Venezuela negoció con Gold Reserve su vuelta a explotar oro en territorio nacional para evadir el pago de los 700 millones de dólares que el Ciadi le impuso pagar
Andreína García Reina
El pasado 24 de febrero salió publicado en Gaceta Nacional el decreto 2.248 con el que el presidente Nicolás Maduro creó la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco”. Bajo esta figura, el Ejecutivo nacional cedió 111.843 kilómetros cuadrados o 12% del territorio nacional para la explotación de minerales como bauxita, coltán, diamantes, oro, hierro, cobre, caolín y dolomita en todo el margen sur del río Orinoco, en asociación con capitales extranjeros.
Se pretende crear un nuevo eje de desarrollo económico que permita al país escapar del rentismo petrolero en un espacio que abarca 40% del estado Bolívar. Se trata de un territorio en el que hacen vida más de 50 mil indígenas de seis etnias y que es “más grande que Bulgaria, Irlanda, El Salvador, Costa Rica, Cuba”, según destaca el abogado Freddy Gutiérrez, líder de la iniciativa de introducir un recurso de nulidad del decreto ante la Sala Político Social del Tribunal Supremo de Justicia.
A juicio del constitucionalista y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, que está a favor de un desarrollo sustentable del sur del país, esta premisa del decreto 2.248 es “totalmente falsa” porque “el pago con el subsuelo venezolano a las empresas trasnacionales generaría otro rentismo”.
¿Pasaríamos del rentismo petrolero al rentismo extractivista?
El propio decreto establece que tenemos que salir de la renta petrolera y buscar nuevas formas productivas. Estaríamos añadiendo al problema de la renta petrolera otro tipo de renta, los productos extraídos del modo que pretenden ser extraídos generarían renta. Si queremos realmente una Venezuela productiva, estaríamos pensando en una zona ganadera, en una zona pecuaria, en una zona industrializada, no estaríamos pensando en buscar la materia prima sino en la manera cómo procesarla.
¿Por qué introducir un recurso de nulidad ante un decreto que busca el desarrollo económico?
Por convicción. La gente que se reunió para la iniciativa está muy ligada a lo indigenista o a lo ecológico. Cito nombres: el profesor Esteban Emilio Mosonyi, Santiago Arconada, Edgardo Lander, Juan García Viloria, el profesor Héctor Navarro, la exministra Ana Elisa Osorio, Argelia Bravo. Este grupo defiende la tierra, el mundo lacustre y fluvial, defiende la flora y la fauna y la tierra como un lugar común. Además nos asiste la razón jurídica. El recurso es un libelo contenido en 45 folios. Allí planteamos que hay un problema muy grave de soberanía. Nosotros, como constituyentes, señalamos que la democracia no era un valor quinquenal, sino que era un valor de la cotidianidad del pueblo y que los temas más importantes que la sociedad tenía que hacer, debía hacerlo mediante las consultas. Es decir, es el pueblo, la sociedad venezolana, participando en las decisiones más importantes que el Estado impulsa. ¿Es que acaso es importante el Arco Minero del Orinoco y el decreto del Presidente? Sí. Ese espacio es una tierra más grande que Bulgaria, que Irlanda, que El Salvador, que Costa Rica, que Cuba. Un país dentro de otro país. Eso no fue lo que nosotros pensamos como constituyentes. No puede haber una república dentro de otra república. Nosotros entendimos que la República Bolivariana de Venezuela es una única e indivisible. El decreto Arco Minero del Orinoco es una amputación de un espacio fantástico, extraordinario, de la República Bolivariana de Venezuela.
¿Por qué lo llama amputación? ¿Regirían diferentes leyes dentro de ese espacio?
Así es. El presidente de la República, entre las atribuciones que le están conferidas en la Constitución Nacional, no tiene facultades para adelantar acciones de esa naturaleza y bajo las condiciones que él dispuso.
¿Es un decreto inconstitucional?
Es inconstitucional el decreto. Me permito decir a quienes nos leen que examinen cuáles son las atribuciones del Presidente de la República. Hay una de ellas que es el numeral 2, que establece dirigir la acción de gobierno. ¿Alguien con la cabeza sana puede entender que la atribución de dirigir la acción de gobierno da lugar a la creación de una zona como esa bajo las líneas que están dispuestas en ese decreto 2.248? La respuesta rotunda es no. Los venezolanos tenemos un régimen impositivo, tributario, que es válido para un merideño, para un mirandino, para un neoespartano, para un barinés, para un guariqueño, para todos. El decreto, sin ningún fundamento constitucional, establece que habrá un régimen tributario distinto y se le permite a la autoridad que el Presidente nombre imponer, exonerar o liberar impuestos. Esto hace que haya un acto discriminatorio de los venezolanos comunes y corrientes que transitamos por la República y los venezolanos naturales o jurídicos que hacen vida en esa zona. Eso no tiene perdón. El decreto dispone un régimen especial de desaduanamiento, fijado por la autoridad del Arco Minero del Orinoco, que es el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez. Por otra parte el régimen tributario tendría como objetivo unas preferencias, unos privilegios para las empresas conformadas por un porcentaje de capital venezolano y otro porcentaje trasnacional.
