La crisis de salud obliga a diversas organizaciones a denunciar la incapacidad del Gobierno en una sesión extraordinaria de la comisión interamericana de Derechos Humanos
Redacción La Razón
Un grupo de diversas ONG venezolanas en el marco del 158° período extraordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) denunciaron la crisis de salud que vive Venezuela, y la negativa por parte del Estado venezolano de adoptar las diferentes recomendaciones por parte de la Organización de las Nacionales Unidas (ONU) para enfrentar el problema.
Las organizaciones de protección de la salud afirman que debido a las múltiples carencias acumuladas por el sistema sanitario (provocada por la desinversión, las medidas erradas y la ausencia de voluntad para corregirlo) se ha colapsado la salud pública, situación que ya venía empeorando en el 2015 a niveles extremos y ha llegado a niveles más alarmantes en este 2016. Esto causó como consecuencia que miles de personas, desde recién nacidos hasta personas de la tercera edad, se les priven de tratamientos esenciales.
Venezuela destina 4,7% de su PIB para el sector salud, una de las cifras más bajas de América Latina
Un total de 3.719 denuncias sobre deficiencias en el sistema sanitario registró la ONG Provea durante el 2015, lo cual representa un aumento de 40% en relación con las registradas en el año 2014.
Además, los voceros puntualizan que en la actualidad Venezuela destina el equivalente del 4,7% de su PIB para el sector salud, siendo esta una de las cifras más bajas de América Latina.
Durante la audiencia los representantes del Estado respondieron que están trabajando en con el sector privado para hacer llegar a los venezolanos una lista de medicamentos básicos.
Por su parte la ministra de Salud, Luisana Melo, dijo que “el proceso revolucionario ha venido construyendo políticas de salud que van más allá de la atención en establecimientos”, y aseguró que si había escasez en algún rubro médico era un «caso puntual«, pero que a nivel general, el acceso a las medicinas estaban «garantizados para todos los venezolanos«.
Estado: "#Venezuela paga al sector privado de salud 17 millones de dólares para cubrir necesidades de trabajadores de sector público."
— CIDH (@CIDH) June 7, 2016
Las ONG realizaron una serie de peticiones al Estado a través de un informe conjunto, tales como dotar de medicinas, reactivos e insumos médicos a los servicios hospitalarios; establecer mecanismos que facilite la producción, importación, distribución y entrega de medicamentos; atender los focos de corrupción y las denuncias realizadas por la Contraloría General de la República y acudir ante las instancias internacionales que le permita abastecer al país a corto plazo de estos insumos básicos y esenciales para la salud pública.
Escasez supera el 80%
En la sesión del 7 de junio la Cidh escuchó a las partes involucradas y permitió a las ONG hacer explicaciones puntuales del estado de la salud en el país. Así, el presidente de Cecodap denunció la negativa del Tribunal Supremo de Justicia ante la petición de una medida preventiva por la escasez de medicinas pediátricas.
El presidente de @cecodap habla sobre la falta de medicamentos para niños en Venezuela. #UrgeAyudaEnSalud pic.twitter.com/WyxDFzETYb
— Codevida (@codevida) June 7, 2016
Por su parte, Luisa Rodíguez directora de Fundación de Lucha contra el Cáncer de Mama (Funcamama), aseguró “la mortalidad neonatal representa 84% de las muertes de niños menores de un año y la tasa de muertes maternas en Venezuela es una de las más altas de los países de América Latina”.
Francisco Valencia, director de Codevida, también denunció que cerca de 5.000 mujeres venezolanas se ven afectadas por disminución en entrega de quimioterapias de parte del Instituto Venezolano de Seguro Social, encargado de la entrega de esta medicina.
En cuanto a la escasez de medicamentos los voceros de las organizaciones ubicaron el desabastecimiento de medicinas en Venezuela en 80% a nivel nacional. «Más de 90% de medicamentos requieren de importaciones y por lo tanto de divisas que maneja el Estado».
