Al abrir ingresa de inmediato un grupo de funcionarios sin orden judicial. Golpean a la señora, la colocan contra la pared y la apuntan en la cabeza con un arma. Comienzan a revisar la casa, preguntan por alguien llamado “Ángel” y la llevan al cuarto de su hijo de 16 años quien tenía ese mismo nombre.
Allí le preguntan de nuevo “¿es Ángel?”, mientras otro funcionario tiene sometido al joven pisándolo en el pecho contra el colchón donde dormía, y ella responde “sí, es mi hijo”, y uno de los funcionarios le dispara.
El MIJ informó en febrero que 245 personas fallecieron en las OLP durante 2015. Los estados con más muertos fueron Carabobo (84), Bolívar (49), Distrito Capital (27), Miranda (13) y Falcón (12)
No preguntaron su nombre completo ni pidieron la cédula para verificar si era la persona que buscaban. Al papá lo golpearon fuertemente hasta que se desmayó, a la hermana le quitaron el bebé (estaba amamantando) y en el forcejeo el niño se da un golpe en la cabeza, y el hermanito de seis años es encerrado en un cuarto luego de presenciar la muerte.
“Colocan a la familia a observar la ejecución”; “Es una tortura tremenda”, señalan Claudia Carrillo y Ronnie Boquier, psicóloga y abogado –respectivamente- del Comité de Familiares de las Victimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (Cofavic), organización que lleva el caso de esta familia.
Después de matar al adolescente los funcionarios simulan un enfrentamiento, llaman por radio para pedir refuerzos y hacen varios disparos, relata Boquier con base en el testimonio de los familiares.
Sacan a todos de la vivienda, la señora y su hija son llevadas a un terreno baldío donde las golpean en la cabeza con un fusil, las amenazan y obligan a acostarse boca abajo en el piso, mientras los niños son dejados en un lugar apartado. El papá fue llevado a otro lugar y liberado en el transcurso de la mañana. Ellas escapan
Intentan buscar al joven en la morgue sin suerte. Van a la casa pero les prohíben entrar. Un GNB apostado en la puerta les muestra un papel donde dice que fueron desalojados y que la casa no es de ellos sino del Estado.
El resultado de esta OLP, según el reporte dado por el gobernador Carlos Mata Figueroa, fue el desmantelamiento de una banda donde un joven de 16 años, presunto líder de una banda, resulta “abatido” en un enfrentamiento con la policía.
“Este caso ha sido muy difícil, tiene muchas violaciones a derechos humanos y ha tenido muchas amenazas. La investigación sigue. Recibieron asesoría de varias organizaciones, recuperaron la casa pero la familia tuvo que separarse, agrega Boquier, abogado del área jurídica de Cofavic.
Durante 2015 esta ONG documentó 1.510 casos de presuntas violaciones de derechos humanos cometidos por policías y militares; antes de las OLP, de enero a junio, llevaban 641. Del total de violaciones, 1396 fueron presuntas ejecuciones extrajudiciales o policiales (vulneran el derecho a la vida).
En el año 2008, el Estado reconoció este tipo de excesos policiales e informó, a través del Ministerio Público, que entre 2000 y 2008 habían ocurrido más de 8.000 ejecuciones, un promedio de mil por año, recuerda Carrillo.
Dos años antes (2006) había sido creada la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol), cuyo trabajo duró unos tres años y logró, entre otras cosas, identificar un patrón en estos hechos cometidos por la policía venezolana y hacer recomendaciones.
“Eso se ha olvidado en el alto Gobierno. Las ejecuciones policiales siempre han existido pero nunca habían sido tan elevadas como en este último año con las OLP y nunca habían sido tan avaladas por funcionarios del Estado”, advierte Inti Rodríguez, de Provea. “En años anteriores las calificaban como desviaciones y decían que serían investigadas. Ahora las justifican por completo”.
En 2013 Cofavic documentó 669 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales en 23 estados del país; en 2014 fueron 1.018 y en 2015 subió a 1.396 (37% de aumento).
En 2015 Cofavic registró 1.510 presuntas violaciones de derechos humanos (ejecuciones, torturas y desapariciones forzadas) cometidas por policías y militares. 81% de las víctimas fueron menores de 25 años y 99% hombres. En 2014 documentó 541 violaciones y 337 en 2013.
“Los incrementos son abismales. Nos lleva a pensar que hay un cambio, que ya no se queda en un fenómeno parapolicial independiente sino que hay políticas o planes de seguridad donde esto pudiera ser una línea”, indica Boquier.
