La oposición recordó y criticó el Decreto 2309 mediante el cual, el presidente Maduro prohíbe las mociones de censura basándose en el Decreto de Emergencia
Gabriela González
Un llamado, exhortación, emplazamiento. Eso fue lo que hizo la mayoría de la Asamblea Nacional este martes, aprobar un Acuerdo en el que dejan sentado su pedimento para que se respete la Constitución por parte de los otros Poderes Públicos
Una vez iniciado el debate, la oposición recordó y criticó el Decreto 2309 mediante el cual, el presidente Maduro prohíbe las mociones de censura basándose en el Decreto de Emergencia, el cual ya culminó y en el que tampoco se preveía que el presidente pudiese modificar una norma constitucional.
El diputado Carlos Berrizbeitia (MUD) anunció que revocarán el acto administrativo mediante el cual, la anterior Asamblea designo a 32 Magistrados. Esto tras la presentación y aprobación del informe de la Comisión que investigó estos nombramientos y que determinó lo que consideran vicios en tales nombramientos.
Los diputados de la Unidad recordaron que el TSJ ha emitido en cien días catorce sentencias contra la actual Asamblea, que vulnerarían las funciones del parlamento.
De hecho, el presidente del parlamento, Henry Ramos Allup, calificó este hecho como una “desaplicación de la Constitución”, algo muy grave que “enciende las alarmas” para el bloque opositor.
Ramos Allup leyó un documento que reveló que el propio abogado constitucionalista Hermann Escarrá se mostraba contrario a este decreto, y sugería que el presidente Maduro introdujera un recurso de controversia ante la Sala Constitucional y se activara una “intervención judicial”.
El presidente de la Asamblea, aplaudido de pie por su bancada mientras el PSUV le gritaba “arrugó”, reiteraba las vías elegidas por la Mesa de la Unidad para “salir del gobierno constitucionalmente”, al tiempo que lanzaba un reto.
Que tres encuestadoras electas entre ambos bandos evalúen la gestión del presidente Maduro, la de la presidente del TSJ, Gladys Gutiérrez y la suya frente al parlamento y que los dos peores evaluados renuncien a su cargo.
Asimismo, reiteró que “los diputados no se inhibirán de denunciar lo que tengan que denunciar”, esto ante las denuncias por traición a la patria, como califican los oficialistas, las reuniones que han mantenido algunos diputados opositores con Luis Almagro, presidente de la Organización de Estados Americanos.
“Nosotros vamos a defender la Patria porque estamos contra el gobierno”, sentenció mientras aclaraba que “Patria no es gobierno, Patria es Patria, a pesar de este gobierno”. También fue enfático al afirmar que “el presidente Maduro no va a controlar esta Asamblea”.
El jefe de fracción oficialista, Héctor Rodríguez, señaló que aún esta a la espera de las pruebas del fraude. Rodríguez, que se dirigió a Ramos Allup como “un presidente que representa la historia más triste y gris de Venezuela, la de los bachilleres sin cupos”, acusó a la oposición de no respetar las leyes e incluso les recordó que la Asamblea “debe legislar y no gobernar”.
Las FAN son de todos…
Tanto la oposición como el oficialismo se atribuyeron la voz de la Fuerza Armada Nacional. Unos, para indicar que “no le harán el favor al gobierno de darle un golpe de estado” y hacer un llamado a que sean garantes de la paz y la Constitución. Los otros, para asegurar que los militares “están con el pueblo y por ende con la revolución”.
El diputado Yul Jabour (PSUV) anunció que el Partido Comunista acudirá a la Sala Constitucional del TSJ para introducir un recurso de interpretación del artículo 200 de la Constitución sobre la inmunidad parlamentaria.
Radiografía del Acuerdo
- Denunciar la ruptura del orden constitucional en Venezuela, materializado en la violación a las disposiciones constitucionales por parte del Poder Ejecutivo Nacional, del TSJ.
- Instar al Poder Ejecutivo a remover “los obstáculos que impiden el dialogo y pretenden reducirlo a una herramienta propagandística, asumiendo una actitud irresponsable de querer permanecer en el poder a costa de la paz del país”.
- Exigir al Presidente de la República que dé muestras claras y en consecuencia: (i) active los mecanismos de liberación de los presos políticos, (ii) acepte la ayuda humanitaria en materia de alimentos y medicamentos, (iii) abandone el discurso de la ofensa y de odio, (iv) construya una agenda común con todos los sectores del país para la producción nacional, la lucha contra la corrupción y la impunidad, la reivindicación de los derechos humanos.
- Conminar al Presidente a no utilizar a los demás Poderes Públicos para impedir las acciones que adelante la Asamblea Nacional para resolver la crisis económica y para solucionar los problemas de gobernabilidad que aquejan al país.
- Rechazar el activismo político partidista de los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ, quienes han pretendido desconocer la autoridad del cuerpo parlamentario.
- Rechazar públicamente las amenazas de demandas penales ante el TSJ contra los diputados de esta Asamblea Nacional.
- Exigir al Consejo Nacional Electoral, en particular a su Presidenta, que asuma responsablemente su obligación constitucional de generar condiciones favorables para el ejercicio del derecho fundamental a la participación política de los venezolanos, a través de los mecanismos constitucionales del referendo, consulta popular y revocatoria de mandato.
- Instar a la Defensoría del Pueblo para que vele por el efectivo respeto y garantía de los derechos políticos.
- Instar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos; al Secretario General y al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como a los órganos del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) para que en ejercicio de sus competencias emitan pronunciamiento y adopten las medidas que corresponda, tendientes a exigir a los Poderes Públicos garantizar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales en Venezuela.
- Instar al Parlamento Latinoamericano para que en ejercicio de sus atribuciones y conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Tratado de Institucionalización del Parlamento Latinoamericano (Ley Aprobatoria fue publicada en la Gaceta Oficial No. 34.035 del 23 de agosto de 1988), se pronuncie y adopte las medidas conducentes al ejercicio de la democracia representativa en Venezuela.
- Notificar del contenido del presente acuerdo a cada uno de los representantes de los Poderes Públicos Nacionales, a la Fuerza Armada Nacional, a las Academias Nacionales, a los Rectores de las Universidades públicas y privadas, al Nuncio Apostólico de su Santidad el Papa Francisco, Monseñor Aldo Giordano, a la Conferencia Episcopal Venezolana, a los Gobernadores y Alcaldes, a la Confederación de Trabajadores de Venezuela, a la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela y a los representantes de los embajadores pertenecientes a los cuerpos diplomáticos debidamente acreditados en el país.
