“El discurso viejo del socialismo, el discurso viejo del desarrollo social, del progreso clásico entra en crisis a la luz del nuevo paradigma de la sustentabilidad”, explica el doctor en derecho político y ambiental Alexander Luzardo
Andreína García Reina
Las luchas por la preservación del ambiente de Alexander Luzardo, exsenador y autor de las normas ambientales de la actual Constitución, son de larga data. El doctor en derecho político y ambiental se opuso en 1997 al desarrollo minero que se pretendía realizar en la Reserva Forestal de Imataca y más tarde, en 2012, denunció en el rotativo “Tal Cual” que promover la minería en La Paragua, Imataca, El Caura, La Sierra de Perijá y otras áreas bajo régimen de administración especial significa “un desastre ecológico que el país no puede permitir en nombre de un populismo minero que viola los derechos ambientales constitucionales”.
El Plan de la Patria se cayó con los precios del petróleo
¿Considera que el decreto del Arco Minero atenta contra el Plan de la Patria, específicamente contra el último punto que tiene como objetivo garantizar el desarrollo sustentable de la humanidad?
—En primer lugar, es impropia la denominación. El término correcto es Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y sería como el número 12. Plan de la Patria es una denominación propagandística. El llamado Plan de la Patria es un plan extractivista, rentista, es el padre del Arco Minero. Su concepción está allí porque las tres palabras que más se repiten en él son petróleo, minería y carbón. Dice además en el objetivo número tres que Venezuela debe ser transformada en una megapotencia energética, petrolera. Dice entre otras cosas “desarrollar la capacidad de producción del país en línea con las inmensas reservas de hidrocarburos bajo el principio de explotación nacional”. Pero se cayeron los precios del petróleo y se les cayó el Plan de la Patria y se cayó la ilusión rentista.
Para el expresidente de la Comisión de Ambiente del Senado, el Arco Minero atenta contra la visión estratégica del país porque va contra las últimas reservas de agua dulce y potable de Venezuela y afectaría significativamente la producción de la energía eléctrica del país.
Tras la aprobación en la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, de un Acuerdo para desconocer el decreto 2.248 —que creó el Arco Minero— y ratificar los decretos anteriores que protegen áreas de especial importancia ecológica, Luzardo destaca que el debate ambiental “ha demostrado que muchos se pervirtieron, no solo económicamente sino éticamente”.
En términos legales, ¿cuál es la diferencia de actuación entre el recurso de nulidad que se introdujo ante la Sala Político Social del Tribunal Supremo de Justicia y el acuerdo que aprobó la Asamblea Nacional recientemente?
Son de naturalezas distintas. Sin embrago, la única vez que procedió un recurso de nulidad con una medida cautelar fue en el año 1997, contra el decreto 1.850, durante la presidencia de Caldera, que se llamó plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la Reserva Forestal de Imataca. Destinaba 38% de la reserva forestal para la actividad minera. Fui encabezando un gran movimiento nacional con apoyo de los medios, de los sectores del movimiento ambiental, profesionales. El Congreso apoyó esa lucha, las comisiones de ambiente, incluso el fiscal de la época, Iván Darío Vargas, y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa, que además nos dio una audiencia privada. Con esa medida el decreto fue paralizado y feneció técnicamente. Eso generó debate nacional sobre la sustentabilidad. El decreto de la Reserva Forestal de Imataca tenía unas 3.800.000 hectáreas, el del Arco Minero es una cinco veces el decreto de Imataca. En ese entonces, el candidato a la presidencia Hugo Chávez dijo que iba a derogar ese decreto, pero no lo hizo sino que le cambió el nombre y ahora es el decreto 3.110, vigente desde 2004. Es importante tener presente que la cuenca del Caroní sería sacrificada. Allí están El Guri, Macagua I, Macagua II y Macagua III y parte de la Reserva Forestal del Caura y el Monumento Natural Cerro Grande, que es un tepuy y todos están protegidos todos por distintas figuras. De tal manera, que el primer error es una impropia denominación del llamado Arco Minero. Yo lo he llamado “El Arca de Noé”. No es solamente un arco, es un reservorio de biodiversidad, de recursos hídricos, de riqueza biológica, ecológica fundamental en Venezuela. Ese Arco Minero está sobre las últimas reservas de agua dulce del país. El acuerdo que se aprobó en la Asamblea es muy importante, es casi un decreto.
¿Qué impacto ambiental tendría el desarrollo minero en la zona?
Ese Arco Minero va a impactar sobre todo el sur de Venezuela. Es biodiversidad, es agua. Allí están en la cuenca del Caroní Icabarú, La Paragua, El Caura, que tiene más de 5.000.000 hectáreas y El Caura unas 3.800.000. Todo esto sería arrasado por la minería y además por una avalancha minera trasnacional internacional viniendo de Brasil. Por eso hablamos de que si el Gobierno, su gabinete y la Fuerza Armada no actúan, se convierte en un gobierno garimpeiro.