El abogado además precisa que el ente policial más señalado en estos hechos es el Cicpc, con una participación en 30% de los casos. “Esto es grave porque se trata del organismo responsable de investigar”, advierte Carrillo.
El caso de la OLP de Villa Zoita también incluye esta irregularidad. El abogado detalla que la familia de la víctima reconoció a uno de los funcionarios del Cicpc que fue a la vivienda a recabar evidencias en el colchón donde matan al joven, y a hacer las pruebas con luminol, como uno de los que participó en la ejecución esa madrugada. Además una de las defensoras de la familia, asignada por el Ministerio Público, fue agredida por efectivos del Cicpc cuando acudió meses después a buscar experticias.
“Lo más preocupante es que se está institucionalizando el uso excesivo de la fuerza policial y militar, y se está institucionalizando la pena de muerte en Venezuela, a través de centenares de ejecuciones presentadas como presuntos enfrentamientos”, asegura Rodríguez, de Provea.
Esta organización también lleva el registro de ejecuciones policiales y en su caso precisan un aumento de 109% con respecto a 2014, al pasar de 220 casos a 460. En esta última cifra están incluidas las 245 muertes, de julio a diciembre, reconocidas por el Estado en las OLP (publicadas por el Ministerio Público), y que hasta ahora no han sido explicadas las circunstancias en las que ocurrieron.
“Lo curioso es que en esos supuestos enfrentamientos hubo un solo policía fallecido y tres heridos. La desproporción entre el número de civiles asesinados y funcionarios caídos hace presumir que se trató de ejecuciones extrajudiciales, y eso no lo dice Provea, lo dijo la Conarepol en 2006, en el diagnóstico sobre las características de la policía venezolana”, explica.
Además es tajante al decir que todas esas muertes pudieron ser evitadas por el Estado, pero éste –también lo asevera- fue el que las propició.
“El propio Presidente de la República y el propio ministro de Interior y Justicia, Gustavo González López, son los responsables de esas muertes porque ellos alentaron esas muertes. Y no lo digo de forma irresponsable, hay un video donde el ministro declara ante asesinato de dos policías nacionales que esas muertes iban a ser vengadas. Al día siguiente se realiza un operativo y mueren seis personas en manos de la fuerza pública. ¿Cómo se puede interpretar eso?”.
Detenciones y allanamientos
Provea y Cofavic son dos de las ONG de derechos humanos que han documentando las denuncias sobre violaciones al derecho a la vida, integridad personal, vivienda y libertad personal ocurridos en las OLP.
Los allanamientos ilegales, que violentan la integridad personal, aumentaron 33.754% el año pasado. Se registraron 17.215 casos frente a 51 en 2014.
Y en el caso de las detenciones arbitrarias (derecho a la libertad personal), la cifra se elevó 496%; mientras en 2014 detuvieron a unas 3.500 personas, en 2015 fueron 17.337 los detenidos y solo en las OLP el número fue 15.946. Todos estos datos son de Provea y fueron divulgados esta semana en la presentación de su informe anual de 2015.
Uno de los rostros de estas cifras es el de Emily León, una joven de 22 años y madre de dos niños (ocho y seis años) que junto a toda su familia fue desalojada de su vivienda y dos días después fue detenida.
Ella forma parte del Comité de Víctimas de la OLP La Ensenada, una comunidad de 360 personas (110 familias), que estaba ubicada en el kilómetro 4 de la Panamericana en Caracas, y que fue blanco de una OLP en julio pasado. Más de mil efectivos de la GNB llegaron a las 4:30 am al barrio, ordenando desalojar las viviendas “por orden presidencial”, pero nunca mostraron esa orden ni nada.
La historia engloba engaños (les dijeron que en el Poliedro les asignarían un refugio pero al ir hasta allá no había nada ni nadie), robos (camiones identificados como ‘Barrio Tricolor’ cargaron sus enseres para enviarlos a un refugio en La Yaguara pero las familias llegaron y los camiones no; les robaron todo) y excesos.
El primer día la GNB rompió las paredes de las viviendas para obligarlos a salir y al día siguiente llegó la maquinaria pesada para tumbar las 110 viviendas. Mientras eso ocurría los funcionarios se llevaban guacales de lechugas, aguacates, tomates, cambures y otras frutas y legumbres que sembraban las familias.
El sector tenía 33 años de fundado y en ese tiempo, asegura Emily y su familia, nunca hubo un robo ni un muerto. “Si fue una redada para buscar delincuentes llegaron al lugar equivocado. De allí no se llevaron drogas ni un arma, pero salieron diciendo que era un barrio de paramiliatares y colombianos. Nosotros somos venezolanos”, denuncia León.
