El TSJ se ha convertido en un súper poder que todo lo decide autoritaria y burocráticamente para favorecer los intereses de un régimen autocrático
Oscar Battaglini
De acuerdo a como ha sido previsto por distintos voceros de la opinión nacional, la crisis por la que atraviesa la sociedad venezolana ha venido agravándose de manera incontenible. Son diversas las razones que explican esa tendencia hacia el empeoramiento de la situación planteada. En primer lugar, la agudización de la crisis económica existente, lo cual es consecuencia directa de las políticas que en este campo ha aplicado el Gobierno y que han descalabrado tanto la actividad productiva del país como su proceso económico en general. A ello se debe básicamente el desabastecimiento y la escasez, sobre todo de alimentos y medicinas, que ha puesto en grave riesgo la vida de todos los venezolanos. A ello se debe, igualmente, la inflación indetenible y que permanentemente refuerza el malestar económico y social que se ha apoderado de nuestras vidas. Lo propio puede decirse de la situación social del país. En este particular es posible afirmar que las cosas se han descompuesto en la misma medida en que lo ha hecho la economía nacional.
Hoy hay más pobres en Venezuela que en cualquier otra época de su pasado histórico. En este sentido se estima que más del 70% de nuestra población ha pasado o se ha incorporado a esa condición en sus más diversas modalidades. Es decir, que la expectativa de movilidad social se está dando en sentido contrario, por esta razón cada día más profesionales y aquellos que tienen la posibilidad optan por abandonar el país. Pero la pobreza en Venezuela no sólo se ha exponenciado, sino que se ha hecho más degradante, producto de la informalidad, el desempleo, la precariedad laboral-salarial, la marginalidad, la exclusión, la delincuencia y todas las aberraciones que esta involucra. Se está ante una situación en la que el ingreso familiar no alcanza ni para cubrir las necesidades más elementales de nuestra población. Esto quiere decir literalmente que el fenómeno del hambre se ha hecho presente en la mayoría de los hogares venezolanos, con las consecuencias que ello acarrea en materia de salud.
Frente a estos hechos el Gobierno madurista no sólo continúa empecinado en su accionar político que nos condena a la situación descrita, sino que se muestra incapaz de tomar las medidas conducentes a su superación. Esa es la razón de fondo por la que cada día mucha más gente se suma al repudio que se experimenta por este Gobierno. En efecto, esto hace del chavismo-madurismo un Gobierno mayoritariamente repudiado que, progresivamente, se ve forzado a apelar a recursos político-institucionales envilecidos para imponerse (como ha venido ocurriendo con el uso que Maduro hace del TSJ) a sus adversarios o a la represión física con este mismo propósito. En relación con este último aspecto, se ve claro que el Gobierno la viene cumpliendo con una buena carga de cinismo y disimulo a través de la fuerza armada chavista bajo el mando de padrino López; estructura militar en la que de manera afanosa se vienen adelantando planes que hacen suponer desenlaces imprevistos e indeseables.
En este furor represivo el Gobierno ha llegado al extremo de afirmar que eventualmente pudiera ordenar la detención y enjuiciamiento del actual presidente de la Asamblea Nacional, acusado, entre otras cosas, de violación de competencias que son exclusivas del Poder Ejecutivo, de traición a la patria, etcétera.
Como puede verse muy claramente, en el ambiente político interno aún no existen condiciones que hagan posible la realización de un diálogo que conduzca a algún mejoramiento de la grave y lamentable situación que padecemos los venezolanos. La única oportunidad que en este sentido pudiera darse está en razón de que el madurismo acepte hacer algunas rectificaciones en su manera de gobernar y adecúe estrictamente su conducta a los contenidos político institucionales contenidos en la Constitución Nacional, y sobre todo que acepte gobernar respetando la estructura y la dinámica institucional que ahora se ha dado y formado en el país después de la elección de la nueva Asamblea Nacional por la voluntad libre de la soberanía popular. Aquí no puede seguirse tolerando que un poder derivado, como el TSJ, se haya convertido en un súper poder que todo lo decide autoritaria y burocráticamente para favorecer los intereses de un régimen autocrático. Se está ante una mafia en el ejercicio del poder que gobierna:
1.- Sobre la base de las decisiones que de manera autoritaria, e improvisada, toma Maduro en las cadenas de radio y TV y en su programa de opinión. Esto pone de manifiesto la poca seriedad y la forma ligera que ha caracterizado el manejo que la administración chavista ha hecho del patrimonio nacional y de los bienes públicos. Una muestra de la “piratería”, de la ineptitud, del poco profesionalismo y de la incapacidad de quienes han tenido bajo su desempeño, custodia y cuidado ese patrimonio, lo dijo recientemente el actual vicepresidente Aristóbulo Istúriz, quien después de recibir un informe escrito en la Asamblea Nacional, acerca de nuestra economía, y al ser interrogado en torno a lo dicho por él en su exposición, terminó pidiéndole (rogándole) a los diputados, que no le siguieran preguntando porque “sus conocimientos apenas eran los de un maestro de escuela”.
2.- Mediante un uso intensivo de la renta petrolera, y que ahora, de la manera más cómica y desvergonzada, pretende hacernos creer que por fin el modelo rentístico-petrolero se agotó.
En su vocabulario, se trata de una expresión que, como todo lo que dicen los principales representantes de esa mafia, no tiene ninguna consistencia, ni está apoyado en un cuerpo de ideas, o en un proyecto económico alternativo, que permita recomponer nuestro proceso económico interno con miras al futuro inmediato.
Visto lo anterior, no resulta difícil darse cuenta de que la situación del Gobierno de Maduro es cada vez más comprometida. No sólo tiene sobre su cabeza “la espada de Damocles” que significan los resultados electorales del 6D, sino que debe enfrentarse, por un lado, al serio cuestionamiento proveniente del ámbito internacional, de la OEA y de otros organismos; y por otra parte, el asedio que le hace la oposición con la posibilidad de que en Venezuela se produzca en el curso de este mismo año un referendo revocatorio que le ponga fin a dicho Gobierno. Así están planteadas las cosas en Venezuela políticamente hablando.
Todo parece indicar que no son muchas las posibilidades que tiene el madurismo de sobrevivir en el corto plazo.