El Orinoco queda aplastado entre la Faja Petrolífera contaminante y ahora una faja minera. Se repite aquí una historia peor que la del Lago de Maracaibo, que se contaminó con petróleo y con contaminación de todo tipo. Aquí hay destrucción, es deforestación masiva, que generaría un impacto sobre toda la Amazonía, sobre todo el estado Bolívar y sobre el Delta del Orinoco. Y un proceso migratorio incontrolable, lo que llaman en los pueblos mineros una “bulla minera”: cuando descubren una mina nueva todo el mundo va para allá. Toda la línea del Orinoco se va a ver afectada. La Reserva Forestal de Imataca, que es más grande que Bélgica y Holanda, también se verá afectada. Cada vez que bajan los precios del petróleo aparece una salida providencial como esta.
Con la minería ilegal como está desbordada en la zona, ¿cuál es la magnitud del deterioro al ambiente?
Toda la minería, legal e ilegal, genera impactos ambientales. No hay minería buena y minería mala. Ni hay minería amigable, como decía un supuesto manifiesto. No, no hay ninguna minería buena, amigable ni ecológica, como también lo dijo el presidente Maduro en un adefesio ministerial llamado Ministerio del Desarrollo Minero Ecológico. Eso es antitético, contradictorio. En un bosque tropical y en la zonas frágiles como Guayana, no es posible compatibilizar una minería que supuestamente no produce daños irreversibles. Es como hablar de que es compatible con la vida tomar agua contaminada por mercurio.
“La ‘derecha’ terminó siendo más progresista en materia ambiental”
¿Qué opina sobre el argumento de “ordenar” la minería para minimizar el impacto al ambiente?
En mi archivo amplio sobre ese tema, puedo decir que ese es el mismo discursito de los mineros. Tengo declaraciones de ministros del año 1990 diciendo lo mismo, del año 1995 diciendo lo mismo, del año 1997 diciendo lo mismo. Que van a ordenar la minería, que el Estado lo hará. Por eso acuñé el 6 de junio de 1997, en una entrevista que me hizo Roberto Giusti, el término “extractivismo”, que es una práctica del Estado, asociado o no con empresas trasnacionales o locales, basada en el uso intensivo de recursos primarios escasos (minería o petróleo u otro recurso básico), con intensión fiscalista de resolución inmediata que produce daños irreversible a las aguas, deforestaciones de los bosques, liquidación de la base misma de recursos que no garantiza un rendimiento sustentable en el tiempo. Hablamos de que la minería no tiene posibilidad de sustentabilidad, la minería conduce a la destrucción del ambiente. Por eso el Estado venezolano tomó algunas decisiones desde 1961, cuando durante el gobierno de Betancourt se creó la Reserva Forestal de Imataca, y el Parque Nacional Canaima. Eran medidas sabias, o que por lo menos entendían que la preservación de estas áreas era fundamental incluso para la generación hidroeléctrica.
¿Se puede superar el rentismo petrolero con el Arco Minero?
Quieren cambiar un rentismo petróleo por un rentismo minero. El rentismo es una enfermedad de la élite política y económica que ha permeado a gran parte de la sociedad, todo el mundo cree que son salidas providenciales, rápidas, que no son producto del trabajo. El decreto también tiene otra cosa que alimenta en el imaginario social que todas las cosas van a ser fáciles, que bajó el precio del petróleo, pero ahora tenemos la mina. Es lo que decía Uslar en su famoso artículo “La siembra del petróleo” sobre el carácter destructivo de la mina. Todo el proyecto minero es un proyecto político de salir aparentemente de los problemas de forma inmediata sin construir la sustentabilidad, que se construye con trabajo, con educación, con preparación. Ahorrando para la época de las vacas flacas. Lo contradictorio es que en nombre de una lucha contra un supuesto rentismo los ministros, hasta el propio vicepresidente, hayan viajado a África a vender la biodiversidad del país. Es realmente lamentable porque muchos de los que son ministros hoy, el presidente del BCV, el funcionario Khan, se haya ido a vender el futuro del país. El caso de Aristóbulo Istúriz recuerda a aquellos libros de la teoría de la descolonización, en el que el colonizado iba a ofrecer el territorio de su propio pueblo, a vender a su propio pueblo. A Istúriz solo le falta que vaya a vender Barlovento, porque si fue a vender Guayana al mejor postor…
¿Es imposible que haya un desarrollo sustentable extrayendo materias primas del subsuelo venezolano?