¿Ese porcentaje sería paritario?
Está contemplado que Venezuela tenga un porcentaje mayor al porcentaje que las empresas trasnacionales. Digamos 55%-45%, pero es absolutamente absurdo pensar que Venezuela, que no tiene en este momento una situación de caja, de tesoro, importante en asociación con una empresa que pueda tener fuerza en dólares, libras esterlinas, de francos suizos. Esos francos suizos van a dominar sobre el capital en bolívares que Venezuela estaría dando. Entonces el dominio real asociativo es de la empresa trasnacional y a esa empresa es la que se le permitiría desaduanar, exonerarla del pago de tributos e incluso fijarle un régimen laboral distinto.
En 2014 se habló de la creación de las zonas económicas especiales y en ese momento no estaba muy claro esto que menciona, el régimen tributario, la conformación de las empresas mixtas, la aplicación de las leyes laborales en esas áreas. Llama la atención que la Faja Petrolífera del Orinoco y el Arco Minero del Orinoco estén en zonas especiales. ¿Esto qué implica?
Justamente uno de los fundamentos del decreto Arco Minero del Orinoco es el decreto ley que dicta el presidente Maduro bajo y régimen de excepción y que la califica como una Ley Orgánica que crea las zonas especiales. Así como existe esa zona especial Arco Minero, no sería extraño que el día de mañana exista una zona especial Falcón-Zulia o exista una zona de Mérida para explotar el níquel, que nunca los merideños lo han permitido en la zona de Bailadores, entre Tovar, Santa Cruz de Mora, el Valle del Mocotíes. Con las zonas económicas especiales se llevaría a Venezuela a una situación cuasi monárquica e inaceptable. Algo muy importante es que en esas zonas se establece el prevalecimiento del interés general sobre el interés particular. Cualquier interés particular o gremial que obstaculice el interés general de explotación, la fuerza pública se encargará de que el interés general prevalezca sobre el particular. Prácticamente estamos adelantando con el artículo 25 del decreto una situación de suspensión de garantías. Una protesta de indígenas que exigen preservar su hogar, su alimentación, puede ser una obstaculización, así como que un abogado adelante una iniciativa contra las extracciones. Incluso esa obstaculización puede no producirse en la jurisdicción sino en todo el país.
Por otra parte, la afectación para el ambiente no es solo allí, la afectación es para todos los venezolanos. De hecho podría ocurrir, de aprobarse ese disparate, que tengamos una Venezuela sedienta. La zona tiene un reservorio, un acuífero extraordinario que no podemos perder. Más cuando dentro de poco tiempo una de las riquezas más importantes que vamos a tener es el agua, que va a valer más que cualquier diamante, piedra preciosa o moneda de oro.
El presidente Maduro ha dicho que es la minería ilegal la que más contamina el ambiente ¿Es comparable su impacto sobre el ambiente al que tendría una explotación minera a gran escala?
La minería ilegal, que sucede en Venezuela desde hace mucho tiempo, se hace con mercurio y ese mercurio genera gran contaminación en los ríos. En el río Caura, en el Cuchivero e incluso en el Delta del Orinoco hay mercurio, que tiene repercusión en la vida animal. Cuando son pescados, que son alimentos de los grupos indígenas que viven allí, se han producido muertes, enfermedades, por contaminación mercuriana. Por supuesto es una minería que no queremos. Pero más que el mercurio, esta minería a gran escala utilizaría cantidades exponenciales de cianuro, que es un veneno de efectos letales para la flora, para la fauna e incluso para la tierra. Las zonas que van a ser perforadas y en las que se usará cianuro para separar el oro, esos espacios quedarían como piedras calizas. Ahí no será posible que haya une nueva siembra, una nueva vida animal, una vida vegetal. Es una lesión que se hace a la Amazonía venezolana y al planeta tierra.
