La Asamblea Nacional nombró una Comisión para revocar el nombramiento de Magistrados y solicitó créditos adicionales para cubrir el déficit presupuestario de las alcaldías y gobernaciones
Gabriela González
Este martes en una sesión que duró poco mas de seis horas, la Asamblea Nacional trato de compensar su inactividad del pasado jueves aprobando por unanimidad un Proyecto de Ley para proteger a la comunidad celíaca y cinco Acuerdos sobre temas sociales, económicos y políticos.
Un Acuerdo que rechaza la utilización de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) como mecanismo discriminatorio e ineficiente para la distribución de los alimentos fue el punto de debate más álgido de la jornada.
El diputado Julio Borges llamó al pueblo a “rebelarse” contra los Clap por ser un sistema “esclavista”. Pero la diputada Nosliw Rodríguez del Psuv defendió el mecanismo y aseguró que “se han repartido 45.300 toneladas de alimentos y un millón 900 mil familias han recibido la comida”.
Magistrados a la carta
Uno de estos acuerdos fue la designación de 34 magistrados (13 principales y 21 suplentes) el pasado 23 de diciembre de 2015 por la Asamblea saliente.
Esta vez, el tema regresó al hemiciclo bajo la figura del “rescate a la institucionalidad del TSJ”. Así, el parlamento reiteró su intención de revocar las actuaciones realizadas por la comisión que nombró a estos Magistrados y que estuvo presidida por el actual asesor jurídico del Ejecutivo, Elvis Amoroso.
La mayoría opositora aprobó la creación de otra comisión especial que llevará a cabo los pasos necesarios para anular estos nombramientos, entendiendo que, el parlamento no tiene la facultad de remover Magistrados, solo el Poder Moral.
Esta comisión estará integrada por los diputados Carlos Berrizbeitia, Juan Miguel Matheus, Americo de Grazia, Stalin González, Maria Gabriela Hernández, Juan Pablo Guanipa y dos diputados oficialista, aunque la bancada del Psuv dejaró claro que no participarán.
Se espera que esta comisión entregue los resultados en un tiempo menor a su predecesora. Dentro de las actividades que planean esta la de invitar a los Magistrados designados, “respetando su derecho a la defensa”. La comisión comenzará a trabajar a partir del próximo martes aunque se constituirá este mismo jueves.
Los Magistrados no serán removidos pero su designación será anulada, facultad que sé le corresponde a la AN
Bajo la figura de “autotutela”, el diputado Carlos Berrizbeitia argumentó que el parlamento tiene plena capacidad para «corregir» decisiones que haya tomado.
Anteriormente ya se había presentado un informe por parte de la Comisión Especial que evaluó los procedimientos a través de los cuales se dieron estas designaciones, esta investigación arrojó que existieron fundados elementos de prueba para sostener la forma irregular de dichos nombramientos.
De 34 curriculum que debían estar en el expediente sólo había dos, se incumplió con los lapsos legales para impugnar, los hoy ex Magistrados, Carmen Porras y Luis Ortiz, denunciaron que fueron chantajeados y obligados a jubilarse antes de tiempo por “órdenes de arriba”, representantes de la sociedad civil que debían participar en el nombramiento también fueron candidatos así como el presidente de la comisión, Elvis Amoroso.
En este escenario, una de las recomendaciones de este informe era iniciar entonces, “los procedimientos orientados al recate de la institucionalidad del TSJ”.
La oposición considera que, a raíz de la designación de estos Magistrados se agravó la crisis institucional puesto que se utiliza al Máximo Tribunal como “brazo ejecutor del gobierno” para restarle funciones contraloras al parlamento.
Por su parte, el oficialista Pedro Carreño indicó que la oposición pretende «dar un golpe de estado» al estilo de Honduras o Uruguay.
Durante el debate se produjo un impasse entre Carreño y Berrizbeitia con gritos y amenazas incluidos. Carreño le grito “sigue que vas a ir preso”, al tiempo que Berrizbeitia le respondía “¿me estas amenzando? Dale, pues”.
Autoridades regionales sin presupuesto
La mayoría opositora aprobó dentro la misma sesión otro acuerdo referente al Situado Constitucional para Gobernaciones y Alcaldías y el “saldo rojo” que presentan sus cuentas.
El diputado José Guerra explicó que gobernaciones y alcaldías «no pueden hacerle frente a los aumentos decretados por el Ejecutivo». Guerra aseguró que el 44% del Situado ha disminuido dramáticamente y el gobierno ha «asfixiado» a estas instancias regionales.
El Acuerdo contempla tres propuestas con respecto a los presupuestos regionales: una reforma en la Ley de Administración Financiera para modificar el concepto de «gasto ordinario», la modificación de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para incluir una excepción de pago a Gobernaciones y Alcaldías, y exigir al Ejecutivo que, de forma inmediata, envíe un crédito adicional a estas instancias para que puedan cancelar las deudas con los trabajadores.
Guerra señaló que la «la inflación no distingue» y apeló a la sensatez del PSUV para resolver un problema fundamental como lo es el que trabajadores no hayan recibido los aumentos de salario porque las gobernaciones y alcaldías están en «bancarrota».
El situado para alcaldías y gobernaciones ha disminuido 44% entre 2012 y 2015
El también diputado por la Mesa de Unidad, Alfonso Marquina explicó que el gobierno le confisca 1.811 bolívares a cada Gobernación por cada barril. Es decir, 1.811 por dos millones de barriles por 365 días.
Marquina Recordó que lo que ha habido es un aumento del Situado (120%) con lo que eso implica. Cuando los recursos se entregan por esta vía, gobernaciones y alcaldía están obligados por Ley a invertir esos recursos y no a utilizarlos como gasto corriente. Es decir, con esos recursos no pueden cancelar deudas salariales.
Por su parte, los parlamentarios oficialistas alegaron que la oposición quiere «desmantelar el sistema tributario». Aseguran que el Ejecutivo ha entregado 32.000 millones de bolívares a gobernaciones y 8.000 millones a las alcaldías vía situado.
Dentro de los discursos, fue reiterativo el uso de la expresión «reingeniería financiera». Comentaron que «seguiremos dando y lo haremos más cuando, Dios mediante, arrasemos en las elecciones regionales».
Para los oficialistas, el concepto real de descentralización esta en el poder popular, consejos comunales y Clap. Señalan que Venezuela «ya tocó fondo y ahora estamos ascendiendo».
