O se le abre camino a la participación de un mayor número de sectores o cambiaremos nada más a los protagonistas pero la tragicomedia continuará
Luis Fuenmayor Toro
Desde que el gobierno de Chávez decidió abrir la Faja Petrolera del Orinoco a las inversiones extranjeras y escogió el modelo de las empresas mixtas entre Pdvsa y las grandes transnacionales, comenzamos directamente a señalar que estábamos en presencia de una “apertura petrolera” en condiciones mucho peores, que la que Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera llegaron a instrumentar en sus gobiernos. Las intenciones desnacionalizadoras del crudo de este último fueron enfrentadas vehementemente por el mismo Chávez, ya en campaña política luego de liberado por Caldera tras apenas 2 años de cómoda reclusión en Yare. El PCV, el PPT, el MEP, otros grupos políticos y laborales, así como intelectuales apartidistas de izquierda (expertos petroleros, economistas, literatos, académicos y articulistas de opinión) ya venían enfrentando, desde el momento mismo de ocurrida la reversión, la posibilidad de volver a entregar la explotación del crudo a empresas extranjeras.
El artículo 5 de la Ley promulgada en aquel momento (29-8-1975) dejaba abierto el peligro de volver al pasado, con fórmulas asociativas con el capital extranjero dañinas a los intereses de la nación. La lucha se centró entonces durante años en la derogatoria de este artículo. Alguna “mano peluda” lo había colado en la ley, lo que podía anular la reversión petrolera, anticipada 10 años por Carlos Andrés Pérez. Este artículo decía: “En casos especiales y cuando así convenga al interés público, el Ejecutivo Nacional o (..) podrán (..) celebrar convenios de asociación con entes privados (..)”. Algo similar ocurrirá un cuarto de siglo después en la Constitución, pues su artículo 12 señala que “Los yacimientos mineros y de hidrocarburos (..) pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles”. Sin embargo, la misma “mano peluda” incluye en el artículo 113: “Cuando se trate de explotación de recursos naturales propiedad de la nación (..) el Estado podrá otorgar concesiones”.
Ante las incorporaciones legales y constitucionales de la “mano peluda”, la actitud de los gobiernos del pasado adeco copeyano y del presente chaveco bolivariano ha sido exactamente la misma: permitir en el largo plazo que los añadidos anti nacionales se impongan y sean realmente los vigentes. Los primeros, asumiendo en épocas económicas difíciles causadas por ellos mismos la llamada “apertura petrolera”, y los segundos, también en épocas críticas de las cuales son responsables, instrumentando “neoaperturas petroleras”, primero en la Faja y luego en el resto de las áreas de explotación, e incluso “aperturas mineras”, como la reciente del Arco del Orinoco. Las similitudes entre ambos tipos de regímenes gubernamentales: el capitalista democrático representativo y el socialista democrático participativo son tan gigantescas en una materia tan fundamental, que dejarlas pasar por alto constituye una cabronada de marca mayor, totalmente imperdonable.
Desde el momento en que el Gobierno de Chávez decreta (26-2-2007) la migración a empresas mixtas de los convenios de asociación de la Faja, entendimos perfectamente que, lejos de estar enfrentando la privatización paulatina de la explotación petrolera iniciada a finales del siglo XX, instrumentaba un mecanismo más dañino a la nación y mucho más apetecible por el gran capital extranjero, pues les entregaba la propiedad hasta de un 40 por ciento del crudo del subsuelo, lo que se reflejaba en forma inmediata en la revalorización de las acciones de los nuevos socios del gobierno socialista del siglo XXI. No nos dejamos engañar por una propaganda maquiavélica, que presentaba y presenta la mayor entrega jamás habida como una derrota de la privatización de CAP II y Caldera II. El propio Teodoro Petkoff, ministro de planificación de Caldera, escribió en aquel momento en “Tal Cual” que el gobierno por fin había hecho lo que se tenía casi 10 años diciéndosele.
No nos quedó entonces ninguna duda que, en lo fundamental, las propuestas dizque socialistas eran similares a las dizque neoliberales. Esta certidumbre se ha ido acentuando con los hechos acaecidos con el correr del tiempo: el acuerdo en mantener la polarización político electoral entre el Polo Patriótico y la MUD, en permitirle a Chávez el total control de la Asamblea mediante la abstención opositora en las elecciones de 2005, en instaurar un sistema electoral mayoritario donde no existe representación proporcional, en aprobar leyes nocivas para el país como la de legitimación de capitales (Ley Patriota venezolana) y la modificada de ciencia, tecnología e innovación; en no someter la integración del Parlasur y del Parlatino al voto directo, universal y secreto, sino repartírselo en conciliábulo en la Asamblea; en no enfrentar las pretensiones del gobierno colombiano sobre nuestro país y, entre los últimos consensos, impedir la legalización de todos los partidos que rechazan las políticas de la MUD y las del Polo Patriótico.
Entendemos que la denuncia de esta cruel realidad no sea del gusto de la gente, que ve en la MUD la única esperanza de salir del vergonzoso régimen de Maduro. Entendemos también que quienes pusieron sus consuelos en el llamado cambio revolucionario les cueste desprenderse de esta posibilidad, a pesar de que los acontecimientos la nieguen rotundamente. Salir de Maduro puede aliviar la situación vejatoria existente, pero abrir caminos para la recuperación y el desarrollo nacional sólo se daría con la presencia de fuerzas políticas y profesionales hoy marginadas totalmente por el Gobierno y la Mesa. O se le abre camino a la participación de un mayor número de sectores o cambiaremos nada más a los protagonistas pero la tragicomedia continuará sin verdaderos cambios.