“Estamos pensando en la manera como le regalamos a Gold Reserve o a los que tienen la fiebre del oro nuestras riquezas”
¿Tienen confianza en el TSJ como institución? Esta semana el presidente Maduro creó el Ministerio del Desarrollo Minero Ecológico y designó como responsable de la cartera a Roberto Ignacio Mirabal Acosta.
En la acción que intentamos simbólicamente el 31 de mayo, día del árbol, solicitamos medidas cautelares. Con esas medidas le pedimos a la Sala Político Social del TSJ que prohíba cualquier acción del poder Ejecutivo por tierra, agua o aire sobre el Arco Minero. Le pedimos que prohíba al poder Ejecutivo adelantar cualquier iniciativa que promueva, promocione, auspicie actividades que tengan que ver con el decreto. De prosperar esa medida cautelar, el Presidente por pudor debería revocar su decisión de creación de ese ministerio y del nombramiento de ese señor ministro. No conozco a ese ministro, la única información que tengo es que trabajaba en el Consejo Nacional Electoral, que es abogado y no tengo ninguna información de que conozca una materia tan importante como la aurífera, coltanera, diamantífera o que tenga conocimientos sobre los efectos sobre ese espacio o sobre el impacto de estas actividades.
¿Qué opina sobre la vuelta Gold Reserve a la extracción de oro venezolano, tras la revocación de su concesión por el presidente Hugo Chávez?
Es importante resaltar que esa empresa ya estuvo en Venezuela y que esa explotación era inmisericorde con las tierras y aguas. Eso provocó una ruptura de su concesión ante del vencimiento de su término. Gold Reserve demandó ante el Ciadi y esta institución decidió que Venezuela debía pagar por haber revocado la concesión. Venezuela, antes de adelantar una acción de pago o de adelantar una negociación del pago, que no significara un impacto en sus cuentas nacionales, lo que hizo fue el disparate de abrir las puertas para que del monto, digamos, de 700 millones de dólares que debería pagar Gold Reserve para participar junto al Estado en el Arco Minero, la empresa canadiense pagaría cero. La República estaría pagando sus propias acciones y las de Gold Reserve, y la Gold Reserve quedaría mientras tanto en una asociación estratégica en Las Brisas y Las Cristinas, que son los espacios certificados más importantes del planeta en cuanto a la existencia de oro. Tan importantes como los que existieron en Sudáfrica.
¿Eso quiere decir que Venezuela negoció la indemnización de la Gold Reserve permitiéndole explotar el oro de esa zona?
Sí, tal como lo dices.
Venezuela está a la espera de la Certificación Kimberley, que determina que la extracción de diamantes está libre de sangre ¿Cree que sea posible obtenerla?
Recuerda que hace poco ocurrió la masacre de Tumeremo y que tras la muerte de una gran cantidad de mineros, el Topo, a quien se le atribuyó la acción de muerte del grupo de mineros, fue degollado. Y además, después de degollado, para tomarle la foto y certificar que era realmente él que había muerto, le cosieron la cabeza al cuerpo. Eso es muy revelador de lo que está ocurriendo en el sur venezolano. Se obtienen riquezas mediante la muerte. No creo que ninguna empresa moralmente responsable, solvente internacionalmente, pueda certificar ningún disparate ni para lesionar la tierra, ni para lesionar las aguas, la flora, la fauna y a las personas que allí viven. Te adelanto que asistidos por la razón, el Tribunal debe dar una respuesta en el corto plazo, pero además vamos a ejercer una acción ante la Organización Internacional del Trabajo por el desacato o la contravención de dos convenios internacionales certificados libremente por Venezuela. El convenio 169 que obliga a consultar a los grupos indígenas en su lengua y respetando su espiritualidad y vamos a demandar por el convenio 87, porque el decreto Arco Minero impide prácticamente la existencia de asociaciones sindicales y la huelga.
Es muy importante recordar que nuestra Constitución establece el derecho de los venezolanos, cuando sientan amenazadas su vida por alguna legislación, a llevar adelante un referéndum abrogatorio de la Ley y hay quienes ya están pensando seriamente en buscar el modo. Si hay una iniciativa terca, obstinada, obscena, se pediría el referendo abrogatorio no del Arco Minero del Orinoco sino de la Ley Orgánica que crea las zonas económicas especiales.
¿Hay enfrentamientos en el seno del chavismo por el Arco Minero?