Ella y un vecino fueron detenidos por la GNB. Les pidieron que los acompañaran para chequear si tenían antecedentes y los llevan a una carpa móvil en El Poliedrito.
“Fui, me revisaron y no encontraron nada. Cuando estoy esperando para irme llega un guardia y me dice: ‘¿Tu eres la de la marihuana?’. Yo le respondo: ‘¿Perdón?’, y allí dicen que me monten en el convoy y me lleven”.
Emily estuvo presa en la cárcel del Inof, en Los Teques, 47 días, por un expediente sembrado y testimonios forjados, explica. Provea apoya el caso. Las familias quedaron sin viviendas y tienen 10 meses durmiendo en salas o habitaciones prestadas por familiares.
“Mis hijos me reclaman por qué dormimos en un colchón en el piso si ellos tenían su cuarto y su casa. Y cuando ven a un guardia se asustan. Nosotros pedimos una indemnización”, explica.
Inti Rodríguez, defensor de derechos humanos de Provea, señala que nunca antes se había vulnerado el derecho a la vivienda en el marco de un operativo de seguridad ciudadana, pues en La Ensenada, además ese fue el derecho más violentado.
Durante la gestión de Tarek William Saab como gobernador de Anzoátegui se registraron 120.000 detenciones en 1 año, la cifra más alta documentada en el país, indica Provea
Otro hecho particular ocurrió en Valencia, en la OLP de Brisas del Hipódromo, donde demolieron 436 viviendas, se llevaron detenidos a 500 hombres y apenas una persona estaba vinculada a la comisión de delitos. “El resto de las detenciones fueron ilegales y arbitrarias”.
Frente a esa comunidad el Gobierno construyó Ciudad Chávez, un urbanismo de la Misión Vivienda. Las 436 familias serían reubicadas en esos apartamentos pero cuando es inaugurado el complejo, en febrero del año pasado, los dejan por fuera, aún cuando asistieron a cursos en el Ministerio de Vivienda sobre convivencia, como preámbulo de la mudanza.
“La gente de Brisas del Hipódromo comenzó a denunciar la presunta corrupción con ese urbanismo, la corrupción del gobernador Francisco Ameliach y de su hermano, presidente de Pequiven y que junto a una empresa iraní construyeron el urbanismo. 15 días antes de la OLP la comunidad había cumplido un mes protestando con quema de cauchos y cierre de vías. Allí la OLP se produjo como un mecanismo de castigo ante las denuncias y protestas de estas personas”, denuncia Rodríguez.
El argumento de los funcionarios ante estas acciones que violentan el derecho a la vivienda es los allanamientos respondía a una “verificación y auditoría” de viviendas. De ellas se han recibido denuncias sobre robos y destrozos a equipos electrónicos e incluso alimentos, y finalizaron el año con 1.490 viviendas “recuperadas” por el Estado.
Un presunto «paramilitar»
Como tercer ejemplo de las detenciones y extralimitaciones, cita otro caso ocurrido en los edificios de Misión Vivienda de La Paz, en Caracas, donde detuvieron a 38 personas de nacionalidad colombiana. En promedio duraron entre 15 y 30 días detenidos y nunca fueron presentados al Ministerio Público, violando lo establecido en el Copp (a las 48 horas de detención debe ser presentado en un tribunal o dejado en libertad).
En esta OLP llama la atención – dice- lo ocurrido con un joven llamado Miguel Terán. Al ser detenido muestra a los funcionarios un carnet que indicaba haber prestado servicio militar en Colombia. “La familia explica que lo hizo para demostrar que no pertenecía a ningún grupo criminal pero el resultado es que se lo llevan al Sebin, a él solamente”, relata Rodríguez.
Ese mismo día el ministro de Interior, Gustavo González López, anuncia la detención de un integrante de un grupo paramilitar, que había sido entrenado por el ejército colombiano y que había formado parte de las Autodefensas Unidas de Colombia y del Frente los Urabeños, entre otras cosas. Hablaba de Terán.
La familia hizo la denuncia en Provea, el muchacho estuvo 45 días detenido en el Sebin, incomunicado, sin hablar ni siquiera con la mamá, y sin ser presentado ante ningún tribunal ni presentarle cargos. Provea llevó el caso a la Defensoría del Pueblo y por esa vía se logró su liberación.
