El Gobierno pretende perpetuarse en el poder mediante la fuerza
Oscar Battaglini
La iniciativa tomada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, de solicitar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela, le imprime otro giro a la crisis catastrófica que padece nuestro país. Es necesario decir que la incorporación de ese nuevo elemento al contenido de dicha crisis, le complica aún más el cuadro político general al régimen madurista, por cuanto no sólo se ve enfrentado internamente a una oposición decididamente respaldada por la inmensa mayoría de los venezolanos, como quedó contundentemente demostrado en las parlamentarias del 6D, sino que ahora tiene que vérselas con una opinión internacional que ha terminado poniendo la crisis en el foco de sus preocupaciones e interés político. En esta posición coinciden la OEA, la ONU, el Grupo de los 7, la Unión Europea, Mercosur, y hasta los “parapetos” de política exterior creados por el chavismo en nuestra región (Alba, Unasur, Celac, Petrocaribe) con la chequera petrolera venezolana.
Ocurre que cuando la situación interna de un país es sometida a la evaluación como la que ha comenzado a hacerse de Venezuela en materia de derechos humanos, violación de la Constitución, presos políticos, aberraciones institucionales como la manifiesta corrupción en la administración de justicia, represión policial y militar, etcétera, de por sí, ese país queda en entre dicho ante la comunidad internacional.
Lo que significa que a dicho país se le abre una especie de expediente en el que se irán registrando las verificaciones de los elementos o de las razones que dieron lugar a la evaluación en referencia. Esto hace que por muy sutil y cuidadoso que se pueda ser en el tratamiento de la situación interna de ese país, siempre quedará impreso en tal tratamiento (directa o indirectamente) un cuestionamiento de la situación evaluada y de quienes aparezcan como sus responsables. De ahí que no exista ninguna posibilidad de que el país evaluado pueda sacar como conclusión que de las declaraciones de los organismos evaluadores se derive algún resultado a favor de su posición. Por tal razón, cuando la representación diplomática chavista afirma que la declaración inicial del Consejo Permanente de la OEA sobre la situación venezolana constituye una victoria para sus intereses políticos, miente deliberada y flagrantemente. Esa representación sabe que eso no es verdad, pero lo declara porque está acostumbrada a mentir y porque necesita desesperadamente atribuirse una “victoria” que le dé algún aliento en medio del creciente aislamiento político al que se ve sometida como gobierno.
Una cuestión que evidencia muy claramente, tanto el estado de debilidad generalizado en el que se encuentra el chavismo, como el poco manejo que tiene en relación con la situación que se le ha planteado con el intento de la aplicación de la Carta Democrática por parte del Secretario General de la OEA, es la manera como nuestros representantes en esa organización multilateral se presentaron a la reunión del Consejo Permanente convocado para discutir la crisis venezolana.
Lo primero que llama la atención a este respecto, es que la representación venezolana a esa reunión, llegó a ella sin tener un manejo y un conocimiento cabal del contenido y sobre todo de la forma como los organizadores de la reunión pensaban abordar la discusión del tema en agenda. Por eso, para tratar de enmendar la falta garrafal, al representante venezolano, con el rabo entre las piernas, no le quedó más remedio que pedir un punto de orden con el cual se remendó la situación y se impidió que esta fuera aún más gravosa para los intereses del chavismo gubernamental. Al final, después de múltiples reuniones conciliatorias se llegó a una resolución del Consejo Permanente de la OEA, en la que, por donde quiera que se le mire, constituye una crítica velada de lo que está ocurriendo en Venezuela, y la exigencia de que se respeten los derechos humanos y el cumplimiento de los derechos democráticos contemplados en nuestra Constitución Nacional que el Gobierno madurista ha venido violando sistemáticamente.
Lo más sorprendente -y hasta vergonzoso- en todo esto es el hecho de que el chavismo oficial aparezca firmando la declaración de una organización de la cual, como se sabe, no se cansa de despotricar de la peor manera y que, además de no ser para nada favorable a sus intereses políticos, lo que hace en definitiva es constituirse en un factor legitimador de la OEA. Contradicciones del régimen.
Como ha dicho Almagro, lo que viene ahora es la discusión de la crisis venezolana en la Asamblea General de la OEA, sobre la base del informe de 130 páginas que él mismo consignara ante las representaciones de los países que la integran y que diera pie para su solicitud de activar la referida Carta Democrática en contra del Gobierno madurista.
Capítulo aparte en todo esto es el ocupado por la cínica e injerencista burocracia cubana en los asuntos venezolanos. Resulta sumamente chocante e intolerable por lo inmoral, ver a un déspota como Raúl Castro, arrogándose con la complicidad de quien aún ocupa la Presidencia de la República en nuestro país, el derecho a inmiscuirse y a decidir en cuestiones políticas que son de la exclusiva competencia de los venezolanos, como es el caso de lo que hoy se discute en la OEA, sobre la pavorosa crisis generalizada por la que en la actualidad atraviesa nuestro país. Ha dicho este repudiable personaje que la invocación de la activación de la Carta Democrática de la OEA, en contra del Gobierno autocrático y autoritario de Maduro, constituye una injerencia en los asuntos internos de Venezuela. Nótese que esto lo afirma un individuo que lleva años interviniendo descaradamente en la determinación de la política interna y externa de nuestro país, a nombre de la satrapía que él y su hermano erigieron en su martirizado país, y a nombre de la cual han ejercido el poder durante casi 60 años.
Conviene señalar que la injerencia que han practicado en Venezuela, ha funcionado como un canal para el saqueo, de petróleo, de dinero y para la concertación de numerosos convenios fraudulentos que les proporcionan igualmente ingentes beneficios económicos.
Aunque la resolución del Consejo Permanente de la OEA y de los demás organismos internacionales que se han pronunciado sobre el caso venezolano, coinciden en llamar al diálogo para tratar de superar la crisis en desarrollo sobre la base del respeto de los derechos humanos y el fiel cumplimiento de los derechos democráticos contenidos en la Constitución Nacional, esto sin embargo se ve obstruido por la conducta de un Gobierno que se ha apartado completamente de esos referentes y que pretende perpetuarse en el poder mediante la fuerza. Ante tal situación le corresponde a la inmensa mayoría de los venezolanos, tomar en sus manos la problemática planteada y darle una solución semejante a la del 6D.