En el chavismo sucede igual como en la oposición, hay desde lo peor hasta lo mejor. Creo que es un momento venezolano en el que tenemos que concurrir personas de diferentes etiquetas religiosas, políticas y sociales y pensar seriamente en la República. Estamos en un momento en el que es difícil conseguir el pan y en vez de pensar en el pan estamos pensando en el modo cómo extraer el diamante. Es un momento en el que es difícil conseguir el café, pese a que fuimos uno de los principales exportadores de café del mundo. Hay caballeros que no están pensando en el café, en el pan, en los granos necesarios, en Turén alguna vez tuvimos siembras excepcionales de caraotas, arroz, siembras que pudieron haber competido con las siembras de cualquier parte del mundo. En vez de pensar en eso, estamos pensando en la manera de regalarle a Gold Reserve, o a los que tienen la fiebre del oro, nuestras riquezas. Estamos pensando en regalarle anillos y joyas a una novia que no pudimos conquistar con romance y poesía.
“El decreto Arco Minero impide prácticamente la existencia de asociaciones sindicales y la huelga”
Creo que Venezuela está polarizada mediáticamente, creo que no llega al 15% la cantidad de venezolanos que estén con la MUD o con el gobierno de modo acrítico y creo que hay una inmensa cantidad de venezolanos que quisieran ser consultados y que, estoy seguro, en este momento sienten el dolor por no poderse curar o por no poder curar a su amigo o familiar, no hay familia venezolana que no esté sufriendo problemas serios para la adquisición de alimentos y no hay familia venezolana que no sienta que el vecino está seriamente comprometido porque está comiendo solo una vez al día. Son problemas delicados y graves y mientras tanto hay una administración del poder Ejecutivo pensando que el primer gramo de oro que pueda ser extraído del Arco Minero seguramente será un regalo para su señora esposa para reconciliarse o como despedida para una ruptura. Eso nos revela un país enfermo y una sociedad lesionada en el alma.
“La Carta Democrática no tiene un régimen sancionatorio”
Fue Comisionado ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ¿cómo fue su experiencia? ¿Cree que el organismo tiene un sesgo contra el gobierno venezolano?
Allí estuve cuatro años y nunca uniformo con la misma etiqueta. Hubo personas de la mayor calidad científica y técnica y de compromiso con los derechos humanos. Sir Clare Kamau Roberts de Antigua y Barbuda es un ejemplo. Hubo otras personas que convirtieron los derechos humanos en un negocio jurídico para obtener beneficios, en medio de las situaciones muy dramáticas que se pudieron haber vivido en Perú o en Argentina, en Estados Unidos, en Canadá o en México o en Venezuela. Igualmente la Corte tiene su sede en Costa Rica. Litigué ante la Corte, me tocó defender a Lori Berenson junto con Ramsey Clark, procurador de los Estados Unidos, un abogado brillante. Me tocó poner en cuestión al gobierno de Fujimori y al grupo Colina, que era un grupo parapolicial que realizaba torturas indiscriminadas y causó la muerte de muchos niños y jóvenes que eran calificados de ser de Sendero Luminoso. Fue una gran experiencia. Creo profundamente en los postulados esenciales de los derechos humanos y no dejo de reconocer que hay personas que sí tienen un sesgo contra Venezuela y hay otras que ven a Venezuela como es, muy fundados, y no podría cuestionarlos.
Con esa experiencia en ese organismo internacional, ¿qué opina sobre la actuación de Luis Almagro al levantar el informe para aplicar la Carta Democrática a Venezuela? ¿Están las condiciones dadas para aplicarla o es injerencista?
Si le preguntamos a cualquier venezolano, dificulto conseguir a alguno que haya leído la Carta, pero si les preguntamos qué opinan, 100 de 100 opinarían. Yo invito a los venezolanos a leer la Carta Democrática, que tuvo su nacimiento en el año 2001. La Carta tiene la particularidad de que no define la democracia sino que plantea bajo qué condiciones la democracia no puede existir. Y señala que la democracia no puede existir cuando hay pobreza extrema, cuando hay pobreza crítica, cuando hay carencias esenciales en materia de educación, carencias esenciales en materia de salud. Solo cuando hay buena vida, buena salud, buena alimentación es posible que la democracia pueda existir. La Carta Democrática no tiene un régimen sancionatorio, como sí lo establece la Carta de las Naciones Unidas, que cuando se activa invoca la presencia de los cascos azules para impedir acciones de conflicto que puedan significar la muerte de grupos. La Carta Democrática no puede adelantar ninguna acción si antes no se agotan las instancias diplomáticas. En segundo lugar, se nombra un buen oficiante para intercambiar entre los grupos que conforman el tablero político de una república y cuando ambas cosas han fallado y ha fallado tanto el Consejo Permanente de la OEA como la Asamblea General, es que pudiera activarse una expulsión de la república de la Asamblea General, del Consejo Permanente de la OEA, de los organismos especializados, de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y otros órganos.