“Se trata de un registro terrible de abusos de violaciones de derechos humanos cometidos en el marco de este operativo”, insiste Rodríguez, quien además comenta que más allá de esta actuación el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, no se ha pronunciado sobre los abusos de las OLP, de los ajusticiamientos, destrozos de dentro de las viviendas ni detenciones arbitrarias, a pesar de que le han hecho llegar decenas de casos e instando en varias ocasiones a que manifieste su rechazo.
“Con su silencio ha avalado la impunidad y la represión de las OLP. ¿Y por qué no ha hablado? Porque durante su gestión como gobernador de Anzoátegui se registró la cifra mas alta de detenciones arbitrarias, 120 mil personas detenidas en un año, en la aplicación del Dispositivo Bicentenario de Seguridad. Ahora como defensor del Pueblo por supuesto que no tiene aval moral para pronunciarse frente a las detenciones arbitrarias de las OLP”, sostiene el representante de Provea.
Por esta particularidad es que la ONG registra la cantidad de detenciones arbitrarias ocurridas en 2015 como la segunda cifra más alta documentada en el país, después de la reportada durante la gestión de Saab como gobernador, la cual superó las detenciones de la Policía Metropolitana en los 90.
Segunda fase más letal
Con la muerte de “El Picure”, la primera semana de mayo, el ministro González López informó que habían iniciado la segunda fase de las OLP.
Cofavic y Provea identifican en ella una clara intención de acabar con líderes de bandas pero insisten y reiteran en que eso no es una solución a la criminalidad ni delincuencia, ni puede ser justificado.
“La orden ha sido salir a asesinar personas y de hecho en esta segunda fase los índices de letalidad son muy superiores. En cada operativo fallecen entre 4 y 5 personas. Y en Caracas ya estamos empezando a recibir denuncias no solo de familiares de presuntos delincuentes presuntamente ejecutados, sino también de familiares de estos presuntos delincuentes que también están comenzando a ser presuntamente ejecutados”. En pocas palabras, continúa diciendo Rodríguez, “están matando a personas por tener el apellido de un delincuente”.
Provea lleva el caso de un señor que dijo ser tío de un presunto delincuente integrante de una banda delictiva, que fue ejecutado, y que tras el suceso ha recibido amenazas de la policía. Debió dejar su casa y tramitar medidas de protección por ser ahora un posible blanco de una ejecución policial.
«están matando a personas por tener el apellido de un delincuente»
“El número de denuncias similares está creciendo y eso es lo que más nos preocupa de esta segunda fase de las OLP”, agrega Rodríguez.
El abogado de Cofavic, Ronnie Boquier, es tajante al decir que todos deberían rechazar estas prácticas de ejecución extrajudicial porque están completamente fuera de la ley y en Venezuela no existe pena de muerte.
Explica que si una persona cometió un delito debería ser juzgada, detenida y permitirle ejercer la defensa, dársele garantizas a él y a su familia, tanto a víctimas como a los presuntos victimarios.
“Las mismas madres de estas personas lo que nos dicen es ‘si mi hijo estaba siendo investigado o tenía alguna deuda con la justicia, detenlo y júzgalo’. De lo contrario no le diste la oportunidad de hablar. Pudo haber sido un victimario pero lo convertiste en víctima”, señala Boquier.
Rodríguez recuerda un patrón sobre las denuncias que reciben, y que ayudan a entender la extralimitación de los funcionarios en las OLP. Cuando ocurre una ejecución policial de un presunto miembro de una banda, los familiares tienden a no denunciar el hecho por temor, o porque sienten que la opinión pública no estará a su favor.
Pero desde julio del año pasado las denuncias que más han estado recibiendo responden a “familias que estaban tranquilas en sus viviendas y de la noche a la mañana llegaron unos efectivos y les destruyeron sus casas”; eso es lo que hace que se motiven y organicen y denuncien una violación a sus derechos, agrega.
Provea ya ha entregado tres informes al Ministerio Públicos sobre las violaciones registradas durante las OLP y se ha reunido con la unidad de criminalística para que se inicien las investigaciones sobre presuntas ejecuciones policiales.
“Es un plan que fracasó”
Tanto Provea como Cofavic coinciden al decir que la OLP no es una política de seguridad ciudadana, ni siquiera un plan, pues no parte de un diagnóstico del problema. “No hay un documento público que diga las características, el alcance, los límites, el propósito, la duración, quiénes la componen e incluso si está ajustado a los estándares internacionales de derechos humanos. Eso causa un grave daño a la democracia”, explica Claudia Carrillo, de Cofavic.
Pero además, que sea un operativo policial-militar lo coloca al margen de la Constitución, pues en ella se establece que los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil.
