El artículo 68 de la Constitución es el que más ha sido violentado por la burocracia, habiéndose llegado al extremo de prohibir las manifestaciones, al menos así ocurre en la ciudad de Caracas
Oscar Battaglini
A lo largo de la existencia del régimen chavista ha existido siempre una gran tensión entre lo pautado por la Constitución de 1999, y lo que de ella se cumple en materia de derechos políticos en la realidad.
En este terreno dicho régimen también está en mora con nuestra sociedad. Así lo ha determinado el carácter autocrático y caudillesco que ha privado en el manejo de los poderes públicos en Venezuela durante más de tres lustros.
Aquí, por término medio, no ha regido el fiel cumplimiento de aquellos derechos sino la voluntad omnímoda del gobernante; es decir, primero de Chávez y ahora de Maduro.
Esto a hecho que el chavismo-madurismo haya gobernado al margen de la Constitución y las leyes de la República.
En ese sentido puede afirmarse que la actual Constitución ha sido convertida por ambos gobernantes en un instrumento jurídico-legal que se utiliza acomodaticiamente para violentar el cumplimiento de los derechos políticos en ella contenidos.
Se percibe en esta actitud, una permanente intencionalidad obstruccionista, que sistemáticamente impide la cabal realización de esos derechos, mientras la Constitución establece (Art.62) que: “Todos los ciudadanos tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos directamente o por medio de sus representantes elegidos”.
En la práctica esa disposición ha venido siendo negada autoritaria y sistemáticamente por el funcionariado (civil o militar) a cargo de velar por la seguridad del Estado y/o con autoridad en materia de la gobernabilidad de la nación venezolana.
Por un lado se le niega este derecho a la ciudadanía, pero se le concede a los militares que por lo demás tienen la prohibición constitucional de participar activamente en la vida política nacional (Art. 330): Los, o las integrantes de la Fuerza Armada Nacional en situación de actividad… no les está permitido optar a cargo de elección popular, ni participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político, como en el caso del capitán Diosdado Cabello, que ya tiene varios años ocupando ilegalmente los cargos de diputado y anteriormente el de presidente de la Asamblea Nacional, o el caso del general y ministro de la Defensa Vladimir Padrino López, quien no pierde oportunidad para hacer proselitismo gobiernero y ha tenido el tupé de decir que en Venezuela “el único proyecto posible es el chavista… el único viable y factible”.
Lo que equivale a decir que el único proyecto posible en nuestro país, el único viable y factible, es un proyecto militarista, autoritario y hegemónico.
Otro tanto ocurre con los derechos electorales de la ciudadanía (Art.64) que con mucha frecuencia han sido utilizados no para favorecer, incentivar y mejorar la participación ciudadana en los procesos electorales, sino para entorpecer esa participación y en muchos casos para inhabilitar adversarios políticos.
Igual cosa ocurre con el derecho de manifestación política (Art.68) donde constitucionalmente se reconoce el derecho que tienen los ciudadanos “a manifestar pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establece la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.
Éste, podría afirmarse, es el artículo de la Constitución que más ha sido violentado por la burocracia chavista, habiéndose llegado al extremo de prohibir las manifestaciones, al menos así ocurre en la ciudad de Caracas donde sólo tienen derecho a marchar los chavistas, puesto que su alcalde, que al mismo tiempo funge de jefe electoral del gobierno, ha prohibido las manifestaciones opositoras en su jurisdicción, simplemente porque a él le da la gana.
En este contexto se inscribe la psicología de la coacción y el miedo implícita en la resolución 08610, publicada en gaceta oficial el 27 de enero de 2.015, y aprobada por el ministro de la Defensa, General Vladimir Padrino López, mediante la cual se autoriza a los cuerpos represivos a usar armas de fuego para el control de protestas y manifestaciones pacíficas.
De esta manera queda en evidencia la clara intencionalidad del gobierno madurista de apelar a la represión física en grado sumo para contener las acciones de la sociedad que impliquen su remoción de la jefatura del Estado.
Lo que pone de manifiesto la determinación que tiene la burocracia chavista de permanecer en el poder al precio que sea.
Aunque, últimamente, viéndose sobrepasados por el clamor mayoritario del pueblo y las exigencias de los organismos internacionales, no les ha quedado más salida que la de permitir la abrumadora manifestación del pasado 1S, en reclamo precisamente, del ejercicio de otro derecho constitucional, como lo es el referendo revocatorio presidencial, torpedeado sistemáticamente desde el gobierno.
No sin antes desatar una cacería en contra de los dirigentes de la oposición.
Pero donde la violación de la Constitución y en particular de los derechos políticos de la sociedad, alcanza su máxima expresión, es en la serie de maniobras que el chavismo oficial viene poniendo en práctica con el propósito de burlar la aspiración popular de llevar a cabo el referendo revocatorio de acuerdo con el artículo 72 de la misma.
Este artículo establece que: “Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables”.
Lo escandaloso en este caso es que la ciudadanía que es la que lo convoca, ha cumplido con todos los requisitos de ley en ese sentido; pero ni aún así el CNE, que actúa en connivencia con el gobierno, se ha movido a adelantar las disposiciones político-administrativas que permitan su realización en el curso de este año, que es cuando cumpliría con la aspiración que propicia su convocatoria.
Por el contrario, su actitud ha sido la de actuar deliberadamente con la perversa intencionalidad obstruccionista de hacerlo fracasar mediante la puesta en práctica –como se ha dicho- de todo un conjunto de maniobras dilatorias.
Represión selectiva. Detención de dirigentes de la oposición. Allanamientos sin orden judicial.
Restricción del control parlamentario sobre el BCV y el presupuesto nacional. Ocultamiento de cifras oficiales. Supresión del control político sobre las declaratorias de los estados de excepción.
Anulación de las facultades de la AN para interpelar a los representantes de los demás poderes Judicial, Electoral y Ciudadano, así como a ministros e integrantes de la FAN, pero no conforme con esto Maduro, a través de su bufete en el TSJ, pretende despojar a los representantes de los sectores populares, de la inmunidad que les confiere tal condición por vía constitucional (Art.5).
Mientras tanto no se investigan delitos de lesa patria tal como el desfalco a la nación de los 25 mil millones de dólares (denunciado por Jorge Giordani en su momento) entregados por Cadivi a empresas de maletín y allegados al gobierno.
Está claro que Maduro y su entorno tienen muchas razones para oponerse al referendo revocatorio y a cualquier otra forma de elección en la que tenga que contarse o medir sus fuerzas con sus adversarios de la oposición y el pueblo desencantado que una vez lo acompañó, porque sabe perfectamente -tal como quedó evidenciado en las elecciones parlamentarias del 6D-, que sus posibilidades están sumamente disminuidas y que esa tendencia no se ha detenido en el tiempo que va de ese evento a esta parte.
Sabe igualmente que el tiempo se le agota con el avance de los días y que ya no tiene ninguna forma de recuperarse de su actual situación, por eso trabaja afanosamente para impedir la realización del RR; con lo cual sólo consigue prolongar la agonía de su inminente caída.
Del mismo modo, le teme a la recolección del 20% de las firmas para la activación definitiva del RR, porque ambos eventos representan la confirmación del destino que le espera inexorablemente.
Pese a todo ello, los actores sociales interesados en su instauración, no han dado muestras de decaimiento en su determinación de llegar hasta donde sea necesario para darle un remate exitoso al propósito de revocar su nefasto mandato a Maduro, punto de partida para la liberación del país de la tragedia que nos ha sido impuesta por la barbarie chavista-madurista.