No existe una minería ecológica y menos en un bosque tropical en zonas como en La Guayana y La Amazonía. Por eso el Estado venezolano tomó una decisión en el año 61 de someter a 75% del estado Bolívar bajo distintas figuras de régimen de protección.
“Ordenar” la minería ilegal para minimizar su impacto es el mismo argumento y discurso de ministros “mineros” desde los años 90
Si por los momentos Venezuela solo tiene materias primas para explotar como modelo económico, ¿de qué manera puede llevarse desarrollo económico y bienestar social a esa área, que si bien tiene las únicas reservas de agua del país también tiene a una población sumida a la pobreza y sin acceso al agua potable?
Hay una opción que es un turismo organizado, responsable, ecológico. Hay países del mundo que viven del turismo. Es posible hacer un turismo responsable, no solo de hoteles, que tampoco se niega en los casos que proceda. Hablo de un turismo basado en nuestros potenciales en biodiversidad. Podemos tener una organización turística nacional de verdad, con participación y asesoría de las mejores experiencias del mundo en la materia. Sin duda tener agua es fundamental para una agricultura sustentable. Si no hay agua no hay ninguna posibilidad, ni siquiera planeta Tierra. El sur del país es una fábrica natural de agua que debemos preservar a toda costa. Lo que sí está claro es que hay una vieja noción que nos ha llevado a cometer muchos errores, que vienen de la vieja teoría de la colonización y también de algunas escuelas militares viejas como las de Brasil y Argentina que hablaban de los “espacios vacíos”. Esta idea la tenía el propio Chávez en su formación en las escuela militares y lo dijo en el 2007 en el Teatro Teresa Carreño cuando impulsaba la reforma constitucional. El viejo desarrollismo militarista exponía que todos los espacios vacíos debían ser desarrollados y urbanizados y por eso la Amazonía, un espacio vacío, tenía que ser desarrollado y ser un granero para el país. Desde los 60 se ha ido imponiendo una nueva visión que expone que esos son espacios muy ricos en biodiversidad pero con suelos muy pobres, en donde prevalece un modelo de agricultura local. Poco a poco el Estado fue entendiendo que debía proteger las reservas de agua y fue creando zonas protegidas. Pero había un modelo contradictorio porque se promovía la minería y al mismo tiempo las reservas de agua. Porque el modelo de la minería entra en contradicción con la preservación de las cuencas. Si promueves la minería no hay Guri, no hay cuenca del Caroní si no hay Parque Nacional Canaima y esa fue una visión de esa generación más ilustrada. Nuestros recursos naturales son una bendición y en medio de esta crisis yo hago una analogía con el caso de una familia en crisis: el presidente Maduro quiere vender el tetero y la leche del niño. Es recurrir a cualquier cosa para tratar de pagar la deuda.
En términos pragmáticos y conociendo todo lo que ha ocurrido entre el TSJ y la Asamblea, ¿de qué manera se puede evitar que el Ejecutivo desarrolle el Arco Minero si ya hay un ministerio, un ministro, seis inversionistas importantes?
Lo primero que queda claro es que era posible proceder por la vía de la Asamblea. Todos lo movimientos deben reconocer que se produjo la decisión. Esto va más allá de lo que se pudo haber planteado judicialmente y respeta todo el ordenamiento jurídico. En primer lugar, debe ser asumido por todos los movimientos sociales y los políticos y los ciudadanos porque si no hay una defensa de las conquistas históricas de los venezolanos, por supuesto cualquier interpretación regresiva de los derechos jurídicos puede existir. En el caso de los derechos ambientales, en el caso de los jurídicos, hay gente que renuncia a sus derechos y traiciona sus conquistas. Hay gente que firmó contra el decreto de Imataca de 1985 y hoy firma el decreto ecosida. Me refiero a varios de los ministros que nos acompañaron, firmaron, nos apoyaron en la lucha contra otros decretos mineros y ahora firman un decreto hiperminero. Todos los procesos sociales no pueden ser judicializados, es un error de las luchas judicializar los procesos. Es posible que no lo acaten, hay una inestabilidad institucional en el país y eso hay que tomarlo en cuenta. Lo que llamaban “derecha” terminó siendo más progresista en materia ambiental y los que se llamaban de “izquierda” terminaron siendo más retrógrados. Hay un problema de integridad ética y moral, pero no podemos hablar de que el pragmatismo sea degradarse. Lo que el debate ambiental ha demostrado es que muchos se pervirtieron, no solo económicamente sino éticamente. No le pueden hablar a sus hijos, no le pueden hablar a sus nietos. No puede ser que la gente renuncie a todo. No es un cambio, es la degradación ambiental, es la degradación ética y moral de la República. No se puede sustituir un rentismo petrolero por un rentismo minero, que es peor.