Una muestra de la desorganización o improvisación en la aplicación de las OLP está en sus estadísticas. Provea cita el caso de una OLP en Lara, donde actuaron 3.000 funcionarios, se allanaron casi 1.000 viviendas y como resultado solo incautaron un arma de fuego y una sola persona estaba vinculada a delitos. En un primer corte de la primera fase, de 16.000 personas detenidas solo 200 fueron presentadas ante el Ministerio Público por tener deudas con la justicia, eso es 1,2%.
“Ahí mides lo efectivo de la OLP. Se trata de una ocupación militar de efecto propagandístico, pero realmente no se está reduciendo nada sino generando más problemas que soluciones”,expresa Rodríguez, y agrega que el Estado está en capacidad, mediante la inteligencia policial y el uso eficiente de los recursos, de determinar dónde están operando bandas delictivas y hacer actuaciones con el uso mínimo de la fuerza como lo ordenan los manuales sobre uso de la fuerza del Consejo General de Policía, así como también los estándares internacionales.
«Usted es blanco de represión por exigir el revocatorio pero también es blanco de la represión por ser pobre y vivir en un barrio»
“No puede justificarse bajo ningún concepto el asesinato de personas”, asevera Inti Rodríguez, de Provea. Sobre esto, Carrillo señala que las ejecuciones extrajudiciales no bajan los niveles de criminalidad; eso ha sido estudiado y comprobado internacionalmente. Por el contrario, detalla que este tipo de violación de derechos humanos socava cualquier institución judicial.
“Si colocas como bandera las ejecuciones extrajudiciales estás reconociendo el fracaso de todo lo que está detrás de la acción policial, porque la acción policial no es la única que debe operar en el sistema de justicia, debe operar la fiscalía, los jueces, los penales, todo, por lo que estarías reconociendo la falla en todo el sistema”.
Y una de esas fallas está en el índice de impunidad, reconocido por el Estado venezolano ante Naciones Unidas, y que en el caso de las violaciones a derechos humanos se ubica en 98%. Apenas dos de cada 100 casos son investigados y sancionados.
A juicio Rodríguez, las OLP están revictimizando a los habitantes de comunidades pobres, que son personas victimizadas por la delincuencia común y ahora victimizadas por la acción de los cuerpos policiales.
“Es un plan que fracasó y seguirá fracasando porque no ha reducido el delito en el país. Se está construyendo un cerco militar y jurídico a la Constitución y al ejercicio de derechos de todo tipo. Usted es blanco de represión por exigir el revocatorio pero también es blanco de la represión por ser pobre y vivir en un barrio”, advierte.
Uno de los hechos donde se han registrado más víctimas de la vulneración de derechos humanos ha sido el Caracazo, recuerda Ronnie Boquier, abogado de Cofavic, pero esos eventos duraron pocos días; las OLP llevan 10 meses actuando y las violaciones son múltiples.
Aunque exista miedo en denunciar estos excesos, los representantes de las ONG reiteran que las violaciones de derechos humanos no prescriben. “Cuando la víctima o sus familiares estén preparados para hablar, pueden acudir a las organizaciones para contar sus historias y orientarlos”, recalcó Carrillo. “Así quedarán registradas las consecuencias de esta política de seguridad ciudadana”.
Ocultar evidencias, más impunidad
Que el Gobierno haya decidido cremar el cadáver del “Picure”, sin consentimiento de sus familiares, es un hecho muy grave según palabras de Inti Rodríguez, defensor de derechos humanos de Provea.
“La cremación ilegal de su cuerpo genera un mal precedente para ocultar evidencia de presuntas ejecuciones policiales en el futuro. En este caso hubo dos personas más asesinadas, un entrenador deportivo y su sobrino, y las denuncias indican que se trató de ejecución policial, al igual que la narración de los hechos del ‘Picure’”
Esta cremación violó la norma sobre Cementerios y Cremaciones en Venezuela, que impide la cremación de cuerpos sometidos a investigaciones penales porque hace nugatoria la posibilidad de ejercer una exhumación a sus restos en el futuro, bien porque los familiares sospechen una situación irregular o porque el Ministerio Público quiera hacer una investigación para aclarar la muerte.
“La mayoría de las personas dice que como se trataba del Picture se justificaba pero no es así, eso puede pasar mañana con cualquier ciudadano víctima de una ejecución policial donde se pretenda ocultar la evidencia. Eso hay que tenerlo muy presente porque pudiera repetirse en el futuro; esto va a generar mucha más impunidad”, asegura Rodríguez.
Si quieres contactar al autor de esta historia, escribe a: patricia@larazon.net
